Analistas ven que la decisión de dar un paso atrás con la ley antiganancias es una “estrategia del MAS para reproducir el poder en 2025”

Analistas valoran el escenario político tras el retiro del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Cuestionan la politización de la justicia y la falta de autocrítica por parte del ejecutivo

La marcha atrás del Gobierno con el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas ha sorprendido a propios y extraños. Analistas y actores políticos tratan de explicar las consecuencias que se derivan de dicha acción y de proyectar el escenario político venidero.

En los micrófonos de ‘Influyentes’, programa que se transmite de lunes a viernes por EL DEBER Radio, Carlos Cordero y Daniel Valverde analizaron la decisión del Gobierno y valoraron la actualidad política.

«La estrategia de poder del MAS es reproducir el poder en 2025″, percibe Carlos Cordero. El retiro de la polémica ley «de ninguna manera supone que el Gobierno de Luis Arce está debilitado», más bien, agrega, «es un cálculo político».

Para el analista paceño, en las últimas semanas «hemos visto una pugna de fuerzas políticas» que enfrentó «por un lado, el Gobierno y por otro lado distintos actores de la sociedad».

No observa un resquebrajamiento del programa del MAS puesto que «tiene un caudal electoral  y un peso específico en la Asamblea Legislativa Plurinacional» que le permite conducir su gran proyecto para el 2025.

La correlación de fuerzas en el legislativo se mantiene, por lo que el Gobierno «va a buscar que las aguas se tranquilicen para aprobar una ley contra las ganancias ilícitas». Cordero agrega que dicha medida «parece razonable».

Para Daniel Valverde, «el Gobierno debe hacer una relectura de lo que la gente quiere». Hace un año, resalta, Arce fue elegido para «trabajar en la estabilidad, en el diálogo, para que atienda la crisis sanitaria y de trabajo».

El académico describe «un giro de 180 grados» en el ejecutivo a partir de marzo. Desde entonces «hemos visto un gobierno muy aguerrido, con un relato crudo sobre el golpe de Estado que genera los desencuentros».

La suspensión de la ley impone «una nueva forma de legislar en estos temas que son sensibles» y apela al diálogo como la fuerza para provocar los consensos.

Ambos analistas coinciden en la desconfianza de la ciudadanía en la justicia como el principal descontento ante la regulación. Cordero apunta al Gobierno de «utilizar el sistema de justicia para la persecución política» y, consecuencia de ello, crear una «indefensión ciudadana» que asusta.

Valverde también pone énfasis en el manejo de la justicia como el detonante de las protestas. Sin embargo, alega que «el Gobierno se resiste a tomar acciones para transformar la justicia«, lo que extiende el distanciamiento con la ciudadanía.