Los abogados sostienen que los decretos aprobados luego pueden transformarse en disposiciones normativas con fuerza y rango de ley y refrendadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Entre el 1 de septiembre y 20 de octubre de este año, el Ejecutivo emitió 25 decretos supremos que se convierten, según constitucionalistas, en una fuerza de “decisión” sobre diferentes aspectos de la sociedad. Alertan que este recurso es arriesgado porque el Gobierno puede abusar de su uso ante la falta de consenso para aprobar una ley en el Legislativo o para aplicar medidas expresadas en una ley, pero rechazadas por la sociedad.
Los abogados sostienen que los decretos aprobados luego pueden transformarse en disposiciones normativas con fuerza y rango de ley y refrendadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En ese aspecto, se puede evidenciar la emisión de decretos van desde la designación de ministros interinos de una cartera para llevar otra por razones de viaje u otro aspecto, hasta determinaciones administrativas, particularmente económicas.
Entre los decretos aprobados, se contempla la prohibición del ingreso o compra de aeronaves que tengan una antigüedad mayor a 25 años.
“En el marco del Artículo 85 de la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, se prohíbe la importación de aeronaves, con una antigüedad mayor a veinte y cinco (25) años, bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial. Esta prohibición no alcanza a las aeronaves que ingresan en tránsito o sobrevuelan el territorio nacional, al no estar sujetas a regímenes aduaneros”, refiere el artículo 4 del DS 4595.
Sobre el punto, pilotos de diferentes gremios del país y sectores vinculados al trabajo aéreo se declararon en emergencia.
El pronunciamiento fue emitido por la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores de Bolivia, Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz y del Beni, la Asociación Nacional de Empresas de Fumigación Aérea y las Escuelas de aviación, todos ellos rechazan el artículo 4 de dicho decreto, el cual prohíbe la importación de aeronaves con una antigüedad mayor a 25 años.
“Mediante la presente, las organizaciones que representamos a la asociación civil nacional nos dirigimos a su autoridad para expresar nuestro total rechazo a la prohibición de importación de aeronaves establecida en el Decreto Supremo 4595 de fecha 6 de octubre de 2021”.
En tanto, el DS 4592 modifica el parágrafo I de la disposición final tercera del Decreto Supremo N° 3251, de 12 de julio de 2017, sobre la autorización a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) el uso de software privativo para la gestión, administración, monitoreo y control soberano del espectro electromagnético.
El DS 4578 establece la modificación del artículo 14 del DS 3495 que determina que “los recursos de la tarifa adicional de terminación internacional recaudados con posterioridad a la publicación del presente decreto supremo serán transferidos por la ATT a favor de la Agencia Boliviana de Correos”.
La ley 1386 en la mira de los decretos
Son varios los decretos que establecen una serie de reglas para la contratación de consultorías en línea, transferencia de bienes, la creación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, la creación del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y establecer el plazo de transición del Registro de Comercio, plazos para el inicio de actividades de la Gestora Pública, entre otros.
Actualmente, hay sectores que demandan la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, toda vez que en su artículo 7 refiere que ésta puede ser regulada a través de la emisión de decretos supremos.