El Gobierno machaca con que hay una «conspiración» ante pedidos de anulación de la ley 1386

Ante los pedidos de abrogación de la Ley 1386, el ministro de Defensa Edmundo Novillo insistió en que hay una «acción conspirativa» por parte de supuestos «grupos de poder» económicos y políticos como los comités cívicos.

El Gobierno machaca con que hay una "conspiración" ante pedidos de anulación de la ley 1386

Fuente: https://brujuladigital.net



«El problema no fue la ley sino una acción conspirativa que busca desestabilizar al Gobierno y dañar al pueblo a través de engaños porque los intereses económicos de esos grupos opositores se veía en peligro» afirmó hace instantes en declaraciones en Bolivia TV.

Según dijo que el objetivo de archivar el proyecto de ley 218 fue «mantener la estabilidad económica y la paz social» y que el gobierno de Luis Arce evitará por todos los medios «que Bolivia no sea víctima de la destrucción financiera a través de la paralización» de actividades.

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoritas, Vivanderos y Trabajadores por cuenta propia demandan la abrogación de la 1386 de estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas porque afecta su sector.

En un ampliado nacional, el sector determinó exigir la abrogación de dicha norma en un plazo de 72 horas caso contrario el jueves 21 de octubre se declararía un paro general con suspensión de actividades y cierre de fronteras en coordinación con las organizaciones del autotransporte pesado internacional, según se lee en el documento.

Para Novillo, la oposición «ha definido una serie de estrategias para complicar al Gobierno (…) con medidas que tienen el pretexto de convocar a movilizaciones que sólo tienen el objetivo de convulsionar al Estado y generar confrontaciones».

Para los sectores declarados en estados emergencia, el retiro del proyecto de Ley 218 no es suficiente porque la Ley 1386 mantiene la persecución contra el sector económico informal.

Para el ministro Novillo, pedir que se retire esta norma y otras como demandó la oposición política es sólo una «punta de lanza» para dañar al Gobierno y su política económica.

La autoridad gubernamental apeló al diálogo para resolver las dudas de los sectores sociales en estado de movilización.