Dirigentes de Eterazama ingresaron a una vivienda privada y expulsaron a sus habitantes sin respaldo legal. Tomaron posesión del predio y construyeron su sede sindical.
Fuente: paginasiete.bo
María Mena M. / Cochabamba
Los miembros de la familia Vergara Guzmán no hallan paz. En abril pasado, organizaciones sociales del MAS los expulsaron de su comunidad en Eterazama, en el Chapare, y se apropiaron -sin fundamento legal- del 50% de su casa. Desde entonces la familia afectada busca justicia, pero no la halla: pasaron de vivir en la calle, en una carpa armada en la plaza de Villa Tunari, a un cuarto sin agua potable ni alcantarillado en el extremo sur de Cochabamba.
Todo comenzó como un conflicto familiar por la disputa legal de un terreno en la localidad de Eterazama en el municipio de Villa Tunari. La rivalidad entre las familias de los hermanos Juan y Vicente derivó en la intervención de la central campesina; pero la decisión que tomó no fue salomónica, pacífica ni constitucional.
El terreno de la discordia
Kimberly, la hija de Juan Vergara, cuenta que en 1984 su padre compró un terreno de 849 metros cuadrados en la localidad de Eterazama. En 2007 se inició el saneamiento de tierras en la zona, pero Juan no pudo seguir el proceso personalmente pues su madre había enfermado y él debía viajar a Potosí, la tierra de su familia.
“Se va al campo a cuidar a mi abuela y le confía a su hermano Vicente el seguimiento del terreno; él acepta y se queda con los documentos. Entonces, mi tío se hace amigo de los dirigentes del Chapare y uno de ellos le dice que haga registrar su nombre en el terreno. Al final, entre 2012 y 2013 los papeles salieron 50% a nombre de mi papá y 50% a nombre de mi tío”, recuerda Kimberly con pesar.
La joven asegura que el registro del terreno a nombre de su tío no es legal porque en el folio real no demuestra la propietario del 50%. Su padre -dice- tiene los documentos de compra y venta del 100% de la propiedad.
A mediados de 2020, cuando el país vivía lo peor de la pandemia de covid, Vicente Vergara perdió la vida, víctima de la primera ola. “Mi padre estaba en Potosí cuando mi tío murió. Estábamos en plena cuarentena”, dice Kimberly.
En diciembre del año pasado, afectado por la crisis, Juan Vergara decide que su familia regrese a Eterazama para habitar su propiedad e iniciar un negocio con la venta de tucumanas y anticuchos. Justamente ese terreno de 849 metros cuadrados colinda con el mercado principal 1 de Mayo de esa localidad, una zona estratégica para el comercio.
Meses después de establecerse -cuenta Kimberly- fueron sorprendidos por la viuda de su tío y sus hijas que argumentaban que también son propietarias del terreno, respaldándose en la declaratoria de herederos que tramitaron tras el deceso de Vicente.
Después de tres intentos fallidos de conciliación entre ambas familias, Juan Vergara inició un proceso civil en busca de la nulidad de los documentos que reconocen a su hermano como copropietario del terreno.
Según Kimberly, la familia del difunto inició entonces una campaña de desprestigio ante los dirigentes y la comunidad, victimizándose y amparándose en los documentos de Derechos Reales.
Desde abril a la fecha, ambas familias estuvieron involucradas en un conflicto interno, marcado por la violencia física y psicológica que trascendió a las redes sociales y los medios de comunicación de Cochabamba. La disputa llegó a conocimiento de los habitantes y altos dirigentes de Eterazama y Villa Tunari, por lo que decidieron asumir acciones.
Expulsión y expropiación
El 12 de abril, las organizaciones sociales que conforman la Central Campesina de Eterazama emitieron un voto resolutivo que resuelve “la expulsión de la familia que integra el entorno del Sr. Juan Vergara por incumplimiento de normas estrictas que representen al derecho de la vida e incumplimiento de la función social hacia la población. Así mismo notifica que el 50% de la propiedad en disputa será administrado por parte del Comité Cívico a favor de la población de Eterazama”, dice el documento al tuvo acceso Página Siete.
El 28 de abril en la plaza principal de Eterazama se realizó un cabildo. Ese día, la otra hija de Juan Vergara, Daniela, realizó una transmisión en vivo de la asamblea, a través del Facebook, pese a la oposición y amedrentamiento verbal y psicológico de los lugareños. El video obtuvo 474 comentarios y fue 1.126 veces compartido.
“Del 50% el caballero (Juan Vergara) se quiere adueñar una vez que su hermano murió. En 2020 toda su familia agredió al señor Vicente y a raíz de todo el daño psicológico al poco tiempo murió. No conformes con eso vinieron a la población insultando y amenazando. Eso no vamos a permitir. No decimos que no sea dueño, pero el maltrato que ha sufrido don Vicente no vamos a tolerar”, se escucha decir en el video a un dirigente del comité cívico.
