El ministro de Justicia, Iván Lima, justificó el proceso por el caso Quiborax contra el expresidente Carlos Mesa bajo el argumento de que la amnistía decidida en 2018 tenía un plazo y el líder de Comunidad Ciudadana (CC) no se acogió en el tiempo previsto.
El jefe de bancada de CC y abogado Carlos Alarcón, consideró que buscan perjudicar de manera vergonzosa a Carlos Mesa, porque estaría desnaturalizando la figura de la amnistía.
Dijo que esa figura constitucional “no está condicionada a ningún trámite, ni administrativo, ni judicial”.
La polémica surgió después de una comisión legislativa aprobó un informe de juicio de responsabilidades a Mesa, acusándolo por conducta antieconómica. El caso se remonta a 2004, cuando el actual líder de CC era presidente y anuló una concesión a la empresa Quiborax para explotar el salar de Uyuni, lo cual derivó en un arbitraje y un pago de 42 millones de dólares acordado en el periodo de Evo Morales.
En 2018, el entonces presidente Morales aprobó un decreto, luego ratificado por la Asamblea, que amnistiaba a Mesa por este caso, como un gesto para encarar en conjunto el juicio en La Haya por la demanda marítima. Entonces, el historiador expresó su rechazo a esa decisión.
Al reactivarse el juicio, Mesa recordó que Morales y la Asamblea aprobaron la amnistía en 2018 y que su rechazo era testimonial.
Lima, a su turno, recordó el rechazo de Mesa a la amnistía y acotó que había un plazo establecido en el decreto de 2018.
Alarcón acusó a Lima de intentar justificar que los asambleístas “borren con el codo” la amnistía que aprobó el Legislativo en 2018. El jurista también observó que hay una contradicción jurídica, puesto que una amnistía sólo podría aplicarse cuando empieza el proceso penal y un juicio de responsabilidades, pero aún no se abrieron esas vías.
Alarcón enfatizó que la responsabilidad de los 42 millones de dólares que erogó el Estado por el caso Quiborax corresponde al gobierno de Evo Morales y una supuesta connivencia con los abogados de la parte contraria.
“Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales requería que él realice una sola acción, que lleve su cédula de identidad y que diga a las autoridades —que en ese tiempo llevaban el caso— que quería acogerse a la amnistía; él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, no sabemos, pero decidió no acogerse. La amnistía tenía un plazo de 365 días; Tuto Quiroga se acogió y Mesa no lo hizo”, agregó Lima. El Ministerio de Justicia publicó la Disposición Adicional Única Decreto Presidencial 3682 de 2018, el cual establece un plazo de vigencia de 365 días. Dicha norma también establece que, para acogerse a la amnistía, se debía presentar solicitud ante autoridad competente.
Fuente: lostiempos.com