En La Paz, los magistrados exigen que el proceso se desarrolle respetando las garantías del debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la defensa
Melina Lima, la jueza que cerró el proceso penal que estaba abierto contra Samuel Doria Medina y sus familiares, fue aprehendida ayer, miércoles, por presuntas irregularidades en la extinción de la acción penal contra el empresario por un caso de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Enriquecimiento Ilícito por particulares con afectación al Estado.
La jueza es acusada por no considerar el daño económico al Estado al extinguir el caso contra el excandidato a la presidencia. Su aprehensión se produjo cuando se presentó a declarar.
La Asociación de Magistrados de Chuquisaca, a través de su presidenta Greeny Bolling, rechazó este jueves la “intromisión y atropello” a la independencia judicial que se comete –reclamó– con la aprehensión de la jueza en La Paz.
“Manifestamos nuestra voz de reclamo y de exigencia del respeto a la independencia judicial”, indicó Bolling a Correo del Sur Radio FM 90.1, al pedir que la jueza Lima se defienda en libertad porque tiene domicilio y trabajo conocidos, además de que cumple con funciones públicas.
Adelantó que, en el transcurso de la jornada, las Asociaciones de Magistrados de otros departamentos también emitirán sus pronunciamientos. Una de estas, la de La Paz, exigió que el proceso se desarrolle respetando las garantías del debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la defensa.
“En condición de autoridades judiciales, es evidente que no gozamos de fuero o privilegio alguno, empero si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”, señala el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados de La Paz.