Grupos armados amenazan a Guarayos, piden desarticularlos

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Los habitantes de la provincia Guarayos, en Santa Cruz, se encuentran en vilo por la presencia de grupos  armados que pretenden asentarse en tierras comunitarias y productivas ya tituladas. Un cabildo, en el que participaron varios sectores,  determinó dar al Gobierno 10 días para la desarticulación de estos movimientos de avasalladores, que en las anteriores semanas dejaron varios heridos por bala y machetes.

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“Estamos en una situación muy grave, hay mucha tensión. Los avasallamientos se están dando en varios puntos, no son solo los que se ven en las noticias. Nos afecta porque atenta contra nuestra casa grande y los que habitamos en ella. Estamos en la búsqueda de pruebas para identificar quiénes son los que forman parte de estos grupos violentos”, señala la presidenta de la Central de Mujeres Indígenas Guarayas Regional (Cemig-R), Marcelina Arinonga Guipi.

El sábado 11 de septiembre, un contingente de 150 efectivos policiales fueron emboscados mientras realizaban el desalojo de un asentamiento ilegal en la propiedad El Encanto. Hubo tres heridos de balines y machetes. Se quemó una casa y  vehículos.

Menos de una semana después, este grupo irrumpió nuevamente en los predios y con armas de fuego amenazaron a los propietarios y trabajadores para que abandonen el lugar.

Apenas se denunciaba este hecho, cuando el 18 de septiembre se produjo un  nuevo  enfrentamiento en predios ya titulados, ubicados en  San Julián, en el límite  con el municipio El Puente de la provincia  Guarayos. Según el reporte policial, el dueño  (Juan Montaño) -junto a   trabajadores y comunarios del lugar-  fueron atacados con machetes y  armas de fuego. Montaño recibió tres impactos de bala.

Pero como dice Arinonga, estos dos casos son solo dos de los tantos que no se denuncian.

“Ya no se trata solo de asentamientos, sino de milicias armadas que deben ser desarticuladas y sancionadas. Estas personas  que con balaceras  pretenden tomar tierras   por la fuerza no son del lugar. En 200 años de existencia no  vivimos actos de violencia de esta magnitud”, dice el presidente del Comité Cívico de Guarayos, Salvador Vaca.

Ante los recientes hechos, la Defensoría del Pueblo reprochó la portación de armas de fuego por parte de civiles e instó al Ministerio Público a investigar, identificar y sancionar a los agresores que también tenían  machetes y palos. Pidió al Estado  intervenir en la prevención de estos conflictos y resguardar la propiedad privada y pública.

¿Quiénes forman estos grupos? 

“Son una organización criminal. Utilizan entidades del Estado para legalizar avasallamientos en  áreas protegidas, propiedades privadas  y tierras fiscales con un fin netamente político. Se acarrea indígenas de tierras altas con  fines geopolíticos, para tener  presencia electoral afín al MAS”, manifiesta  la diputada de Creemos María René Álvarez.

El 13 de septiembre, la legisladora  envió una petición de informe escrito al ministro de Gobierno  para que esclarezca lo ocurrido en Guarayos; hechos  en los que -a su parecer, el de las víctimas y de los comunarios-  los grupos armados son parte de los   Interculturales, o por lo menos, así se identifican.

“Ya en 2017, identificamos que el problema se da por traficantes de tierras que se incrustan  en supuestas  organizaciones sociales. No podemos asegurar que son o no  masistas, pero ellos lo manifiestan así en  sus bloqueos y tomas. Dicen que están con el proceso de cambio,  que son parte de sus organizaciones (Interculturales y la Central de Campesinos) y que están apoyados por el Gobierno. No sabemos si realmente son del MAS y si es una orden del Gobierno para que  ataquen a los indígenas  y se apoderen de la tierra”, sostiene Vaca.

“No somos nosotros”, responde el máximo  dirigente de los Interculturales, Esteban Alavi. Dice que son acusaciones que  deben investigarse.

“No tenemos afiliados en las zonas de conflictos en Guarayos. Tenemos algunos en el municipio El Puente, estamos lejos,  no somos  parte de estos grupos violentos y armados. Las autoridades deben investigar para saber quiénes son”, enfatiza.

