El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara denunció este martes que el proceso de indemnización a la empresa chilena Quiborax está lleno de irregularidades por parte de la misma empresa y el gobierno de Evo Morales, el cual terminó pagando 42 millones de dólares a la firma extranjera.
El diputado Lara afirmó que existen un conjunto de irregularidades cometidas por la empresa chilena en 2015, entre las cuales se encuentran la falsificación de documentos constitutivos de la empresa, alteración en los manifiestos de la explotación, adulteración ante las autoridades de los ministerios, así como de los volúmenes de explotación y problemas con los trabajadores de la empresa en ese año.
“La información que está en el cuaderno de investigaciones dice que abogados chilenos, junto con funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría General, han fraguado documentos que le ha permitido a la empresa (Quiborax) iniciar el arbitraje y llegar al arreglo de los 42 millones de dólares”, aseveró Lara en el programa A Media Mañana, de Los Tiempos y Grupo Centro.
El diputado comentó que “yo no tengo dudas de que estos 42 millones han sido repartidos por altos mandos del gobierno de Morales y la empresa Quiborax”.
El año 2002 se denunció la explotación ilegal de minerales en el Salar de Uyuni por parte de Quiborax y otras empresas. Dos años más tarde, bajo el mandato de Carlos Mesa, se logró expulsión de esta empresa.
Sin embargo, en 2015, Quiborax inició un proceso de arbitraje ante la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que concluyó en una sentencia contra el Estado Boliviano en la que el gobierno de Morales pagó 42 millones de dólares en indemnización.
El pasado fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que Carlos Mesa deberá pagar los 42 millones de dólares que el Estado indemnizó a la empresa extranjera en 2015 porque fue él quien supuestamente habría iniciado el conflicto gracias a sus leyes y decretos.
Ante esto, Lara afirmó que “Comunidad Ciudadana no va a permitir este atropello que es típico de la conducta del gobierno, una judialización de la política”, por lo cual optarán por la investigación con organismos internacionales y con los mecanismos del lavado de dinero para saber qué ha pasado con esos 42 millones de dólares y “defender la verdad, la justicia, la ley y la transparencia que nos merecemos los bolivianos”, comentó.