Carlos Mesa afirmó que antes de un juicio de responsabilidades, el fiscal general de Bolivia debe renunciar, debido a que “es un operador político del presidente Luis Arce y el sistema de la Fiscalía está a su servicio”.
Carlos Quisbert / La Paz
Víctimas de los hechos de violencia en 2019 y legisladores pidieron la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, por incumplir el debido proceso con persecuciones políticas, tal como señala el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, anunció procesos contra operadores judiciales “cómplices” de irregularidades en aquel año.
“Los hechos que se están puntualizando en el informe del grupo de expertos no pueden quedar en la impunidad. Si hubo operadores de justicia que casi actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando derechos humanos y el debido proceso, deben ser investigados como cualquier otro ciudadano, nadie está por encima de la ley ni la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirmó ayer Torres en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia, Iván Lima.
En su informe, el GIEI concluyó que entre los problemas estructurales más graves está la falta de “independencia judicial, transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal”.
El documento de 471 páginas entregado al Gobierno el martes, establece que entre septiembre y diciembre de 2019 el Órgano Judicial “abusó” e incurrió en la persecución de adversarios políticos de los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez. Pero específicamente, “en su análisis (al trabajo y) las investigaciones de la Fiscalía, el GIEI documentó diversas violaciones del debido proceso, entre otras: la imputación de cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la presunción de inocencia; y el indebido ejercicio de presiones o incentivos para aceptar culpabilidad por los cargos”, concluye parte del texto.
Al respecto, el expresidente del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que debido al cuestionamiento al trabajo de la Fiscalía y los jueces se debe retomar la reforma judicial.
“Las autoridades que conducen los órganos del poder público, a mi juicio, deben encontrar el espacio para avanzar en una reforma judicial -que la vengo recomendando hace muchísimo tiempo- y también en la renovación de ciertas autoridades que han mostrado una actitud absolutamente contradictoria, como es el caso del fiscal general”, afirmó Rodríguez Veltzé en contacto con Página Siete.
“Tengo la certeza de que ninguna de las recomendaciones del GIEI, sobre los hechos en Sacaba, Senkata, Vila Vila o en mi caso, se va a cumplir mientras Lanchipa esté como fiscal general”, afirmó el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Franco Albarracín, cuya casa fue quemada por grupos afines al MAS, en noviembre de 2019, cuando éstos buscaban atentar contra la vida de su padre, el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
En ese contexto, el expresidente del Estado y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó ayer que previo a los juicios de responsabilidades contra Evo Morales y Jeanine Añez se deben cambiar a jueces y fiscales, además de la reforma judicial.
Consultado sobre si el fiscal Lanchipa debería renunciar, respondió: “Obviamente. El fiscal general del Estado (Lanchipa) es un operador político del presidente Luis Arce y el sistema de la Fiscalía está al servicio del Gobierno. Lo que muestra el informe de la GIEI es la evidencia, reiterada, de que no hay independencia de poderes”, sostuvo el expresidente.
Mesa manifestó que el gobierno de Arce debe mostrar un “interés real” para cumplir las recomendaciones del GIEI, y no solo utilizar el informe contra los adversarios políticos del MAS.
Contrario a ese criterio, el ministro Lima expresó que no se debe esperar la culminación de la reforma judicial para iniciar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Añez.
“Vamos a hacer una reforma inclusiva, con todos, pero no vamos a parar en este deseo del pueblo boliviano de justicia para todas las víctimas. No vamos a comenzar los juicios de responsabilidades ni los procesos de aquí a cinco años, cuando la justicia esté 100% transformada, vamos a hacerlo ahora”, señaló Lima en entrevista con Correo del Sur Radio.
La jornada de ayer, representantes del GIEI se reunieron con los representantes del Órgano Judicial en Sucre. Lanchipa no se pronunció sobre los pedidos de renuncia a su cargo. Luego del encuentro con los expertos, la autoridad garantizó que se trabajará para que los casos no queden en la impunidad y que se haga justicia.
“Vamos a implementar las recomendaciones que fueron presentadas en el informe del GIEI, y de inmediato, vamos ha conformar las comisiones necesarias (…). Inicialmente vamos a conformar una comisión extraordinaria de análisis para que, de manera prolija, se lleven adelante la revisión y la implementación de cada unas de las recomendaciones”, sostuvo Lanchipa el martes, luego de la entrega del informe en La Paz.
Proceso largo
- Víctimas El activista de derechos humanos, David Inca, colaborador de las familias de las víctimas de la masacre en Senkata, señaló que se analizó el pedido de renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, y se concluyó que el tema no es prioritario para ellos, debido a que el nombramiento de una nueva autoridad conlleva un proceso largo que se traduce en retardación de justicia.
- Presupuesto El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que se retomará la reforma judicial y de ser necesario incrementar el presupuesto para esa instancia.