Hubo 18 descuartizamientos desde 2012; vuelve el debate por la cadena perpetua

Los crueles asesinatos de Mayerli y Anakin consternaron al país. La cadena perpetua es inviable debido a que Bolivia es signataria de la Convención Internacional de Eliminación de Tortura y Trato Inhumano.

Fuente: paginasiete.bo



Leny Chuquimia / La Paz

Desde 2012,  al menos 18 asesinatos  en los que las víctimas fueron mutiladas consternaron al país por la violencia ejercida. Los dos últimos casos de Mayerli y Anakin  traen de  vuelta el debate por la cadena perpetua, una propuesta   descartada  en  2016.

“La Policía está realizando su trabajo, pero pedimos  públicamente el acompañamiento de la justicia boliviana, para que este tipo de personas (los asesinos)  no vuelvan a recuperar su libertad y no vuelvan a cometer hechos atroces”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al presentar al autor de uno de los últimos casos.

Para Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, una pena mayor no es la solución. Señala que no es posible aplicar una cadena perpetua debido  a los tratados internacionales firmados por Bolivia.

“Debe haber  una atención integral y un diagnóstico. Porque las personas que tengan condiciones patológicas  no se van a reinsertar y la cárcel tampoco  es un lugar para ellos”, dijo.

La presidenta de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, Claribel Ramírez, aclaró  que en este tipo de crímenes, los autores tienen  serios trastornos de la personalidad, lo que implica que no podrán ser readaptados.

“No hay terapia que cambie su actuar. Lamentablemente en el país no hay espacios específicos,  como los psiquiátricos carcelarios de otros países”, dijo.

Añadió que urge que los  procesos cuenten con equipos integrales  para llegar a fallos mejores  y más eficaces.

Los 18 crímenes

El 8 de noviembre de 2012, Martha C. fue enviada al penal de Miraflores por el asesinato y descuartizamiento de Blanca N., una mujer de 66 años. Los restos fueron hallados ocho días antes en diferentes puntos de la zona Sur. Según las investigaciones, los móviles del crimen fueron económicos, pero la   defensa alegó que la acusada era una persona mentalmente inestable.

En medio de la consternación que causaba la noticia, el 5 de noviembre, un cuerpo totalmente mutilado   y sin órganos fue hallado en un basural en la zona Anexo Huayna Potosí, de El Alto.  La víctima fue identificada como Abraham C., de 19 años, estudiante de derecho en la UPEA. Había salido de su domicilio cuatro días antes y nunca volvió. Por el asesinato fueron  imputados  Ronald C., Miguel C. y Gróver P., todos   miembros de una pandilla.

Días después, un bulto fue abandonado en la Terminal de Buses de La Paz. En su interior estaban los restos desmembrados -y cubiertos de tierra-  de un hombre de 30  a 35 años. La data de la muerte era de seis meses y se presumió que la víctima fue  enterrada viva.

El 16 de septiembre de 2013, cerca el cementerio de la zona Mercedario de El Alto, se hizo el levantamiento del cuerpo cercenado  de una mujer. Aunque se identificó a la víctima, sus datos se guardaron en reserva.

En agosto de 2014, en Oruro,  Jhonny V., de 20 años, fue asesinado y descuartizado por dos de sus amigos: Adrián M. y Fernando S. De acuerdo a sus declaraciones, los tres consumieron bebidas alcohólicas, la víctima mortal     abusó sexualmente de uno de ellos y el otro en venganza lo asesino. Mutilaron el cuerpo para esconder el crimen.

La tarde del 26 de abril de 2015, un patrullaje policial en la zona Garita de Lima en La Paz interceptó a Clemente C. por casualidad. Sostenía un maletín en el que transportaba la cabeza y los miembros superiores de un hombre. Al revisar su domicilio se encontraron las otras partes.

En octubre de ese mismo año el cuerpo desmembrado de un hombre, de aproximadamente 45 años, fue hallado en el campamento Villarroel del Distrito Siglo XX, en Llallagua.

