Fuente: paginasiete.bo
Gabriel Díez Lacunza / La Paz
La presidenta del Tribunal Agroambiental (TA), Elva Terceros Cuéllar, afirma que desde 2014 hasta la fecha hubo 508 demandas agroambientales y que 199 de esas llegaron hasta el Tribunal. En entrevista telefónica con Página Siete, informó que esa cifra, baja en apariencia, se debe a que en algunas situaciones los abogados desconocen la norma y proceden a denuncias o querellas directamente por la vía penal y no mediante la Ley contra el avasallamiento.
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Según el artículo Siete años de vigencia de la Ley 477 contra el tráfico de tierras, de Esteban Sanjinés, de la Fundación Tierra, hasta ahora esa ley se aplicó en algunos casos de avasallamientos de propiedades privadas medianas y empresariales. “En la mayoría de los casos, el proceso termina con el desalojo, sin que la causa prosiga en el ámbito penal para encarcelar a los avasalladores”, dice el investigador.
Sobre esta situación, la presidenta del TA afirma que una causa es el desconocimiento normativo por parte de quienes instauran los procesos. “Hay desconocimiento a pesar de que la Ley 477 contra el avasallamiento y el tráfico de tierras tiene siete años de vigencia y aún no se la conoce. Son dos procesos diferentes. Uno es el judicial llevado ante un juez agroambiental para desalojo por avasallamiento que concluye con una sentencia para desalojar a los avasalladores. Terminado ese proceso se debe iniciar otro para castigar penalmente a quien hubiera cometido el delito de avasallamiento”, refiere Terceros. Ambos están contemplados en la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013.
Aclara que los jueces agroambientales no tienen competencia penal, sino más bien de protección del derecho propietario, del derecho a la producción y convocatoria a la cultura de la paz y al uso adecuado de la tierra. Las sentencias agroambientales, en ese sentido, se enmarcan, por ejemplo, en el desalojo y la determinación del pago de daños y perjuicios.
La Ley 477 define al avasallamiento como “las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades, privadas, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales”.
¿Cuántos jueces hay?
Terceros explica que como jurisdicción agroambiental Bolivia está dividida en 63 espacios y que en teoría todos debieran estar ocupados por número igual de jueces agroambientales. Sin embargo, sólo hay 49 en ejercicio para los 63 juzgados.
“Un juez agroambiental, además de tener una sede que no es definitiva, tiene que hacer itinerancia. Es decir, que además tiene que tener subsedes normalmente en dos municipios más. Como estamos hablando de un área social se busca acercar más a la autoridad judicial al problema”, dice.
Sobre las razones por las cuales sólo hay 49 jueces actualmente —los cuales en su mayoría son provisorios y no de carrera— afirma que hay acefalías por la pandemia o por renuncias personales. “Estamos esperando que el Consejo de la Magistratura pueda convocar para llenar esas acefalías”.
Normativa en tierra
- Avasallamiento La Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras, del 30 de diciembre de 2013, contempla los procedimientos para el desalojo en casos de toma ilegal de predios privados o públicos y también estipula sanciones penales con hasta ocho años de cárcel.
- Comisión Una de las atribuciones de las comisiones agrarias departamentales (CAD) es efectuar el seguimiento en cada departamento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la propiedad agraria, según el artículo 16 de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
Fuente: paginasiete.bo