Vecinos de las zonas Villa Fátima, La Merced y Villa El Carmen, en el sector norte de La Paz, vivieron ayer una jornada de terror por  12 horas por los operativos de represión de la Policía contra los cocaleros de los Yungas. Las víctimas acusaron a los uniformados de provocar el incendio en un edificio donde había niños y por el uso excesivo de agentes químicos. Así fue el octavo día de conflicto cocalero.

Hubo al menos seis  detenidos, entre ellos una mujer, y varios heridos que según los relatos de los pobladores del lugar  “fueron lanzados” hacia un barranco por los mismos uniformados.

“Fuera de aquí malditos, motines, nunca más les vamos a dar la mano”, “están protegiendo a un narco Estado”, “los policías los han lanzado, han caído más de 40 metros”, fueron  las protestas de los vecinos de esas tres zonas que salieron a las calles para exigir a los efectivos  que ya no sigan usando gases lacrimógenos que afectaban a niños, mujeres y personas de la tercera edad en las casas.

“He apagado dos (gases) si no todo mi departamento se hubiese quemado, mi platita se ha quemado. Gracias a Dios he sacado a mis dos hijitas antes. Yo responsabilizo de esto al Gobierno, la Policía ha disparado, no son los cocaleros (…) Les hemos pedido ayuda, pero nos han gasificado, lo único que nos decían era ‘salga carajo’, qué manera de ayudar es esa”, relató Jhon García, dueño del departamento que se incendió en la avenida Las Américas.

El propietario del bien, ubicado a unas cuadras del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), tomado por una facción cocalera del MAS, mostró dos granadas de gas lacrimógeno.

“Fue un artefacto explosivo, no fue responsabilidad de la Policía, (el contingente) estaba más abajo”, aseveró el subcomandante departamental de la Policía, Hernán Romero, quien negó que la institución haya causado el incendio.

Sin embargo, los vecinos de los otros pisos del edificio mostraron los daños causados por los balines disparados a sus ventanas y los periodistas constataron que los ambientes estaban impregnados de agentes químicos lanzados por los efectivos. “Los policías han hecho esto, sin motivo, es su culpa y ahora tienen que responder”, insistió otro de los propietarios.

García aseguró que los uniformados dispararon las granadas de gas contra él, porque estaba parado en la ventana. Cuadras más allá, en la zona La Merced, los vecinos tendieron banderas blancas en sus ventanas, donde se veía los rostros de niños asustados, afectados por los agentes químicos.

Los afectados se vieron obligados a salir de sus domicilios y enfrentarse verbalmente a los policías y exigirles que se retiren por el terror causado a los niños.

El conflicto se agudiza

El conflicto se agudizó ayer en la tarde, en inmediaciones del mercado de Adepcoca. Cientos de cocaleros que rechazan la intromisión del Gobierno marcharon hasta ese punto para retomar el edificio que les pertenece.

Según imágenes de diferentes videos, no hubo una actitud violenta de los manifestantes, más allá de los gritos para que los dejen pasar. Entonces, de manera sorpresiva, comenzó la gasificación policial y ante el efecto de los agentes químicos y la confusión, grupos de policías acorralaron a los manifestantes y se activaron las primeras persecuciones.

En respuesta, los cocaleros detonaron petardos y se oyeron explosiones de dinamita. Minutos después, se dio el incendio en el departamento de García, y  cuando parecía que los ánimos se calmaron, comenzó la represión policial en diferentes calles.

El mercado de Adepcoca fue entregado el pasado martes, por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al dirigente afín al MAS, Arnold Alanes.

Según Carlos Choque, miembro del Comité de Autodefensa de la institución privada, el 90% de los 42.000 socios rechaza al dirigente masista debido a que sería productor de coca en una zona ilegal.

Varios sectores, incluso del MAS, cuestionaron la elección de Alanes, desarrollada  el 4 de septiembre en medio de denuncias de fraude electoral.

Hasta la fecha no existe un acta de la cantidad de votos por las que supuestamente ganó Arnold Alanes, como representante de la regional Chamaca, cuyos pobladores también niegan que los represente.

El otro grupo de cocaleros, que estaba encabezado por el dirigente Armin Lluta, tiene relegado a su líder debido a que lo acusan de no defender bien la institución y de permitir que los masistas tomen el control del mercado. Éstos conformaron el Comité de Autodefensa y luego de fracasar el diálogo con el vicepresidente, David Choquehuanca, buscan retomar el control de su mercado, aunque sea “por las malas”.

“No queremos a la Policía, deben retirarse y dejar que arreglen sus problemas entre cocaleros. Hay civiles, delincuentes que ellos (los efectivos) están protegiendo. No pueden estar sometidos otra vez al Gobierno, es una vergüenza que actúen así contra su pueblo, nos vamos a organizar con los cocaleros y vamos a agarrar a sus infiltrados que lanzan dinamitas”, advirtió otro dirigente vecinal.

 

El rechazo a los miembros de la institución del orden creció entre los cocaleros, luego de que entre ellos trascendiera que arrestaron a mujeres y hombres que ayudaban a sus heridos. Hasta el cierre de esta edición, se conocía de dos personas internadas en el Hospital San Francisco de Asís: Efraín Mamani, de 23 años, y Pedro Mullisaca, de la tercera edad. El primero, de la comunidad Totora Grande, según los cocaleros, recibió 23 puntadas en la cabeza, fue víctima de un disparo de proyectil de gas en la cabeza. Por su lado, Mullisca, fue rescatado por sus compañeros de un barranco, luego de caer unos 40 metros.

“Los policías lo han empujado, a tres los han lanzado (al barranco), los otros dos han logrado recuperarse, pero justo él (Mullissaca) ha caído mal, su cabeza está ensangrentada”, relataron en un video sus compañeros, que usaron una frazada a modo de camilla, para evacuarlo al centro médico.