En los últimos dos meses, el Movimiento Al Socialismo (MAS) promovió la aprobación de al menos tres normas que conceden mayor control al Ejecutivo respecto a la investigación de ilícitos y el registro de empresas.

El MAS aplicó la mayoría absoluta con la que cuenta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De los 130 diputados, 75 representan a la bancada oficialista. En el Senado, el partido gobernante cuenta con 21 representantes de los 36 escaños existentes en esa cámara.

Con esa fuerza se aprobó el viernes por la madrugada el proyecto de ley 218/2020-2021, “contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”. La norma se suma a la “estrategia” que se puso en marcha en julio a través de otra normativa para el control de activos susceptibles de acciones vinculadas con el terrorismo y al lavado de dinero de ilícitos.

En ambos casos, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “se fortalece” con nuevas atribuciones para investigar por la vía penal el flujo de recursos de los ciudadanos que estén en la mira por respaldar a grupos considerados terroristas, una denominación “que resulta ambigua y poco precisa para poder clasificarla”, señaló el sociólogo Franco Gamboa, especialista en políticas públicas.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que la intención es unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la UIF, pero que estaban en otras normativas, en el marco de acuerdos internacionales firmados por Bolivia, como el caso de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), una entidad creada en 1989 en el marco de los acuerdos de G7, el grupo de países más ricos a escala global.

Montenegro señaló que Bolivia se adscribió a la iniciativa el año 2000 y adelantó que dentro de un año vendrá una comisión a verificar si esta base legal está en el marco de los estándares internacionales. “Nos estamos rigiendo en el marco de convenios. Estas normativas que estamos presentando aquí no tienen una intencionalidad subrepticia”, precisó en su exposición ante los diputados.

En cuanto a las figuras penales de persecución del terrorismo, un aspecto que fue observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Montenegro, aseguró que la intención del Gobierno es, precisamente, atender esas recomendaciones “conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales” en esta materia.

El GIEI, que investigó las vulneraciones a los derechos humanos por efecto de la crisis política de 2019, señaló que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. Una tendencia que observó este grupo de expertos en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019 fue el uso frecuente de las figuras penales de “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición al gobierno del presidente de entonces, Evo Morales.

Gamboa señaló, además, que regular la persecución del terrorismo resulta “extemporáneo”, porque esta normativa legal fue pensada para frenar el avance del fundamentalismo islámico expresado en grupos como Al Qaeda. En cuanto a la estrategia para evitar el lavado de activos, el especialista señaló que la UIF debe jugar “un papel técnico para neutralizar el avance de la corrupción”.

Para los opositores, el MAS ahora tiene una nueva herramienta de persecución que puede usarse de manera política, ahora en el escenario de la era de Luis Arce.

Entre otros aspectos, el proyecto plantea la apertura del secreto bancario. En criterio del diputado Edwin Bazán, de Creemos, esto deriva en el allanamiento de dominio privado sin notificación previa a las personas que sean consideradas sospechosas. “Primero lo meten preso y luego lo investigan, esos son los abusos y excesos del MAS”, afirmó.

Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) observaron que existe la tendencia del oficialismo a concentrar el poder de varias decisiones en el Gobierno, incluso por encima de otras entidades estatales. “Este proyecto es una suerte de súper ley ya que modifica delitos, incorpora tipos penales, recorta atribuciones judiciales y otorga facultades especiales al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y la Procuraduría, concentrando decisiones en el Órgano Ejecutivo, pero principalmente desconociendo la Constitución Política del Estado, Código Penal y Código Procesal penal”, afirmó el diputado Óscar Balderas, CC.

Ante estas observaciones el diputado Juan José Jáuregui (MAS) desafío a sus colegas de la oposición a probar la inconstitucionalidad de esta y otras leyes. “Hemos evidenciado la intención perversa de la oposición de rechazar cualquier proyecto de ley”, dijo.

Aseguró que la intención del MAS es respaldar la institucionalidad del Estado frente a la comunidad internacional y acusó a CC “de defender los indefendible, de ser defensora de criminales”, pues “esta ley sanciona a aquellos delitos que están vinculados a la legitimación de ganancias, que es un tipo penal relacionado con el narcotráfico y el tráfico de armas”.

En julio el Legislativo sancionó la “estrategia” para enfrentar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en medio de similares observaciones. La iniciativa establece regular la escucha telefónica que, por ahora, está reservada a pesquisas de narcotráfico.

Esta ley señala que la UIF “debe monitorear” todas las actividades que se enunciaron en la estrategia que, además institucionaliza el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas liderado por el Ministerio de Economía y secundada por las carteras de Gobierno, Defensa y Justicia, como así también de la Procuraduría General del Estado.

Estas “leyes prioritarias”, según hicieron notar los legisladores de la oposición, contrastan con la lentitud del oficialismo para tratar la designación del Defensor del Pueblo, una tarea que ya mereció una exhortación de la Sala Constitucional Primera de La Paz para que el vicepresidente David Choquehuanca viabilice el procedimiento en “plazos razonables”.

“Se ha hablado de forma informal en el legislativo, en todo caso el presidente de la Asamblea tendría que convocar una sesión plenaria para iniciar el proceso y elegir a la defensora o defensor del Pueblo. Vamos a esperar una convocatoria”, explicó el diputado Renán Cabezas (MAS), presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.

El 29 de septiembre la concesión de 20 años del registro de comercio de Fundempresa y el Gobierno tomará control de esa actividad a través de una ley.

La presidenta de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, informó que “se aprobó un proyecto de ley para crear una entidad estatal que esté bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo”, que promueve un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por la concesión supuestamente “irregular”.