El PCC opera en Bolivia desde 2010, pero el Gobierno lo niega

Fuente: paginasiete.bo

Luis Callisaya  / La Paz

El Primer Comando de la Capital (PCC) es la organización criminal más grande de Brasil y opera en Bolivia desde 2010. A partir de ese año en adelante, varios miembros de esa organización, vinculada al tráfico internacional de armas y drogas, aparecieron en territorio boliviano involucrados en una serie de ilícitos. Recientemente se apuntó al país como el santuario del “Narcosur”, como se conoce al cártel de droga que reúne a los líderes de la cúpula del PCC. El Gobierno boliviano negó tal aseveración y pidió informes a su par de Brasil.

El PCC surgió a inicios de la década de los 90 del siglo pasado en la cárcel de Taubaté de Brasil; es la organización criminal que más ha crecido en la región y de las mayores asociadas al tráfico de drogas.

Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), de padre boliviano y madre brasileña, es el principal líder de esa organización que desde 2001 en adelante se expandió al extremo de dejar atrás al Comando Vermelho (CV), otra facción criminal brasileña de los 70.

Los líderes del PCC tienen sus negocios con los “ndrine”, las familias que integran la “Ndrangheta”, la mafia de Calabria, la más poderosa de las organizaciones criminales de Italia, que se queda con el 40% de toda la droga que el PCC negocia en Europa a cambio de que la carga de cocaína de América del Sur pueda circular en ese continente.

La organización criminal controla la ruta de la droga peruana y colombiana que se juntan a la cocaína boliviana, según un reportaje de del diario O Estado de San Paulo.

El exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo explicó que al PCC le interesa tener control en Bolivia porque es una ruta estratégica donde llega la droga de Colombia y Perú y se suma a la boliviana, para luego llevarla a Brasil y enviarla a Europa a través de países de África.

“Nosotros somos un Estado que estamos dentro de un continente donde el narcotráfico es moneda común. Paraguay es el primer productor de marihuana; el segundo mayor consumidor de droga es Brasil; Colombia con Perú conjuntamente con Bolivia son los tres primeros (productores de cocaína), Bolivia sirve incluso de paso para la droga colombiana y peruana (…) Estamos dentro de una ruta de narcotráfico”, mencionó a Página Siete el exfiscal.

En 2010 se detectó algunas operaciones de esa facción en territorio boliviano. La Policía detuvo y expulsó a Maximiliano Dorado Munhoz de Filho (Niño de Oro), acusado de asesinato de 12 agentes federales, tráfico internacional de drogas, lavado y ocultación de bienes. El narco ya había sido detenido en Bolivia en 1995, acusado de comerciar con cocaína desde el país hacia Brasil.

En 2012, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) descubrió las rutas fronterizas de la droga de tres grupos del PCC en el país: Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez, que conectaban con las regiones brasileñas de Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.

Ese año, efectivos antinarcóticos lograron capturar en Santa Cruz a Ezequiel Dorado, hermano de Ozzie y Maximiliano, nexos de una facción del PCC que enviaban droga desde Guayaramerín, Beni. Después de la caída de Maximiliano en 2010, Ezequiel y Ozzie tomaron el control, pero años después también fueron apresados.

En 2013 se confirmó que las otras dos facciones seguían operando desde San Matías y Puerto Suárez, en Santa Cruz. El entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó de la captura del ciudadano peruano Carlos Palomino (Ray) y los colombianos Amadeo Parra Moreno (Choyo) y Dumar Fabián Gonzales, vinculados al cártel del PCC.

Un año después, el que era ministro de Gobierno, Jorge Pérez, reportó que ocho personas, entre ellos dos policías, fueron detenidos por tráfico de armas: fusiles para operaciones de asalto y municiones que perforan chalecos antibalas, eran enviadas por un boliviano desde Estados Unidos, vía correo, para que luego sean transportadas hasta San Pablo (Brasil), a fin de equipar al PCC.

Los miembros de la organización criminal reaparecieron en 2017. En marzo, un grupo asaltó la empresa de valores Brinks en Roboré, Santa Cruz, llevándose 2,6 millones de bolivianos y 350 mil dólares. Luego, el ministro Carlos Romero informó sobre la captura de varios de los asaltantes, entre ellos identificó a “emisarios” del PCC, liderados en ese momento por Mariano Luiz Tardelli.