El 11 de  junio de 2017, Cochabamba  se consternó ante el hallazgo  del cuerpo de Brandon G., de 21 años. Falleció de un paro cardiaco, luego que en su interior explotó una  cápsulas de cocaína que transportaba a Chile. Para recuperar la droga, los traficantes  lo descuartizaron y arrojaron las partes  en la carretera hacia el trópico.

Dos semanas después, a plena luz del día, el cuerpo de un hombre descuartizado apareció en un lugar público de El Alto.

Aunque no sucedió dentro del país, el 23 de diciembre de 2018 Bolivia entera se indignó ante el descuartizamiento de toda una familia de compatriotas en Brasil. Las víctimas fueron una pareja y su pequeño hijo.

Ese mismo año, en junio, la Felcc de Oruro halló el cuerpo desmembrado de Gilka Ch., reportada días atrás como desaparecida. Su  feminicida era su expareja, quien se quitó la vida.

En 2020 se registraron tres casos. El 23 de enero, vecinos de un barrio en Cobija denunciaron movimientos sospechosos en un domicilio. Al llegar,  la Policía encontró el cuerpo casi descuartizado de un anciano.

El segundo se dio en La Paz, cuando Martín V. asesinó y mutiló a su hijastro. En el tercer caso, las partes de un hombre reportado como desaparecido fueron encontradas en diferentes puntos de Quillacollo.

Solo en lo que va del 2021 se registraron cuatro crímenes violentos, entre los que se  encuentran los asesinatos de Anakin T. y Mayerli C., ocurridos en las últimas dos semanas.

Previo a ellos, el 19 de marzo, la Felcc de   Cochabamba halló los restos de Ariel R., desaparecido el 23 de octubre de 2020. Las partes de su cuerpo fueron quemadas y enterradas en varios lugares. Tres personas fueron detenidas, entre ellas su excuñado.

El 7 de agosto, en el municipio de Porongo, en Santa Cruz, se encontró el cuerpo cercenado de una mujer. Los signos mostraron que la víctima no solo fue mutilada, sino torturada.

La identidad no fue conocida hasta seis días después, cuando se supo que se trataba de Marilyn B., de 24 años. El principal sospechoso es la pareja de la joven, un hombre de nacionalidad brasileña que fue visto cerca el lugar donde el cuerpo fue abandonado.

“Pedimos  públicamente el acompañamiento de la justicia boliviana, para que este tipo de personas   no  recuperen su libertad”.

Eduardo del Castillo, Gobierno

“La cadena perpetua no es aplicable  por la Constitución y los tratados  que firmó el país. El fin de la cárcel es la reinserción social”.

Susana Saavedra, Construir

“No hay terapia que cambie su actuar. Lamentablemente en el país no hay  los psiquiátricos carcelarios de otros países”.

Claribel Ramírez, psiquiatra

Defensoría  cuestiona  eficacia de reinserción

La Defensoría del Pueblo lamentó el feminicidio y  descuartizamiento de la joven Mayerli, de 18 años, en la ciudad de La Paz, víctima de su expareja, quien previamente estuvo recluido por infanticidio. La entidad cuestionó la eficacia de los procesos de reinserción social del sistema penitenciario.

“Este hecho deja en evidencia la ineficacia de los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad de alta peligrosidad y por delitos con penas altas, como asesinatos, violaciones a poblaciones altamente vulnerables, como niñas, niños, adolescentes y mujeres. No se está cumpliendo la finalidad de la pena, que es la readaptación”, señaló la defensora, Nadia Cruz.

Observó que el Estado no cumple con garantizar procesos efectivos,  lo que deriva en hechos violentos. Recordó que en el informe  Volcar la mirada a las cárceles  se evidenciaron las falencias de los centros penitenciarios y se demandó la implementación  de políticas integrales,  sobre las que  no hay avances.

Susana Saavedra, de la Fundación Construir,  sostuvo que  la reinserción  es  responsabilidad  del Estado. Indicó que  es éste el que debe hacer que las cárceles sean un espacio donde se puedan generar oportunidades para un desarrollo de los privados de libertad.

