A través de un comunicado que fue publicado en esta jornada, la Asociación Nacional de la Prensa condenó “enérgicamente” y denunció la “aparición y actuación de grupos irregulares y violentos” entre los que señaló al que retuvo por siete horas a un grupo de periodistas, ciudadanos y policías en la localidad de Guarayos, en Santa Cruz.
“Ese hecho inadmisible ante el país, ante la ley la democracia, pero sobre todo intolerable ante una sociedad que demanda vivir en paz y armonía no puede quedar en la impunidad tal y como ha ocurrido con otros episodios de violencia, cuyos responsables no han sido identificados, detenidos y llevados ante la justicia”, señala el comunicado.
Asimismo, se apuntó a la “sistemática retórica hostil hacia los medios de comunicación” por parte de organizaciones políticas y sociales afines al gobierno, y secundadas por algunas autoridades del órgano ejecutivo, constituyen una “implícita invitación a perpetrar actos de intimidación e intolerancia a la labor del periodismo”.
La ANP considera que los mensajes de rechazo al trabajo periodístico se traducen en “acciones violentas, secuestro, tortura, persecución y hostigamiento a un sector que por décadas dedicó su labor a defender y construir una democracia sin exclusiones, sin intereses sectoriales o partidarios, y con la voluntad de edificar un país con justicia y libertades”
Sobre los hechos que se suscitaron en Guarayos, el ente señala que “llama profundamente la atención” que se haya dado horas después del pronunciamiento realizado por el Pacto de Unidad en el que anunciaron una nueva ley de comunicación y “entre otros desafortunados adjetivos acusan a los medios de haber apoyado un presunto golpe de estado”.
También hacen referencia al interés del vocero presidencial, Jorge Richter, de “instalar un debate sobre “límites y conductas” en las relaciones comunicacionales, lo cual implicaría un deseo de revisar las libertades de prensa y de opinión, de todos los ciudadanos, expresadas en la Constitución”. También se recordó las posturas que tomaron el Canciller, el Ministro de Justicia y el Procurador General.
El pedido
“Por la gravedad de los sucesos que han quedado ampliamente documentados y verificados, en particular en el reciente registrado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, las organizaciones firmantes del presente pronunciamiento emplazan al gobierno a investigar, identificar y llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales, en los plazos señalados por ley. Del mismo modo, la investigación debe determinar quién o quiénes alientan y/o protegen a estos grupos violentos”, señala el comunicado, respecto a los hechos de Santa Cruz.
Sobre la solicitud, se añade que se eleva el mismo a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), países defensores de la democracia, y redes de defensa de la libre expresión; a los que piden una labora activa de observación por los acontecimientos que se dan en el país.
Fuente: lostiempos.com