Concluido el cabildo, los dirigentes dieron cumplimiento al voto resolutivo y desalojaron a la familia Vergara Guzmán de su propiedad, ante la mirada curiosa de los vecinos. Nadie los ayudó.
En otro video, publicado en las redes sociales por Kimberly, se observa sus escasas pertenencias a la intemperie en plena avenida. Baldes, catres, colchones, ropa, ollas, sillas y otros muebles estaban esparcidos en la calle.
“Desde el 28 de abril hasta hace dos semanas vivimos en la calle en una carpa armada en la puerta del Palacio de Justicia de Villa Tunari. Era una protesta. No teníamos a dónde ir”, lamenta Kimberly.
Ante la indiferencia de instituciones y la Policía, que conocen el caso, el 27 de agosto Juan Vergara presentó una acción de amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba contra los dirigentes y la viuda de su hermano que participaron en la expulsión.
Entre abril y septiembre, demolieron la precaria construcción que había levantado Juan Vergara en su terreno y en su lugar levantaron otra -supuestamente con recursos del comité cívico- para destinarla a su sede sindical y a una guardería. “Ahora la manzana de la discordia es la construcción. No quieren que entremos, nos han botado”, dice Kimberly.
El 10 de septiembre el Tribunal de Justicia emitió una sentencia que restituye a la familia Vergara Guzmán a su propiedad en Eterazama, dejando sin efecto el voto resolutivo de expulsión. Sin embargo, pese a que el documento es de conocimiento de los dirigentes, no les permiten retornar.
Ahora esperan un memorial que instruya a las fuerzas del orden coadyuvar a que la familia Vergara Guzmán retorne a su propiedad. Mientras tanto, los ocho miembros viven en Pampa San Miguel, en un cuarto dentro de un lote sin muros, sin agua ni alcantarillado. Don Juan está delicado de salud y su esposa se dedica a la venta ambulante de helados para mantener a tres de sus hijos: dos universitarias y un colegial de 16 años.
Página Siete intentó comunicarse con los dirigentes que firmaron el voto resolutivo, pero no obtuvo respuesta El presidente del comité, Édgar Gonzales, y el presidente del mercado 1 de Mayo, Julio Oscio, no quisieron atender a este medio pese a la insistencia.
“Cinco meses vivimos en una carpa armada ante el Palacio de Justicia de Villa Tunari. Era una protesta. No teníamos a dónde ir”.
Kimberly Vergara, afectada
“El 50% de la propiedad en disputa será administrado por parte del comité cívico a favor de la población de Eterazama”.
Resolución Central Eterazama
“Es un ejemplo de mala aplicación de justicia comunitaria que afecta los derechos y muestra la crisis del sistema judicial”.
Roberto Laserna, analista
“Ninguna central puede afectar propiedad privada”
“Ninguna organización social puede afectar a la propiedad privada. En nuestros estatutos no existe esa figura. Yo pertenezco a los interculturales de las Seis Federaciones del Trópico y no hay eso en los estatutos. Nosotros no podemos expropiar propiedades privadas”, afirmó el senador Félix Ajpi, del MAS, consultado sobre el voto resolutivo de expulsión emitido por las organizaciones sociales de Eterazama en contra de la familia Vergara Guzmán.
El senador y también dirigente de los Interculturales del Chapare (las Seis Federaciones están conformadas por cuatro federaciones de interculturales y dos federaciones de los campesinos) dijo que si el terreno es propiedad agrícola, urbana o rural del municipio, hay reglamentos y normas que pueden definir su destino legal.
Por su parte, el diputado Héctor Arce, del MAS, aseguró que hubo casos, sobre todo en las áreas rurales, en los que una persona fue expulsada y despojada de su propiedad por las organizaciones sociales tras cometer “delitos graves”. “En algunos lugares, si la persona comete delitos graves, la expulsan. Si ha violado, si ha asesinado, si es algo grave”, sostuvo.
Por el momento, sólo la Defensoría del Pueblo del trópico realiza seguimiento al caso Vergara. “Aún no está definido qué parte del 50% corresponde a tal familia y han surgido problemas internos. Ante eso, los dirigentes, del comité cívico han tomado una determinación muy fuerte porque hubo mucha pelea.
Por eso salió el voto resolutivo de expulsión, pero desde el primer momento nosotros dijimos que eso no se puede hacer valer. Hemos hablado (con los dirigentes), pero no han dado su brazo a torcer”, dijo el representante del Defensor del Pueblo en el Chapare, Hernán Quezada.
Desde el área legal del Concejo Municipal de Villa Tunari aseguraron no tener conocimiento del caso; pero aclararon que “una sentencia judicial se antepone a un voto resolutivo sindical o de las organizaciones sociales”.
Para el analista político Roberto Laserna el caso de la familia Vergara es un claro ejemplo “de aplicación de la justicia comunitaria demostrando la crisis del sistema judicial boliviano, afectando de una manera perniciosa los derechos de las personas”.
Fuente: paginasiete.bo