El viceministro de Justicia, César Siles, descartó este jueves “fehacientemente” la posibilidad de otorgar alguna renta a las víctimas de las masacres de noviembre de 2019 en Bolivia.

La autoridad, en una entrevista con La Razón Radio, dijo que entre los 22 puntos del pliego petitorio de la marcha de las víctimas de la represión policial-militar de entonces estaban la demanda de una “ayuda de Bs 10.000 para gastos de sepelio, (otra) ayuda de Bs 50.000 como nivelación de los grados de invalidez y un salario mínimo de Bs 5.000”.

Pero “el tema es que en ninguna parte del mundo (…) se puede generar un salario, una renta vitalicia, para las víctimas; lo que se habla en el derecho internacional, inclusive en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una compensación económica”, afirmó.

En ese sentido, según la autoridad, durante las casi 30 horas de diálogo con los marchistas (que concluyó el miércoles con la suscripción de un acuerdo inicial), se les recordó que el Decreto Supremo 4176 –emitido por el gobierno de Jeanine Áñez– ya recompensó económicamente a los familiares de los muertos y a los heridos.

Aunque ahora ellos “quieren incluir a otros sectores (más, que) sí podemos trabajar, para eso hay un plan de implementación de la reparación integral, (pero) también quieren a los que ya han recibido estos recursos para que se les pueda ampliar o se les pueda recalificar”, explicó.

El Gobierno se comprometió a “hacer los esfuerzos” para ejecutar esa “recalificación”. Es decir, “por ejemplo, si te han calificado con un grado de invalidez que máximo daba para una indemnización de Bs 20.000, podemos hacer una recalificación y por ahí realmente merece 30.000, 40.000 o 50.000 como dice el Decreto y eso se comprometió”, confirmó.

Asimismo, de acuerdo al viceministro, el Gobierno se comprometió a revisar nuevamente sus descargos que han presentado para acceder a los beneficios del Decreto Supremo 4176 donde “también se habla de reembolso por gastos médicos”.

Algunos de los marchistas, por ejemplo, alegaron que no les aceptaron sus facturas o recibos de descargo y, frente a esa postura, el Gobierno decidió volver a revisar sus documentos.

“Pero respecto a ya mayores erogaciones económicas, vamos a presentar un plan; estamos seguros de que para este año es imposible cubrir esa demanda, ya más adelante podemos sentarnos cuando tengamos el plan aprobado”, sostuvo.

Siles añadió que ese plan generará una nueva ley, que actualmente ya está en la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

Se trata de una “ley de reparación integral y esperemos que ya los próximos años podamos tener los recursos para poder cumplir con esta compensación, pero en ningún caso, y lo hemos dicho fehacientemente, una renta vitalicia o algo por el estilo, porque no corresponde”, remarcó Siles.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó implementar en el país un plan de reparación integral de los daños, pero Siles recordó que la investigación de ese organismo internacional se limitó solo a un periodo de tiempo (el último trimestre de 2019).

Sin embargo, “nosotros creemos que de enero a octubre de 2020 también hubo vulneraciones de derechos fundamentales y toda esa gente es víctima”, señaló.

Por eso, la autoridad calcula que existen al menos un total de 5.500 víctimas de los hechos de violencia de 2019 y 2020 en Bolivia.

Incluso anticipó que esas víctimas serán divididas en al menos en cinco categorías dentro del plan de implementación de la reparación integral: fallecidos, heridos, perseguidos políticos, presos o detenidos indebidamente y torturados.

“Y aprovecho para invitar a todos estos grupos organizados y no organizados a que se puedan presentar en el censo de las víctimas que también se realizará”, apuntó.