Ocho historias reflejan el uso abusivo de la prisión preventiva

Luis Callisaya  / La Paz

El Órgano Judicial y el Ministerio Público son, en la actualidad, las instancias más cuestionadas en el país por no brindar las garantías para el resguardo de los derechos, la objetividad en las investigaciones, la independencia judicial y el respeto al debido proceso en muchas causas penales. Como  consecuencia de eso, al menos ocho personas pasarán a la historia por haber cargado en sus vidas con el uso abusivo de la detención preventiva, impuesta por distintos jueces y a pedido de fiscales, en las dos últimas décadas. Cinco a siete años de prisión preventiva enfrentaron varios de los procesados, algunos todavía continúan detenidos en distintas cárceles del país, según expedientes y testimonios recabados por Página Siete.

Según las normas bolivianas, una causa penal debe investigarse en un plazo de seis  meses, para luego presentar un requerimiento conclusivo,  ya sea de acusación o sobreseimiento; en casos complejos con múltiples detenidos, la investigación puede ampliarse hasta 18 meses. Y en un plazo de tres años, debe emitirse una sentencia, ya sea condenatoria o de absolución.

Sin embargo, según especialistas en derecho, esa figura no suele cumplirse cabalmente en casos de relevancia que tienen alguna vinculación con el poder político; y es que, en esos procesos, los plazos procesales se vulneran en exceso con juicios que llevan más de cinco años, sin una sentencia, y las detenciones preventivas se aplican por más de seis meses, para dar una “muerte civil” al sindicado, presumiendo su culpabilidad y haciéndole pagar una “condena anticipada” si demostrarse su culpabilidad.

El caso de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, refleja esa carga de múltiples procesos sobre una persona por un mismo hecho y contra él se activaron varias detenciones preventivas. Aramayo envió varias cartas a los tres gobiernos de turno , incluido el de Luis Arce,  pidiendo un debido proceso, pero no fue escuchado.

El exdirector anotó 259 causas en su contra y continúa recorriendo de juzgado en juzgado para defenderse, durmiendo en distintas cárceles del país. Precisamente en una de sus audiencias en esta semana logró dar  breves declaraciones a Página Siete.

“Quiero decirle al ministro (Iván Lima) que restituya mis derechos humanos y constitucionales para que yo me pueda defender  con la dignidad de ser humano, que merece cualquier ciudadano de este país”, señaló.

Pidió respeto a sus derechos y frenar la persecución en su contra con una detención preventiva de casi siete años, sin permitirle asumir defensa en libertad.

“Sigue con la misma cantidad de casos, la única sentencia ejecutoriada que tiene es de Tarija. En Cobija, Pando, tuvo una sentencia absolutoria por un proyecto y dentro de otro proyecto también en Cobija le dieron absolutoria en dos casos, y condenado por incumplimiento de deberes; en Santa Cruz tenemos dos casos en movimiento; en Challapata uno y en Oruro otro; y los demás en medidas cautelares”, informó a Página Siete Héctor Castellón, abogado de Aramayo.

El abogado Eusebio Vera lamentó los atropellos excesivos cometidos en contra de Aramayo. El jurista Vera hizo seguimiento al caso de Juan Bascopé y del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez. En ambos considera que hubo un abuso del uso de la detención preventiva.

Recordó que la detención preventiva es de aplicación excepcional, no de regla, pero  en Bolivia la justicia y la Fiscalía aplican de manera arbitraria esta medida, incumpliendo la disposición de la Ley 1173 y sus modificaciones.

“Parecería que la detención preventiva aquí en Bolivia sería una regla y no una excepción. Se incumplen los estándares internacionales, se incumplen la normativa específica, en este caso el Código de Procedimiento Penal, las modificaciones introducidas por la Ley 1173 y la Ley 296”, apuntó.

Dijo que Bascopé está detenido ocho años, lo torturaron durante su encierro y está delicado de salud. Señaló que este caso ingresará en la historia más negra del país, por los atropellos cometidos contra un ciudadano boliviano.

El jurista agregó que en el caso de Franclin Gutiérrez también se hizo un uso abusivo de la detención preventiva durante un año, tres meses y 14 días, acusado sin ningún indicio por la muerte del teniente Daynor Sandoval durante una supuesta emboscada en La Asunta. Recordó que de manera irregular se   mantuvo preso al dirigente cocalero, y en ese tiempo murió su pequeño hijo de dos años de edad.

El abogado Andrés Zúñiga coincidió en que la detención preventiva siempre debe darse en excepción, porque libertad es la regla, y eso está enmarcado en el sistema procesal penal boliviano. Zúñiga asumió defensa de Francisco Cortés y recordó que a su cliente, en un contexto de intereses políticos, le prolongaron de manera abusiva la detención preventiva por un lapso de unos cinco años.

“Otro caso arbitrario es de Carlos Hur,  del caso barcazas chinas. La detención preventiva en él se ha exagerado sobre los plazos y él ha durado siete años aproximadamente en detención preventiva, sin que a la fecha haya una sentencia condenatoria”, señaló el abogado, haciendo alusión a un segundo caso en el que también hubo atropellos en instancias judiciales.

Por su lado, el abogado Karlo Brito dijo que, si bien la Ley 1173 recomienda no usar de manera abusiva la detención preventiva,  eso no se cumple en la actualidad.

Recordó que antes de que se promulgue esa norma,  a Leopoldo Fernández lo detuvieron 10 años, una parte en la cárcel y luego con arresto domiciliario, sin darle oportunidad de que asuma defensa en libertad.

En la actualidad se hace lo mismo con Marcel Rivas,  exdirector de Migración,  a quien le abrieron dos procesos y tiene dos detenciones preventivas, y debe estar recluido hasta octubre de este año; vale decir, nueve meses estará recluido, sin que se atienda su petición de asumir defensa en libertad.

“Son juicios políticos donde lamentablemente la gente está presa sin tener ninguna responsabilidad. Lamentablemente estamos en un sistema donde la justicia   está cooptada por el poder político”, manifestó el jurista.