Al menos cuatro sectores del aparato productivo nacional (constructores, transporte pesado, industriales y exportadores) rechazan y piden anular el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. En tanto que el Gobierno, estimó en $us 112 millones las pérdidas por el paro movilizado y acusó a las ‘élites’ de pretender perjudicar la recuperación económica.

Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), el gerente general Javier Arze, afirmó que el sector respaldó y acató 100% el paro definido por el movimiento nacional y otros sectores de la sociedad civil.

A su juicio, la norma que se pretende promulgar vulnera derechos fundamentales de las personas y contiene varios artículos cargados de subjetividad. Hizo notar que Cadecocruz tiene varias observaciones y espera ser convocada por el Gobierno para dilucidar las objeciones en mesas técnicas.

En opinión de Arze, no es posible que se proyecten nuevas normas al sector empresarial que en la actualidad resiste una sobrerregulación en varios ámbitos. “Es necesario suprimir o anular este proyecto de ley que está generando rechazo y descontento social”, dijo.

Según Arze, cuando el sector paraliza sus actividades entre 120.000 y 130.000 obreros dejan de trabajar. A escala nacional, el sector representa el 10% del empleo directo.

Jorge Cwirko, presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Santa Cruz (AEPI), dijo que el grueso de las 650 unidades acató el paro, salvo excepciones de algunas que por la complejidad en su equipamiento y funcionamiento no lo hicieron. “El sector también rechaza y pide anular dicha ley”, mencionó.

Según el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, el sector ve con marcada preocupación las posibles afectaciones a los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos. En ese sentido, dijo que Caneb ha solicitado abrir un espacio de participación y de revisión del proyecto de ley. “Es importante que se garanticen los derechos que están planteados en la Constitución y en instrumentos normativos de carácter supranacional. Pensamos que una forma para lograr ese cometido es que pueda darse paso a un control de constitucionalidad, que puede reguardar y garantizar los derechos que estarían siendo vulnerados”, puntualizó.

De los efectos del paro en el sector, Olguín indicó que es variable, pero que entre enero y agosto, sin contar las exportaciones tradicionales, el sector despachó 10,1 millones de toneladas de mercancías a mercados externos., por un valor de al menos $us 7.000 millones.

Estado de indefensión

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), señaló que todas las unidades que componen el sistema de transporte de Santa Cruz (camiones, micros, minibuses, taxis y radiomóviles) respaldaron con contundencia y 100% el paro. Aclaró que hubo tolerancia con aquellos camiones que estaban en tránsito aduanero.

Sobre los perjuicios, Cruz anotó que es preferible perder un día de trabajo, que estar en total indefensión de leyes autoritarias que pretende implementar el Gobierno. No cuantificaron las pérdidas.

En criterio del presidente del Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, el sector público viene generando una nueva arquitectura jurídica en relación a las actividades económicas-empresariales que debe ser concertada con el sector privado y sectores afectados para evitar efectos adversos sobre el funcionamiento del aparato productivo y de la economía en su conjunto.

Según Blazicevic, en un día de paro en el sector industrial se generan problemas para la producción y ventas en torno a $us 20 millones, considerando que el sector representa el 16% del PIB.

Efectos del paro y la ley

Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, el paro de actividades con bloqueo en todo el país generó $us 112 millones en pérdidas económicas, siendo las personas que viven de su trabajo diario (comerciantes, transporte, industria manufacturera, sector agropecuario, transporte urbano y aéreo) los más perjudicados. Acusó a las ‘élites’ de pretender perjudicar la recuperación económica e instó al diálogo a las organizaciones movilizadas.

Para el titular del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez, un paro siempre trae perjuicios económicos, pero cuando se sopesa con costos, en este caso parar un día, es menor el importe en desinversión, desbancarización y otros que vienen de la mano con este ‘paquete’ de normas que atentan contra las libertades individuales de los habitantes de este país.