Caso Sacaba: afirman que sacaron del expediente informe sobre disparos contra militares

El abogado Ramiro Cabrera señaló que los reportes de la Fiscalía sobre las inspecciones a los carros blindados dañados no figuran en el cuaderno de investigaciones.

 

La defensa de dos de los militares procesados en el caso Huayllani informó que en el cuaderno de investigaciones no figuran los informes sobre las inspecciones técnicas oculares (ITO) que se realizaron a los vehículos militares blindados que resultaron dañados por disparos de arma de fuego durante los hechos violentos el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba. Los enfrentamientos entre cocaleros y las fuerzas del orden dejaron 10 civiles muertos.



“En el cuaderno de investigaciones, en 2019, se adjuntaron pericias realizadas a un vehículo blindado de la Fuerza Aérea y a otro del Ejército, en las que se determinaron de manera técnica que los dos vehículos fueron impactados con proyectiles de grueso calibre (…). Pero ahora recientemente evidenciamos que estas pericias no se encuentran actualmente en el cuaderno de investigaciones”, informó a Página Siete Digital el abogado Ramiro Cabrera, quien patrocina a dos de los efectivos de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) procesados en ese caso.

Cabrera explicó que las pericias e inspecciones se realizaron en 2019 y a inicios de 2021. “Inclusive en el informe decía que los proyectiles eran de calibre 7.62 y 7.65 que son de uso militar. Había también otros impactos producidos con balas de un calibre menor, de 22 milímetros de escopeta, y también se verificó que los vidrios blindados fueron dañados seriamente”, manifestó el abogado.

Militares disparan en el puente Hayllani / Foto: APG

El reporte de la Fiscalía dice que los vehículos continúan en las mismas condiciones, pero aún no se realizaron las pericias científicas sobre la trayectoria de los proyectiles.

Asimismo, pese a contar con los datos suficientes, hasta el momento los fiscales omiten la investigación de quienes atacaron a los militares y sólo hay avances de los procesos contra uniformados y políticos, explicó Cabrera.

El jurista también señaló que según el supuesto “principio de objetividad” que debe regir el trabajo de los fiscales, ellos tienen “la obligación” de adjuntar a los expedientes todos los documentos de la investigación.

Esos reportes —extraviados a la fecha— según Cabrera podrían modificar la teoría que maneja el Ministerio Público sobre la masacre en Huayllani y la “culpabilidad o inocencia” de los militares procesados.

También puede leer: GIEI sugiere reabrir 10 casos, la mayoría implica a afines al MAS

“Estos informes ya no nos permiten presumir, sino que demuestran de manera objetividad que los vehículos fueron atacados con armamento letal. Entonces, no se puede pensar que las personas que pretendían ingresar por el puente Huayllani estaban indefensas”, sostuvo Cabrera.

Informe militar de 2019

En noviembre de 2019, el encargado de Relaciones Públicas del Ejército, Jhoel Montaño, informó que el vehículo blindado ZF de esa fuerza, que fue utilizado el viernes 15 de noviembre en el enfrentamiento entre manifestantes del Trópico y los uniformados en la zona de Huayllani, tiene 12 disparos que fueron realizados “de manera certera”.

Montaño explicó que se verificó que los disparos se realizaron a un área reducida del motorizado, porque se tenía la intención de atentar contra la vida del piloto y copiloto. Sin embargo, debido a que el vehículo cuenta con vidrios blindados, las balas no ingresaron.

“Sin equivocarnos podemos decir que los disparos fueron realizados por personal capacitado y entrenado en el empleo de fusiles”, aseguró Montaño, según el reporte del diario Opinión.

El vocero militar agregó que el motorizado tiene una serie de raspaduras en la pintura de proyectiles letales y en ese momento aún se desconocía el calibre del arma que con el cual se había realizado los disparos, pero que peritos de la Policía eran los encargados de la investigación.

Militares y policías operaron en el puente Huayllani en 2019. Foto: AFP

Víctima declaró que marchistas le dispararon

El 3 de diciembre de 2019, el funcionario policial a cargo del caso Huayllani, dentro de los actuados investigativos, tomó la declaración de dos heridos por arma de fuego, quienes se encontraban internados en el hospital Viedma, publicó Los Tiempos.

El informe remitido al fiscal a cargo del caso, Richar Villaca, dice que en una entrevista realizada a Gonzalo Paco Pedro, éste habría declarado que le disparó uno de los manifestantes.

“Cuando me encontraba en la turba el 15 de noviembre en la zona de Huayllani resulté herido de bala, el disparo vino de parte de los manifestantes”, se lee en la declaración escrita. Paco tenía una herida con orificio de ingreso y salida en el abdomen.

Juan Carlos Gutiérrez Escobar, también herido, declaró que había recibido un impacto de proyectil de arma de fuego cuando se encontraba oculto detrás de unos escombros cerca del surtidor Huayllani.

Estas declaraciones fueron tomadas cuando el caso fue iniciado contra autor o autores por lesiones leves, graves y gravísimas.