Dos expertos, del sector salud y de la economía, opinan sobre cómo debería encararse la relación entre el Estado y las clínicas privadas. Proponen que se escuche a los colegios profesionales y bajar la presión tributaria sobre los centros médicos privados.
La cuarta ola de la pandemia es inminente y este escenario abre preguntas sobre las fortalezas y debilidades del sistema de salud boliviano, público y privado, para enfrentarla.
Por ejemplo, existe preocupación en las clínicas privadas por los aranceles máximos impuestos en la Ley de Emergencia Sanitaria, que no permitirían afrontar costos y que complicarían la atención en las coberturas que excedan a los montos asegurados.
En este y otros temas, hay un reclamo generalizado al gobierno central de un mayor diálogo sobre la salud, tanto desde las entidades privadas como desde los colegios profesionales, las gobernaciones y los municipios.
Para conocer más detalles sobre esto, eju.tv entrevistó al Dr. Pablo Sitic, past presidente del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Bolivia, y al economista Hugo Marcelo Balderrama.
“Hay que tener en cuenta los costos de las clínicas”
“La cuarta ola está ya instituida. Es notorio que el número de pacientes positivos está elevándose cada vez más. Lo grave es que no se está realizando la cantidad de estudios que se venían haciendo en la época de la tercera ola”, señaló Sitic.
Sobre los topes en los aranceles fijados a las clínicas privadas por la Ley de Emergencia Sanitaria, opinó que “son bajos y el gobierno quiere controlar sin medir los gastos que tienen las clínicas en la atención a los pacientes. No es lo mismo tratar a un paciente en una terapia intermedia, en una terapia intensiva o en una habitación individual”.
“Estos aranceles son diferentes a los de la seguridad social y a los de los hospitales públicos, porque en las clínicas privadas les ofrecen a los pacientes toda la medicación de primera y con equipamiento de alta tecnología. Se usan equipos desechables que no son reutilizados y la atención se hace con un número apropiado de profesionales, de acuerdo a lo que mandan los protocolos. Eso tiene un costo mayor. Adicionalmente, las clínicas no tienen una subvención, como la que sí tienen las cajas de seguridad social mediante la obligatoriedad. Entonces, hay una diferencia y el control tiene que ser con racionalidad”, remarcó.
Diálogo sobre la salud
Tanto para la revisión de estos aranceles máximos como para tratar otros temas en torno a la pandemia, señaló que sería necesario “un diálogo abierto y real” del gobierno con los diversos actores del sistema de salud.
“Lo ideal siempre es el diálogo, pero abierto y sincero, cosa que el gobierno central, cuando se trata de salud, no ha hecho. Siempre trata de imponer, de minimizar las autorizaciones o gastos para gobiernos departamentales o municipales que no son de su misma línea. Incluso la distribución de ciertos medicamentos ha sido poco equitativa, priorizando lugares por afinidad política”, indicó.
Sitic dijo que el departamento con mayor conocimiento sobre la pandemia es Santa Cruz y debería escucharse esta experiencia. “Es donde se manejó mejor. Se implementaron los domos y se contó con mayor número de camas, con el apoyo del sector privado. Incluso se diseñó un plan de vacunación del que se adueñó el gobierno central, que lo presenta como propio”, comentó.
“Cuando llaman a un diálogo es para decir: esto es lo que se va a hacer, de acuerdo a la visión que ellos tienen, sin escuchar las opiniones de los otros. No permiten que actores como el Colegio Médico o las Sociedades Científicas, que están en el día a día con los pacientes, puedan opinar al respecto. Pero si se hace un diálogo sin fines políticos, el sistema de salud mejoraría mucho”, enfatizó.
“Gran parte del costo son impuestos”
Por su parte, Balderrama opinó que “gran parte de los costos de las clínicas privadas son impuestos”, por lo que correspondería bajar esa presión si se quiere reducir aranceles.
“La retórica del gobierno que dice que la salud es un derecho es sólo eso, retórica, porque la persecución tributaria es la misma, sea para un empresario que fabrica zapatos o para quien monta una clínica privada. En Cochabamba, suele suceder que en los operativos de impuestos se pone más presión sobre las clínicas privadas que sobre otros negocios. Es muy común que uno se encuentre con fedatarios de impuestos en la puerta de las clínicas privadas. Y los procesos de fiscalización son más agudos”, señaló.
El economista mencionó como muestra de la voracidad fiscal sobre el sector salud la Resolución 10-0015-14 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que amplió la designación como agentes de información a clínicas, hospitales y centros de salud, con el propósito de que reporten a la administración tributaria sobre la cantidad de intervenciones que realizan los profesionales médicos (cirujano, anestesista, instrumentista, asistente y demás especialistas) y los ingresos que perciben.
“Encima, ahora se les ha impuesto una regulación de precios, una medida que nunca ha funcionado”, añadió.
Edición y entrevistas: Emilio Martínez
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