Fuente: Página Siete Digital / La Paz

El Organismo de Participación y Control Social (Opcs) del municipio de La Paz se declaró este jueves en «estado de emergencia» por los enfrentamientos entre cocaleros y policías en los barrios de Villa Fátima y Villa El Carmen. En una comparecencia esta mañana, dieron un plazo de 48 horas para que el Gobierno dé una solución al conflicto.

«(Pedimos) que de una vez solucionen de manera pacífica este conflicto que tiene con Adepcoca. Estamos dando 48 horas al Ministro de Gobierno para que de una vez dé una pronta solución para estos dos sectores», expresó Hiram Levi, presidente de Control Social del municipio de La Paz, a los medios.

«Estamos solicitando que el Ministro de Gobierno instruya a la Policía Boliviana que no pueda reprimir ni utilizar agentes químicos porque está yendo contra la seguridad de todos los vecinos, de niños, de personas con discapacidad, de comerciantes que necesitan trabajar día a día y están siendo perjudicados».

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Los miembros del organismo se ofrecieron como mediadores entre las partes y advirtieron que, en caso de que el ministro Eduardo Del Castillo no atienda a sus demandas en el plazo establecido, tomarán nuevas medidas de presión, como el bloqueo de calles.

«¿Qué seguridad pueden decir cuando están amedrentando a los mismos vecinos que no tienen nada que ver en este conflicto? Al ciudadano, al peatón, al chofer, al gremial. (…) El Ministro de Gobierno tiene que ponerse a pensar si va a defender a un sector contraviniendo contra los vecinos y contra la seguridad», afirmó Levy.

«Ellos tienen que buscar la manera de pacificar a los dos sectores convocando a las instancias correspondientes. Nosotros, como Control Social, estamos predispuestos a ser entes intermediarios de conciliación».

Este miércoles se cumplió el décimo día de conflicto, en el que un grupo de manifestantes intentan retomar la sede de Adepcoca en Villa Fátima, arrebatada el pasado lunes a los seguidores de Armin Lluta. La Policía se encuentra en la zona, impidiendo el acceso a la sede, que actualmente se encuentra en poder de la facción de Arnold Alanes, dirigente reconocido por el Gobierno.