El contrabando fluye sin parar en Desaguadero; se habla de un acuerdo, las autoridades lo niegan

El alcalde de Desaguadero boliviano niega que exista un convenio, pero admite que no puede intervenir con la Policía porque temen “la crítica de la sociedad” y “la humillación”.

 



Fuente: paginasiete.bo

Ivone Juárez /  Desaguadero

El cierre de fronteras entre Perú y Bolivia por la pandemia del coronavirus continúa vigente, pero es martes, día de feria en el Desaguadero, que está a tres horas de la ciudad de La Paz por carretera. El paso fronterizo oficial, controlado en sus dos lados por las autoridades de ambos  países, continúa cerrado desde abril de 2019, nadie transita. Sólo se ve a dos mujeres en el lugar, hacen el cambio de bolivianos a soles; ocupan una especie de escritorios que ubicaron a unos 50 metros de las oficinas cerradas. Pero prácticamente nadie pasa.  ¿Qué hacen ahí? “Siempre pasa alguien”, responde cortante, casi molesta, una de ellas.

Avanzando unas cuadras hacía el río Desaguadero, el límite físico entre los dos países, en dirección al puente La Carroñera, su respuesta tiene sentido: cientos de personas, sorteando minibuses y pequeñas carretas metálicas jaladas por bicicletas, cargadas algunas con montañas de cajones y atados, hacen compras sin parar.

Cruzando el río está Desaguadero, del Perú, donde se ve la misma escena. La pandemia y las medidas de restricción en los pasos fronterizos no frenan el contrabando de productos peruanos a Bolivia.  Agentes policiales del lado boliviano , comerciantes y pobladores hablan de un acuerdo entre los poblados que están sobre la frontera de ambos países guiado por la “necesidad de la gente”. Las autoridades municipales del Desaguadero boliviano niegan esa posibilidad; sin embargo, admiten que no pueden realizar ningún control por temor a la reacción de la población.

“Las poblaciones acordaron abrir el comercio los martes y jueves hasta las 17:00, a esa hora se cierra todo”, afirma un efectivo policial que no quiere ser mencionado. Así justifica la falta de presencia policial en el lugar. Es de los escasos uniformados bolivianos que se ve por ahí. Hace algunos días se hizo cambios en el mando del puesto policial de la ciudad. Página Siete intentó conversar con el jefe policial asignado  pero no pudo encontrarlo.

La versión del uniformado es confirmada por pobladores que tienen sus negocios abiertos. “Se llegó a ese acuerdo porque nosotros vivimos del comercio, pero la verdad es que no ayudó mucho porque seguimos sin vender, peor les va a los que están en la otra cuadra; se benefician los que vienen de otros lugares, sobre todo de El Alto,  para llevar a las ciudades”, afirma una mujer que tiene su negocio a pasos de la plaza principal del pueblo.

El alcalde del Desagüadero, René Ticona Mamami, afirma que desconoce que exista ese acuerdo y aclara que asumió su gestión recién hace tres meses. “No tengo conocimiento de ese acuerdo, tal vez se lo hizo con el anterior alcalde que dejó el cargo hace tres meses. Nosotros como autoridad municipal no firmamos ningún acuerdo, ni convenio para la circulación de mercadería y el anterior alcalde, en la transición, no me dio a conocer la existencia de ningún convenio”, sostiene.

Consultado sobre si su autoridad puede ejercer algún control en el flujo abierto de contrabando que se da a cuadras de su despacho, por debajo del puente La Carroñera, señala que cuenta con las competencias, pero que no puede actuar para no recibir “críticas de la sociedad” y “humillaciones”.

“Como gobierno municipal  tenemos las competencias para hacer ese control en coordinación con la Policía, pero no podemos hacerlo porque recibimos críticas de la sociedad y humillaciones; la población pide que se reactive la economía, como ejecutivo municipal no lo podemos cortar al 100%,  pero siempre estamos precautelando lo que se está haciendo en Perú y Bolivia”, dice.

Ticona añade que a esto se suma la presión de comerciantes de El Alto, que lo acusan de “atajarse del Desaguadero”.

“Los comerciantes, nuestros hermanos de la ciudad de El Alto, todos ellos vienen a la feria y nos indican que en la ciudad de El Alto todo se está normalizando,  ante eso protestan y me dicen: ‘Por qué el gobierno municipal tanto se ataja del Desaguadero’. Por ese motivo, por no recibir críticas, también decidimos ir a tocar las puertas del Gobierno central, para que se abra la frontera”, indica la autoridad local.

Un hombre  lleva sobre los hombros unas sillas al lado boliviano.

Y el contrabando fluye...

Y en las calles aledañas a la Alcaldía del Desaguadero, donde el alcalde Ticona tiene su despacho,  el ingreso de la mercadería de contrabando de Perú no para. Hombres y mujeres vienen y van trayendo desde el lado peruano una gran cantidad de productos sin pagar ningún tributo ni cumplir control alguno. Todos parecen estar concentrados en sus intereses: vender, comprar, cargar los productos en las movilidades; pero de inmediato captan si alguien saca fotografías, aunque sea sólo con un teléfono celular. “¡Están sacando foto!; ¡No se saca fotos!”, se oye entre la gente.

A los lados de la calle, donde transeúntes y vehículos se pelean el paso, se ven pequeñas tiendas que se extienden hasta la acera con sus productos. Se trata de ropa, calzados, alimentos enlatados, lácteos,  embutidos, galletas, golosinas, bebidas alcohólicas, detergentes y otros insumos de limpieza personal, además de papel higiénico e incluso muebles, además de otros,  cuyos precios están en soles peruanos.