Preocupados por su seguridad, los indígenas señalan que tampoco tienen  pruebas de quiénes son los que realizan estos avasallamientos en los diferentes puntos de la TCO (Tierras Comunitarias de Origen), algo que consideran primordial para ponerle un alto. “Estamos en ese trabajo, pero tampoco tenemos mucha ayuda. Además,   en el caso de las sobreposiciones el INRA no quiere transparentar, ni decirnos   a quiénes se les dio los permisos o títulos”, dice Arinonga.

La senadora de Creemos Centa Reck afirma que es el INRA el que está protegiendo a los avasalladores,  dejando en la desprotección a los nativos. “Los avasalladores vienen armados, cercan los predios, espían    a los propietarios y disparan a matar”.

Años a merced de  traficantes

 Arinonga sostiene que el problema es antiguo y no hay avances en su solución, al contrario, este crece. Las primeras denuncias que llegaron a la prensa datan de 2005 y se van haciendo más frecuentes entre 2013 y  2017, cuando se destapó varios casos de   tráfico de tierras que involucraban a los dirigentes.

“El problema partió de los dirigentes  de la Copnag (Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos encargada de administrar la TCO) de entonces. Ellos no han luchado porque las titulaciones sean primero para los indígenas de estas tierras. Lamentablemente, fueron quienes   desde 2013 han  avasallado y negociado nuestras tierras y ahora tenemos peleas en estos puntos”, afirma.

Ante el problema, en 2017 se realizó una asamblea extraordinaria en defensa del territorio  de la TCO Guarayos. Identificaron varios asentamientos irregulares dentro su territorio, estaban  conformados por terceros que no eran nativos del lugar. El aval les fue dado  por el entonces dirigente Eladio Uraeza, sin consultar a los pueblos guarayos y amparado en un convenio firmado con la regional de la  Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc-RG).

Los asentamientos estaban dentro de la TCO, en tierras fiscales aledañas al territorio, dentro de la superficie contemplada para el manejo forestal, la reserva Guarayos y un área protegida con humedales.

Con todos los antecedentes y tras elegir un nuevo presidente para la Copnag, se decidió emitir un voto resolutivo. Este  ordenaba anular todas las resoluciones de asentamientos ilegales   anteriores a la nueva gestión que se realizaron sin previa consulta, ni aprobación de la Gran Asamblea del Pueblo Guarayo. Se autorizó a la nueva Copnag a emprender las gestiones necesarias para  desalojar, anular todo acuerdo  con la Fsutc-RG y exigir al INRA la paralización de todo trámite de titulación, además de la devolución de los predios ya titulados con aval del Uraeza.

Sin embargo, desde entonces muy poco se ha avanzado, los problemas por la dotación ilegal  continúan y se hacen mayores.

“Hay casos que se denuncian y otros que no, así es difícil saber cuántos son. La provincia Guarayos es bastante grande y los problemas son recurrentes en las zonas dispersas. Muchas  veces los comunarios no tienen recursos para acudir  a la capital de  la provincia y empezar el proceso penal que  corresponde. Los casos que suenan a nivel nacional son  aquellos que ya es imposible taparlos. Pero la verdad es que son innumerables”, afirma Vaca.

Sostiene que ahora estos grupos quieren  tomar por asalto las tierras productivas,  ya  sembradas  y a puertas de la cosecha.

10 días para dar una solución

Preocupados por su seguridad, el pasado 19 de septiembre, los habitantes de Guarayos realizaron una “Junta Magna”. Allí tomaron  decisiones sobre el problema que atraviesan.    Participaron, indígenas, cívicos, madereros y ganaderos.

“Lo único que pedimos es respeto a la ley. En el cabildo se ha dado 10 días al Gobierno para que haga algo y desarticule a estos grupos armados. Si la Policía no hace algo, vamos a pedir la  intervención del Ejército porque no podemos permitir que hayan milicias. Si no nos defienden ¿qué nos queda?, ¿entregarnos para que nos maten a balazos? El pueblo tendrá que salir   a defenderse como pueda, porque las circunstancias nos obligan, pero es algo a lo que nunca quisiéramos llegar”, comenta Vaca.

El INRA se ha declarado al margen del problema por indicar que su jurisdicción termina con la titulación. Para la senadora Rek la   confrontación  es ya  una guerra anunciada.