“Se le citó para impedir el viaje y prolongar el caso”, denuncia el abogado del padre de Luis Fernando Camacho

Fuente: El Deber

Juan Manuel Ijurko

 

 

El abogado Jerjes Justiniano Atalá, que ejerce la defensa de José Luis ‘Papi’ Camacho, padre del gobernador cruceño, considera “ilegal y abusiva” la decisión asumida por Migración para impedir el viaje del empresario. Como portavoz de la familia, Justiniano cree que la citación “se realizó para impedir el viaje” del empresario, puesto que no corresponde a un fiscal establecer la orden de arraigo.

Durante su entrevista con ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, Justiniano también explicó que la citación busca “alargar la investigación a pesar de no haber demostrado al menos un elemento de terrorismo”.

Para el letrado, se trata de una artimaña jurídica que extiende el tiempo de investigación por “otros seis meses más”.

José Luis Camacho tenía previsto viajar el sábado 25 de septiembre a Estados Unidos junto a su esposa. Se trataba, según él mismo señaló, de un viaje por motivos de salud; sin embargo, fue retenido en el aeropuerto Viru Viru por varias horas para entregarle una citación judicial por la denuncia en su contra cursada por la exdiputada Lidia Patty. Debido a la demora del fiscal por la entrega de la citación, Camacho perdió el vuelo.

“Le privaron de un viaje, no pudo salir del país por orden de un fiscal y del director de Migración”, dijo el abogado sobre lo ocurrido en Viru Viru. Y recuerda que Migración es una repartición dependiente del Ministerio de Gobierno.

Justiniano califica esta acción como “una medida ilegal y abusiva”, puesto que sobre el empresario no rige “ningún tipo de medida restrictiva”. El impedimento para abordar el avión correspondió a una “decisión por parte del jefe de Migración y no de un juez (…), por lo que el Ministerio Público ha excedido sus funciones al impedir el viaje, el libre tránsito”.

Hace dos meses, Camacho tuvo un incidente similar en el mismo aeropuerto. En aquella ocasión, salió del país y retornó nuevamente. “Si hubiera tenido intención de huir del proceso, ya lo podría hacer hecho anteriormente”, manifestó su abogado.

Sorprende la premura para realizar la citación en el aeropuerto cuando la causa en su contra se presentó en noviembre de 2020. “Tardaron 10 meses en notificarlo”, recalca el jurista.

Amplía los plazos de investigación

Una segunda razón que permitiría explicar la premura en la citación se justifica, según Justiniano, por la necesidad de mantener la investigación abierta. “La ley establece que un caso cuenta con un plazo máximo de seis meses a partir de la última notificación de imputación entregada”, recuerda.

El primer imputado por la denuncia de Patty fue el almirante Arce, en febrero de 2021. Posteriormente, se remitió la imputación contra la exmandataria Jeanine Áñez. Con esta imputación “continua la investigación sin haber demostrado al menos un elemento de terrorismo”, indica el jurista.

Observa también la imputación de terrorismo. Al igual que en el informe de la GIEI, se cuestiona esta tipificación “que estaría afectando al principio de legalidad”, recalca. Aunque es consciente que “ni la Fiscalía ni el Gobierno les importa el informe” del organismo internacional.

 

Para Justiniano, se incluye la tipificación de terrorismo de manera interesada para “darle la competencia a un juez de la ciudad de La Paz” y “porque las imputaciones de conspiración y sedición no tienen detención preventiva y no hubieran trofeos de guerra que exhibir como lo hace el MAS”.

Declaración en Santa Cruz

Ante los micrófonos de EL DEBER Radio, el abogado de la familia Camacho anunció la presentación de un memorial para que José Luis Camacho pueda realizar su declaración en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Hace 10 años no viaja a La Paz por un problema cardíaco”, manifiesta Justiniano. José Luis Camacho, de 76 años, solicitará la posibilidad de prestar la declaración en Santa Cruz. “Se trata de preservar y resguardar la salud, la vida y no de exponerlo al señor Camacho”, corrobora su abogado.

Además, explica que desde febrero están preparados para las citaciones y cuentan con un registro documentado que avala la vivienda, el trabajo y la familia de los imputados. Se trata de documentos necesarios para acceder a la detención domiciliaria.