El líder de Comunidad Ciudadana señaló que por el caso Quiborax, el gobierno de Evo Morales decretó una amnistía en 2018, que la ALP no puede desconocer
Después de que la Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó que se lleve adelante un juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa, por el caso Quiborax, el expresidente señaló que lo que en realidad se busca es “blanquear” a los verdaderos responsables por hechos de corrupción.
El líder de Comunidad Ciudadana dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) cerró con “broche de oro” las acusaciones en su contra al vincularlo al caso Quiborax tras involucrarlo en un supuesto “golpe de Estado” y de intentar “comprar” a sus parlamentarios para el juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez.
En conferencia de prensa, Mesa dijo que con esto el MAS pretende establecer impunidad para los suyos, disfrazándola de justicia.
«El MAS quiere convertirse en el justiciero del país con los juicios de responsabilidades, cuando en realidad lo que quiere es blanquear a sus responsables tanto en la violación de derechos humanos como en la corrupción y quieren establecer la impunidad disfrazada de búsqueda de justicia”, afirmó.
Hizo un repaso de lo que había hecho durante su Gobierno en relación al caso Quiborax. Manifestó que nacionalizó el Salar de Uyuni, y retiró a la empresa Non Metallic Quiborax porque se le habían entregado una “concesiones ilegal”, antes de su Gobierno, para explotar arbitrariamente el Salar sin pagar impuestos, sin respetar temas ambientales y que declaraba exportaciones inferiores a las que realmente exportaba.
Tras esa acción, dijo que la empresa “piratas”, para poder acusar a Bolivia y obligarla a ir a un juicio internacional, falsificó el acta de conformación de la empresa, algo que fue admitido por el autor confeso del delito.
El Gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, cuyo procurador era el señor Héctor Arce (Zaconeta), sabía que se había producido esa falsificación y no hizo el reclamo que debía hacer de acuerdo a las normas de ese arbitraje internacional para decir que Bolivia no aceptaba ese juicio internacional, y lo aceptó”, reclamó.
Además, señaló que las autoridades del Gobierno de Evo rechazaron $us 3 millones que la empresa ofreció pagar, cuando esta no había invertido en Bolivia ni $us 600 mil.
También denunció que se produjo “la increíble situación” de que los abogados chilenos de la empresa trabajaron y representantes de la Procuraduría trabajaron juntos en el edificio de la Procuraduría, en La Paz, para que Bolivia desista de un juicio y se libere a los responsables de la falsificación.
“Se llevan a cabo acciones totalmente delictivas porque se usó espacio físico soberano de una entidad boliviana como la Procuraduría y porque el poder ejecutivo, la Procuraduría, redacta un desistimiento que le corresponde al Poder Judicial”, dijo.
“El final de la historia es que Bolivia aceptar pagar $us 42 millones de dólares a estos piratas y lo hace mediante un acuerdo donde están el exprocurador Hector Arce (Zaconeta); el procurador de entonces, Pablo Menacho; el ministro de Minería, César Navarro; y ¿quién es el cajero que autoriza el desembolso de los $us 42 millones? Nada más y nada menos que el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, hoy Presidente”, prosiguió.
Sin embargo, dijo que “lo más escandaloso todavía” es que para hacer ese pago era imprescindible que Bolivia desistiera de la acusación y lo hace “en complicidad con la empresa pirata”.
“¿Esta acción delictiva que le roba a Bolivia $us 42 millones la hace Carlos Mesa? No, ahí están los dos Arce, el procurador Mechano, el ministro de Minería Navarro del gobierno e Evo Morales Ayma”, insistió.
En ese sentido, reclamó que se lo busque enjuiciar por nacionalizar el Salar de Uyuni y por anular la concesión ilegal otorgada antes de su Gobierno.
“Este es el primer ejemplo que demuestra de manera inequívoca, en qué manos estamos”, añadió al tildar a la justicia boliviana y a Ministerio Público como un “grupo de obsecuentes corruptos militantes del MAS e ineptos”.
Amnistía
El líder de CC también recordó que en 2018 Evo Morales decretó la amnistía en su favor por el caso Quiborax y la Asamblea ratificó la misma. Afirmó que ahora esa misma instancia no puede desconocer eso, intentando sobreponer el juicio de responsabilidades.
“Esa es una decisión jurídica, causa Estado y que no es modificable. Cuando das una amnistía es definitiva e irreversible, aún más cuando la ALP la aprueba por dos tercios de voto. Esa misma Asamblea borrará con el codo lo que firmó con la mano, ojo, que quede claro, yo rechacé esa amnistía, lo que no elimina la obligatoriedad del cumplimiento esa amnistía, lo hizo Morales para proteger y garantizar la impunidad de Héctor Arce, César Navarro y Pablo Menacho, y, eventualmente, de Luis Arce”, recalcó el jefe de Comunidad Ciudadana (CC).