Crisis de 2019: Anuncian procesos contra operadores de justicia que actuaron bajo presión política

Dos expertos del GIEI están en Sucre para presentar el informe. El Gobierno asegura que promoverá la reforma de todo el sistema judicial.

Mauricio Quiroz Terán 

 

Fuente: El Deber



El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, anunció procesos legales contra todos los operadores de justicia que se apartaron de la normativa vigente o actuaron bajo presión política en la investigación de los delitos derivados de la crisis de 2019.

Se trata de la primera señal que emitió este órgano del Estado tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció serias deficiencias y debilidades estructurales en la justicia.

“Los operadores de justicia que se apartaron de la Constitución y la norma, y actuaron a partir de presiones políticas o de otros intereses, deben rendir cuentas ante la ley. Este es el criterio del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó Torres.

El magistrado también anticipó que, si hubo operadores “que actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando derechos humanos y el debido proceso, deben ser investigados”. “Nadie está por encima de la ley ni la Constitución Política del Estado”, añadió.

Torres hizo estas declaraciones junto al ministro de Justicia, Iván Lima, en el marco de una conferencia de prensa conjunta. Ambas autoridades anunciaron que pondrán en marcha las recomendaciones del GIEI que apuntan a una reforma estructural de la justicia.

“El presidente Luis Arce me ha instruido que debemos reencauzar todas las acciones encaminadas a la reforma judicial junto con el Tribunal Supremo de Justicia”, y anticipó ajustes presupuestarios para lograr este propósito.

El GIEI subrayó en su informe que la falta de independencia de la administración de justicia cobra una dimensión más amplia en el ámbito penal. Señala problemas en la Fiscalía, el Poder Judicial y la debida diligencia.

Además, percibió que la detención preventiva es utilizada rutinariamente sin los requisitos legales y, en algunos casos, “como medio de coacción de personas para la incriminación de terceros”.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, anotó el documento.

El grupo de expertos destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. “El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.

“Es un informe integral y valdría la pena no contaminarlo con temas políticos o visiones estrictamente políticas. Creo que es un informe que puede servir al país en su conjunto para llegar a esclarecer varios hechos delictuosos e irregulares que se cometieron en ese periodo”, remarcó Torres ante esas recomendaciones.

El GIEI entregó el informe en Sucre y prevé reunirse con las autoridades judiciales del país, incluido el fiscal Juan Lanchipa, la autoridad que ha sido cuestionada por las víctimas de la crisis de 2019 por la lentitud en sus pesquisas y por la oposición que percibe una sumisión política.

“Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todo el reconocimiento de su calidad de víctimas”, señala el reporte.

“No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”, remarca la reflexión de los expertos.

Los expertos del GIEI Marlon Weichert y Magdalena Corra viajaron a Sucre para presentar el reporte a las autoridades judiciales del país. El resto estuvo en Senkata, donde se reunió con las víctimas de la masacre del 19 de noviembre de 2019