Fuente: Página Siete / La Paz

El  expresidente Carlos Mesa  dio a conocer que el gobierno de Evo Morales defendió,  en el tribunal de arbitraje por el caso Quiborax,    la Ley 2564 de 2003 y el Decreto Supremo (DS) 27589  de 2004, que promulgó Mesa. El líder de Comunidad Ciudadana afirmó que ahora, contradictoriamente, esas normas  son usadas para interponerle un juicio de responsabilidades por ese caso.

Al respecto,  Pablo Menacho,  exprocurador,   sostuvo que se debe entender aquello como “posiciones de defensa del Estado”,  y que no se podía ir al arbitraje indicando que las normas de Mesa no fueron las más adecuadas en el caso Quiborax. Indicó además que el Decreto Supremo 28527 del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé mostró que el decreto de Mesa “adolecía de deficiencias jurídicas insubsanables”.

“De manera increíble, parte de la Defensa, después, habiendo renunciado a denunciar a Non-Metallic (Minerals SA Quiborax), fue justificar plenamente lo que hicimos. Increíblemente el gobierno de Morales,  representado por los dos procuradores generales, primero Héctor Arce y después Pablo Menacho, dijo que nuestro decreto y nuestra ley de nacionalización eran legales e incuestionables. A pesar de que dijeron eso en el documento internacional, en el documento de arbitraje, luego me abren un juicio de responsabilidades”, manifestó Mesa.

El exmandatario,  junto con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Carlos Alarcón, presentó ayer el libro Quiborax, la infamia del MAS. En la publicación se transcriben fragmentos del laudo  arbitral, en los  que se da cuenta  de argumentos de  la defensa boliviana.

“El citado tribunal que resolvió el caso dice en la página 71, numeral 189 del texto del fallo: Bolivia argumenta que el decreto de revocatoria se adoptó sobre la base de la Ley N° 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones ‘son parte de una misma reacción del Estado. Fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las Concesiones Mineras [de las Demandantes (Quiborax)]’”, se lee en  el libro.

En la publicación también se cita el numeral 193 del laudo arbitral: “La Demandada (Bolivia) niega haber reconocido la ilegalidad del Decreto de Revocatoria al derogarlo mediante el Decreto N° 28527 en el año 2005 (…).    Por ende,  el decreto N° 28527 no implica la ilegalidad del Decreto de Revocatoria conforme al derecho boliviano. Asimismo, el decreto N° 28527 confirma la legalidad de la anulación de las concesiones mineras”.

En el libro, Mesa señala que llama “poderosamente” la atención que cuando la Procuraduría  perdió el litigio, “cambió radicalmente su posición jurídica asumida durante toda la defensa en el proceso arbitral”, y consideró  que el decreto de Mesa era ilegal, y que por ello se justificaba un Juicio de Responsabilidades en contra del exmandatario.

En respuesta,   Menacho indicó que se debe entender las acciones como una posición de defensa del Estado. Subrayó que las acciones del exmandatario Carlos Mesa se realizaron  en “incumplimiento de la ley”.

“Ésas son posiciones de defensa del Estado boliviano;  obviamente,  cuando uno sale a defender al Estado boliviano tiene que asumir defensa, no iban a ir los abogados de Bolivia a decir que es ilegal y a pedir básicamente que metan una sentencia en su contra. Obviamente que tienen que ir con una posición de defensa. Las acciones que hizo Mesa para la expropiación de esas concesiones mineras fueron en incumplimiento de la ley”, dijo.

Menacho enfatizó que el Decreto Revocatorio de Mesa sobre las concesiones mineras  tuvo que ser abrogado por el expresidente Rodríguez Veltzé, porque -dijo-  “adolecía de deficiencias jurídicas insubsanables”.

El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa, entonces presidente, decretó la reversión de 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni (Potosí) a la empresa Non-Metallic Minerals SA (Quiborax).

La firma interpuso un arbitraje contra Bolivia ante el Ciadi y en diciembre de 2007 se constituyó el tribunal. El 16 de septiembre de 2015, el Ciadi falló en contra de Bolivia e instruyó una indemnización millonaria en favor de  Non-Metallic Minerals SA (Quiborax).

El 21 de septiembre de 2015, la Procuraduría  apeló la resolución, pero el 18 de mayo de 2018, el Ciadi desestimó la petición de anular el fallo. Finalmente el 7 de junio de 2018, Bolivia suscribió “un contrato transaccional” con Non-Metallic Minerals, por 42,6 millones de dólares.

A principios de este mes, la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo aprobó  un  juicio de responsabilidades contra Mesa por el caso Quiborax.

$us 42,6 Millones

fue el monto que Bolivia canceló a Non- Metallic Minerals por el caso Quiborax.