El gobierno argentino alista ampliar la denuncia para aportar más pruebas contra exfuncionarios vinculados al envío de material antitumulto en noviembre de 2019 al gobierno de Áñez.
Un segundo juez argentino, Alejandro Catania, desestimó hacerse cargo de la causa abierta por el gobierno de Alberto Fernández contra el expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades por el envío a Bolivia “de material bélico” en 2019, a poco de que asumió el poder Jeanine Áñez.
Antes había tomado similar decisión el juez Javier López Biscayart. Mientras tanto el Gobierno de Buenos Aires trabaja en una ampliación de la denuncia para aportar nuevos elementos sobre la participación del exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el excanciller Jorge Faurie.
Según Página 12, López Biscayart debe resolver si reconsidera su decisión y retoma la investigación o si lleva la contienda a la Cámara en lo Penal Económico para que defina qué juez continúa con el expediente.
El caso fue descubierto cuando se conoció una carta de agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) al exembajador Normando Álvarez por el envío “de material bélico”. Eso dio pie a una investigación en Argentina que determinó que fueron enviados 70.000 cartuchos antitumulto de manera irregular.
Ese material llegó a Bolivia la madrugada del 13 de noviembre de 2019, a horas de que Áñez tomara el poder y a tres días de la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral –puestos en duda por diferentes informes periciales-, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.
De los 70.000 cartuchos enviados, junto a otro material que entró de forma regular, una parte fueron destinados a la Policía y se cree que el otro lote está en la FAB. El presidente Luis Arce destacó la cooperación de los mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer este caso.