La autoridad realizó las aclaraciones ante versiones que desinforman a la población y demuestran un desconocimiento del contenido de la norma.
Fuente: ABI
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este martes que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo no modificará el Código de Procedimiento Penal, no levantará el secreto bancario, ni se realizará intervenciones a los teléfonos celulares con fines investigativos.
“La Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no modifica el Código de Procedimiento Penal ni el Código Penal”, explicó en conferencia de prensa.
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La autoridad realizó las aclaraciones ante versiones de algunos profesionales que se presentaron como especialistas en el área constitucional, quienes expresaron puntos de vista que desinforman a la población y demuestran un desconocimiento del contenido de la norma.
La ley tiene por objeto integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de esas actividades delictivas. Adicionalmente, dicha norma permitirá evitar sanciones por incumplimiento de instrucciones de los organismos internacionales en esa temática, a efectos de que Bolivia no pase a la lista gris.
Con relación a la intervención de las llamadas o escuchas telefónicas, aclaró que la ley no establece en ningún momento que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tenga atribuciones administrativas para utilizar ese método de interferencia a las comunicaciones.
“Las afirmaciones que han estado haciendo los constitucionalistas demuestran un desconocimiento de la ley, nos hace pensar que ni siquiera la revisaron. Expresamos nuestra preocupación por declaraciones que sólo buscan desinformar y movilizar a sectores sociales con mentiras, promoviendo un discurso de temor con base en argumentos falsos y descontextualizados”, enfatizó la viceministra.
En los próximos meses Bolivia será sometida a una evaluación internacional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para verificar la implementación de normativa y su eficacia en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Es importante que nosotros podamos tener una evaluación positiva y favorable para que seamos un país confiable para no tener ningún tipo de restricciones a las operaciones de comercio exterior, de giro y las operaciones de nuestras entidades financieras que trabajan con otros bancos en el exterior”, declaró Espinoza.
Agregó que, en caso de obtener una calificación negativa por parte de los organismos internacionales, se podrían establecer restricciones para el sistema financiero, mayores exigencias en transacciones financieras internacionales; se afectaría al sector empresarial y repercutiría en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser el envío de remesas, transferencias, giros internacionales y operaciones de comercio exterior.