Pasaron sólo 24 horas para que sobre los hombros de Cristobal Ábrego Áñez, detenido el viernes acusado de robo con una tarjeta de débito del Banco Unión con la que se habría sustraído más de 700 mil bolivianos, cayera una nueva imputación, esta vez por los delitos de organización criminal, extorsión y secuestro, por lo que deberá permanecer en detención preventiva por seis meses mientras se lo investiga.
Fuente: ATB Digital
El viernes, los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvieron a Ábrego Áñez como parte de una investigación sobre el citado robo. Según la investigación, Ábrego y sus cómplices consiguieron una tarjeta de débito clonada con la que comenzaron a sacar pequeñas sumas de dinero que cada vez se hicieron más grandes, pero una vez en las oficinas policiales de la calle Sucre, los agentes del orden se dieron cuenta que Ábrego también era buscado por otros delitos graves.
Uno de ellos es el caso que tiene que ver con la apropiación de la Red PAT durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, razón por la que ayer se presentó la citada nueva imputación contra este sujeto, por los delitos de organización criminal, secuestro y extorsión. En el documento que respalda la imputación además se menciona al abogado Luis Vásquez Villamor, al supuesto beneficiario de toda esa operación el empresario cruceño Abdala Daher, al supuesto administrador de sus negocios, Alfonso Justiniano, a un ciudadano de nombre Juan Gabriel Espejo Alave, al excomandante de la Policía, el coronel Iván Rojas del Carpio, hoy prófugo de la justicia boliviana, además de al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en EEUU, por lavado de dinero.
Resulta que pocas semanas antes del golpe de estado de noviembre de 2019, el detenido había presentado una denuncia contra ejecutivos de PAT y ATB por supuesto enriquecimiento ilícito. En esa oportunidad declaró que él era un exfuncionario de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y en esa calidad, había sido testigo de supuestas y varias irregularidades.
Y con tan solo esta denuncia, por lo demás nunca probada, los ministros del gabinete de Jeanine Añez: Arturo Murillo, Óscar Ortiz y Yerko Núñez acompañados además del empresario Abdala Daher se sumaron al caso. Esto motivó en 2019, el apresamiento ilegal del empresario televisivo Marcelo Hurtado y el exilio del periodista Jaime Iturri Salmón.
El sábado se le preguntó a Cristóbal Abrego sobre si alguna vez habría trabajado en PAT y su respuesta categórica fue no, además manifestó que no conocía a ningún trabajador, gerente o propietario de esa empresa, y aclaró expresamente que a Marcelo Hurtado “no lo conozco ni tengo una relación de amistad ni nada”. Eso mismo, según la imputación, se prueba en diferentes registros de aportes de las AFPs donde Ábrego no figura como aportante de PAT, así como en las declaraciones de los trabajadores del citado medio de comunicación que aseguran nunca haberlo visto.
En los próximos días Ábrego deberá aclarar cómo obtuvo las supuestas “pruebas” que presentó en su acusación contra Hurtado e Iturri, y cuáles los verdaderos móviles para que mintiera en sus declaraciones, lo que en sí mismo ya se constituye en delito.
En la mencionada imputación, que lleva la firma del fiscal de material y fechada el sábado 28 de agosto, se da cuenta que Ábrego y sus supuestos cómplices habrían incurrido en una serie de hechos incluyendo en el secuestro de dos personas con la ayuda de la policía, para presionar en la firma de documentos que otorguen la propiedad tanto de PAT a terceros, todo esto bajo la presión y las amenazas contra familiares de los apoderados de PAT, mismas que pasaron a los hechos cuando se secuestraron, con ayuda de efectivos policiales enviados por Iván Rojas a dos familiares de los apoderados de esa casa televisa de entonces.
En la demanda también se da cuenta que se sostuvieron reuniones en las que se habría presionado con amenazas físicas contra los apoderados y sus familiares y que se ejecutaron en las oficinas del abogado, exparlamentario del MIR y exministro de Jaime Paz Zamora, Luis Vásquez Villamor que actualmente también es parte de la investigación denominada “golpe de Estado”.
Hay que recordar que el exfiscal de Distrito Marco Antonio Cossio extorsionó a Marcelo Hurtado pidiéndole, supuestamente para Murillo, Ortiz y Núñez, las acciones de propiedad de ATB más un millón y medio de dólares, hecho que se prueba en una grabación ampliamente difundida en los medios de comunicación.
Por otra parte, existe en la investigación declaraciones de Alondra Janet Machicado Ibáñez en sentido de que el empresario Abdala Daher le hizo comunicar que le entregara la propiedad de PAT pues “ahora estaban ellos en el gobierno”, refiriéndose a sus amistades con el ejecutivo de Jeanine Añez.