Calculando el cambio al boliviano, muchos de éstos tienen el mismo precio que en la ciudad de La Paz, pero cuando uno precisa que los quiere por docena o caja, recibe un breve asesoramiento de cómo obtener las mejores ganancias. Las personas que ofrecen los productos, algunas con calculadora en mano, otras sólo de memoria, hacen el cálculo de a cuánto se los puede vender por unidad y lanzan el precio. En algunos casos, se puede tener una ganancia de hasta más del 40%, según indican.

“Este todavía es el lado boliviano, hay que llegar al otro lado”, dice una persona mientras escucha  a uno de los vendedores . Entonces hay que seguir avanzando, las tiendas, los puestos callejeros y los compradores marcan el camino que termina en las orillas de un río de aguas verdes oscuras: es el Desaguadero, la frontera física entre Bolivia y Perú, debajo del puente La Carroñera. Estas orillas quedan al frente del puesto fronterizo legal,  donde nada circula por las medidas de restricción impuestas por ambos países por la pandemia.

En todo el trayecto desde el puente fronterizo oficial del lado boliviano hasta la orilla del río no se ve ni  un solo efectivo policial. Sí se ve a dos  hombres sentados en una de las partes altas del margen del afluente, observan todo lo que ocurre y lanzan en voz alta algunas palabras sueltas. Cuando se les pregunta algo, responden de igual manera o con frases que suenan incoherentes. Son “los loros”, están ahí  lanzando códigos de alerta para la gente que cruza el río haciendo contrabando.

Una mujer  espera para  cargar unos televisores en el minibús.

Sobre la corriente una especie flota desordenada de embarcaciones se mueve sin parar, llevan y traen gente de la orilla boliviana a la peruana. El transporte cuesta cinco bolivianos por persona y no toma más de dos minutos, en los que se tiene que cuidar de no dar señales de ser una persona “sospechosa”. Tomar una fotografía es la peor acción que es castigada de inmediato con reclamos y una sarta de códigos que suenan a amenazas. “¡No se saca fotos!”, “¡Cuidado con el pejerrey!”, se oye. Como el viaje es tan corto, no da tiempo para más, hay que desembarcar, pero las advertencias se siguen oyendo.

Apenas se desembarca en la orilla peruana, un enjambre de hombres se acerca con la finalidad de ofrecer transporte para recorrer las cuadras y más cuadras de todo tipo de productos que pueden ser ingresados a Bolivia sin ninguna  restricción.

Igual que en lado boliviano, la gente se mueve en medio de vehículos cargados al tope o rebalsando de productos,  viendo la oferta  de las tiendas y almacenes de bebidas alcohólicas, ropa, zapatos, lácteos, golosinas,  frutas, verduras, galletas, efectos de limpieza personal, detergentes e incluso medicamentos a soles peruanos.

En el Desaguadero del lado peruano se ve a uniformados a cada paso. Guardias municipales, de transporte y de la Policía patrullan las calles de la zona fronteriza, pero tampoco intervienen en los tratos comerciales que se tranzan a su alrededor.

Entre la inmensa cantidad y variedad de productos, donde en algunos lugares se oferta incluso televisores, muebles y  línea blanca, se encuentra hasta condimentos a granel: ají, orégano, comino, pimienta y jengibre, entre otros, que los compradores bolivianos ingresan al país por el sector del puente La Carroñera como contrabando. Ese puente es solo uno de los 30 pasos de mercadería ilegal que hace unos días una comisión de la Asamblea Legislativa identificó en el Desaguadero.

“Nos dicen que en  El Alto todo se normaliza,   protestan y me dicen: ‘Por qué el gobierno municipal se ataja del Desaguadero’”.

 René Ticona, alcalde del Desagüadero

3.000 MILLONES

de dólares son los que mueve el contrabando al año en Bolivia, según los empresarios  industriales.

El contrabando llega a 7% del PIB; el gobierno dice que trabaja

La Cámara Nacional de Industria (CNI) elaboró un estudio en el que alerta que el contrabando en Bolivia representa el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que demuestra su imparable crecimiento en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, en desmedro del aparato productivo formal. Los industriales estiman que este delito supera actualmente los 3.000 millones de dólares.

“El contrabando existió siempre, pero en los últimos años, principalmente en éste, exacerbado por la pandemia y el cierre de las fronteras, se ha multiplicado y hoy llega a los 3.000 millones de dólares”, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ivo Blasicevic, en la última reunión que representante de la  CNI sostuvieron la semana pasada con autoridades del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en el marco del acuerdo que suscribieron para fortalecer los mecanismos y gestiones de lucha contra el contrabando en Bolivia

De acuerdo a la CNI, este incremento de la importación ilegal de productos pone en riesgo alrededor de 600 mil empleos formales, mientras que el Estados deja de percibir al menos 336 millones en tributos que el contrabando evade.

En el caso específico de la importación ilegal que no para en zonas fronterizas como el Desagüadero, considerado contrabando hormiga, según los datos de los industriales,  superó los 1.000 millones de dólares.

El director de Lucha Contra el Contrabando, Bladimir Orellana, que estuvo presente en la reunión con los industriales, se refirió a la situación de la zona fronteriza con Perú y remarcó: “Estamos coordinando de manera más fluida con las Fuerzas Armadas ese aspecto, se fortaleció. Se creó en este sector (Desagüadero) el Comando Estratégico Agrícola, los productores agrícolas solicitaron que ese punto se fortalezca. Se creó el comando y vemos que tenemos resultados. Hemos incrementado el personal en el sector para obtener mejores resultados. Creemos que en el transcurso de las semanas o meses que se vienen tendremos más fortalecidos estos sectores”.

Fuente: paginasiete.bo