“Lamentablemente no hay desde el Estado un estudio que nos muestre  la cantidad de personas que reinciden al salir de la cárcel. Cuando esto sucede debe verse como un fracaso de las políticas del Estado y no necesariamente de las personas privadas de libertad, porque al cumplir con su pena han pagado su deuda, es el Estado el que no está”, dijo.

Se requiere centros psiquiátricos  para los que  no se reinsertarán

Especialistas deben formar
parte de los procesos.
Foto: APG

La presidenta de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, Claribel Ramírez, señaló que en el caso de   descuartizamientos y otros crímenes violentos, en los que los autores presenten trastornos, la  rehabilitación y reinserción es nula. Dijo que estas personas deben estar en centros especializados.

“En este tipo de casos se ven  perfiles criminales que no van a poder  cambiar su comportamiento. Lamentablemente en el país no tenemos servicios psiquiátricos carcelarios como en otros países. Hay deficiencias en estos espacios donde deberían estar estas personas”, afirmó Ramírez.

Indicó que en estos casos es necesario diferenciar entre una enfermedad mental  (cuando por una alteración, en el momento de hecho, la persona está fuera de la realidad, en una alucinación  o una idea delirante) de los trastornos severos de la personalidad.

“En este caso, las personas si saben lo que están haciendo, tienen la voluntad de hacerlo. Y lo principal para el derecho es que entienden la criminalidad  de sus hechos; sin embargo, los cometen”, explicó.

Ramírez indicó que dentro el sistema penitenciario se debería trabajar en equipos multidiciplinarios. Lamentó que las cárceles no cuenten con psiquiatras cuando éstos  son parte fundamental del equipo.

“Cuando las personas entran a los centros penitenciarios se debe analizar el tipo de delito cometido, ya que por lo general al lado de éste hay un perfil de la personalidad definido. No todos tienen un trastorno, pero amerita que  los psiquiatras forenses hagan un diagnóstico para ver si estas personas van a reinsertarse o no, una vez cumplida su pena”, dijo la psiquiatra.

La inviabilidad de la cadena perpetua

Ministerio pidió endurecer
las sentencias.
Foto: PG

“La cadena perpetua no es aplicable por la CPE y los tratados vinculantes que firmó el país. Cabe recordar que el fin de la cárcel es la reinserción social  de las personas, entonces no se podría aplicar una cadena  perpetua”, manifestó la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra.

El pedido de  endurecimiento de las condenas no es  nuevo. Vuelve a la palestra ante cada  feminicidio, infanticidio, violación  o asesinato violento.

Considerada como una de las condenas  degradantes para el ser humano,  la cadena perpetua  fue planteada y aprobada en la Cumbre de Justicia de 2016. Sin embargo,  fue descartada porque Bolivia es signataria de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Tortura, Trato Cruel, Degradante e Inhumano.

Un año después, el entonces vicepresidente Álvaro García  plantó  un referendo para reformar las normas  y aplicar  la cadena perpetua.

Para los expertos, el simple hecho de endurecer las sentencias no implica una solución al problema que es estructural. Del   otro lado están las víctimas y sus familias, para quienes las penas de 30 años no son suficientes para restaurar el daño. Afirman que para ellas  no existe la rehabilitación y mucho menos cuando sus victimarios tienen sentencias atenuadas.

En referencia al caso del asesino de Mayerli, que a los 15 años  ya fue interno de Kalauma por el asesinato de un niño, el ministro de Gobierno indicó: “Hay que analizar la normativa vigente en la Asamblea, para evitar que estas personas tengan privilegios en la justicia boliviana”.

Saavedra  indicó por su parte  que “por un caso no se puede sentenciar a todo un sistema que está funcionando para otros adolescentes”.

“Nos preocupan   los acontecimientos recientes. Si bien el sistema penal para adolescentes no funciona a cabalidad, en todo el sistema judicial -tal vez- es el de mayor efectividad. Concibe al menor de edad como un sujeto en pleno desarrollo, por lo  que tiene  responsabilidad atenuada. Por esto en delitos que tienen pena de 30 años reciben  cinco”, explicó.

Fuente: paginasiete.bo