Presidente de la Asamblea potosina niega haber estado en la emboscada a la caravana

Marcial Ayali del oficialista MAS, negó las versiones que lo acusan de haber participado en la emboscada a la caravana potosina en 2019. Según uno de los representantes de las víctimas de Vila Vila, Ayali fue denunciado, pero la Fiscalía no lo convocó a declarar. Desconfían de los actuados del Ministerio Público por su “sometimiento político” al gobierno de Luis Arce.

 

Acusan al presidente de la ALDP de haber estado en la emboscada a la caravana él niega tal extremo



Acusan al presidente de la ALDP de haber estado en la emboscada a la caravana y él niega tal extremo

“Nosotros nos sometemos a cualquier proceso que se venga, cualquier investigación”, dijo.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, negó las versiones que lo acusan de haber participado en la emboscada a la caravana potosina en 2019.

“Nosotros nos sometemos a cualquier proceso que se venga, cualquier investigación”, dijo.

Además, dijo que quienes lo acusan habrían participado al “ataque a la comunidad de Vila Vila”.

Dijo que el bloqueo de ese entonces era pacífico.

Víctimas de Vila Vila denuncian que presidente de la ALD Potosí participó activamente en la emboscada

Según uno de sus representantes, Ayali fue denunciado, pero la Fiscalía no lo convocó a declarar. Desconfían de los actuados del Ministerio Público por su “sometimiento político”.

Fuente: Página Siete Digital

Carlos Alberto Puita, representante de las víctimas de las emboscadas de Vila Vila y Playa Verde, denunció que el actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí, Marcial Ayali (MAS), participó de la emboscada en Vila Vila, donde según el informe GIEI se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros (en su momento) dimos pruebas, nombres, capturas de lo que algunas personas hablaron sobre la emboscada en Vila Vila y, un claro ejemplo, es el actual presidente de la ALD, el señor Marcial Ayali, a quien hemos presentado como parte de la emboscada en Vila Vila, puesto que nosotros lo hemos reconocido allá en Vila Vila y no se ha hecho nada en contra de este señor”.

Puita denunció, además, en entrevista con la radio Kollasuyo, que otros agresores «hoy gozan de buenos cargos en la Gobernación de Potosí»”.

Las víctimas fueron convocadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a una reunión este jueves para recibir las conclusiones de su investigación.

Los integrantes de las caravanas del sur — universitarios y cívicos de Chuquisaca y Potosí— y la caravana minera fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego, otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila. “Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual”, dice el informe GIEI respecto a estos sucesos, que quedaron en la impunidad.

“Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos”, que no solo participaron con personal y dieron apoyo logístico a quienes querían impedir el paso de ambas caravanas a La Paz, si no incluso accedieron y emplearon armas del uso privativo de fuerzas de seguridad, como gases antidisturbios o antimotines, y armas de fuego de largo alcance.

“Una vez que recibamos el informe, nosotros vamos a exigir esta vez a la señora Roxana Choque, quien es la fiscal departamental, que tenga que abrir sí o si el proceso a todas estas personas”.

“Como los señores de La Paz indican justicia (en referencia a víctimas de la masacre de Senkata), no estoy en contra de ellos, efectivamente ha habido asesinatos, ha muerto gente, pero también ha habido vulneración de derechos humanos con la caravana de Potosí, que hasta el día de hoy no se sabe quiénes son los responsables, no han logrado identificar, pese a que nosotros hemos mandado pruebas, videos, todo hemos mandado y que no haya ningún detenido, ningún seguimiento, deja mucho que decir de la justicia”, dijo indignado.

El tema volvió a la agenda pública tras conocerse que la Fiscalía, tanto la de Oruro como la de Potosí, cerró los casos sin encontrar culpables. Los testimonios de algunas de las víctimas revelan la negligencia con la que actuó el Ministerio Público en este caso.

Javier Gutiérrez, cooperativista minero, que estuvo en la segunda caravana, la que fue emboscada en Playa Verde, relató ayer que a las 03.00 del 10 de noviembre de 2019 llegaron a Challapata. Allí, los comunarios les informaron que los estaban esperando con armas de fuego.

“El temor era salir a esa hora, por ello decidimos quedarnos en Challapata, una vez amaneció partimos a La Paz, pero lamentablemente a los 10 kilómetros fuimos interceptados por armas de fuego. Hubo  cinco compañeros mineros heridos con disparos de armas de fuego, fuimos atacados, nos disparaban a quemarropa, las balas podían llegar a cualquier compañero, pero lamentablemente me llegaron a mí”.

“Lamentablemente —agregó en declaraciones a radio Fides Potosí— no fuimos convocados por la Fiscalía. Nos dijeron que era jurisdicción de Oruro, entonces como dependemos de la Fedecomin, dimos poder a un abogado en Oruro, él siguió el proceso, en ese tiempo estaban en la cárcel (los presuntos perpetradores), pero lamentablemente nos enteramos de que los había liberado”.

Indignación

“Estaba leyendo el informe final del GIEI, y ahora nos enteramos de que nuestros casos que estaban en la etapa de investigación, fueron cerrados. Eso indigna, como potosino, como minero, indigna, lamentamos cómo está actuando la justicia contra nosotros”, dijo Gutiérrez.

«Debería abrirse nuevamente este caso, porque había detenidos, había pruebas y hasta vídeos circulaban en las redes sobre cómo hicieron reuniones, se organizaron qaqachacas, laimes, que fueron apoyados por el gobierno municipal y departamental. No solamente es Senkata y Sacaba, también es Vila Vila».

Gutiérrez afirmó que se está invisibilizando lo sucedido en Vila Vila y Playa Verde. “No se habla nada de nosotros, ellos están minimizando, todo están sacando a favor de ellos. La justicia tiene que ser imparcial, ya no es nada creíbles los fiscales, solamente toman partido al lado del Gobierno”.

Santos Leandro, otro de los representante de las víctimas de Vila Vila, denunció ante la misma radioemisora potosina que: “ha habido una mala administración de la cosa pública, ha habido  un autoritarismo, un monopolio del poder político, de la justicia sometida hasta ahora, lamentablemente, no hay una justicia imparcial”.

“Comerciantes, mineros, incluidos muchos estudiantes de la (universidad pública) Tomás Frías y de la Domingo Savio, han estado en la primera caravana, la población debe recordar que hemos sufrido estos vejámenes, vulneraciones a nuestros derechos. Lo que ha pasado es represión de un grupo organizado que, lamentablemente,  disfrazándose como campesinos han intervenido la ‘Caravana de la Democracia’ que estaba rumbo en La Paz”.

Leandro dijo que las víctimas agotarán las instancias judiciales en Bolivia pese a su convencimiento de que “la  justicia  boliviana no va a hacer nada, porque está sometida a un poder político” y anticipó su disposición de llegar a instancias internacionales.

“Tiene que haber resarcimiento, porque aquellos hermanos que han facilitado sus buses de manera gratuita, ya que querían democracia, han sido saqueados, los buses han sido destrozados, hay  que resarcir a los transportistas y a aquellos que hemos sido sometidos a torturas con secuelas graves”.