En julio, se registró otro atraco, esta vez a la joyería Eurochronos de Santa Cruz, que dejó cinco personas fallecidas. Tres personas fueron detenidas y la Policía reportó que serían miembros del PCC. Posteriormente, se informó que uno de los jefes del PCC, Carlos Roberto de Jesús Magrao (recluido en el penal de Palmasola), habría planificado y organizado desde la cárcel ese asalto.

El mismo mes, Romero informó que la Policía aprehendió en Cobija, Pando, a cinco delincuentes brasileños vinculados al PCC, entre ellos Jorge Pisco Da Silva, fundador de una facción de esa organización criminal denominada B13-PCC y anunció su inmediata expulsión.

En diciembre, la Policía frustró otro atraco armado a una millonaria remesa, acto planificado por la organización criminal “Hermandad”, que tenía nexos con el PCC. Ese mismo mes, los uniformados capturaron a cinco sujetos que estarían vinculados a esa facción, quienes aterrorizaron con armas a una familia del municipio de Taraco, en La Paz, y secuestraron a un joven.

En 2018, surgió una polémica en el país después de que el diario O Globo revelara que Gilberto Aparecido dos Santos (Fuminho), líder del PCC, vive en Cochabamba, en una hacienda en el Chapare. El entonces ministro Romero informó que ingresó al país el 2008 con un nombre falso, pero que luego se fue a otro país.

También se conoció ese año que las autoridades paraguayas detuvieron en Asunción al brasileño Eduardo Aparecido de Almeida (Pisca), considerado un importante jefe del PCC, de quien se dijo estaba a cargo de las operaciones del grupo criminal en Paraguay y Bolivia.

En 2019, la Policía brasileña detuvo a Sergio de Arruda Quintiliano (Minotauro), uno de los jefes del PCC que se dedicaba al tráfico de drogas originarias de Bolivia e introducidas en Brasil por la frontera sur con Paraguay.

La Policía boliviana también detuvo en Santa Cruz al peligroso narco Leandro Lunz de Souza, un súbdito vinculado al PCC y buscado por la justicia brasileña por cometer una serie de delitos.

Hasta ese momento, el gobierno de Evo Morales negó que el PCC se haya instalado en Bolivia, pero admitió que había la presencia de “emisarios” de esa organización que operaban esporádicamente.

En 2020, en el gobierno transitorio de Jeanine Añez, se develó que miembros del PCC cruzaban la frontera desde Brasil para reclutar gente en Bolivia y tener sus eslabones para desde aquí traficar cocaína y armas. También se expulsó a miembros de esa organización criminal y se anunció que unos 26 extranjeros, del PCC y del Comando Vermelho que están en cárceles bolivianas, correrían la misma suerte.

En marzo, el que fue ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó sobre la expulsión de Mariano Luiz Tardelli (cabecilla del atracó a Brinks), Jesús Carlos Roberto (robo agravado) y Edgar Do Santos Silva (cohecho activo y organización criminal), todos pertenecen al PCC, aseguró Murillo.

Otro hecho fue la explosión de una granada de guerra en el penal de Mocoví, Trinidad. Un reo presunto miembro del PCC habría ocasionado la muerte de otro reo haciendo detonar el explosivo.

Aquel año, la BBC Mundo publicó un reportaje en el que reveló que el PCC no solo tenía hegemonía en Brasil, sino también en Sudamérica. Detalló que la facción cuenta con más de 29.000 miembros, de los cuales alrededor de 7.000 están encarcelados.

El reporte mencionó que la organización criminal tiene dominio absoluto de la “ruta caipira” (ruta de la droga), que va desde Perú y Bolivia, pasa por Paraguay y termina en Brasil. Perú y Bolivia son productores destacados de la hoja de coca y Paraguay de marihuana. Y el mercado brasileño de drogas es muy rentable y desde ese territorio se envía la droga hacia otros continentes.

Ahora, en esta gestión, publicaciones del diario O Estado de San Paulo y la red televisiva Bandeirantes apuntaron a Bolivia como el  santuario del “Narcosur” y con presencia de jefes narcotraficantes del PCC.

Se trata de Anderson Lacerda Pereira (Gordo), André Oliveira Macedo (André do Rapper), Moacir levi Correia (Bi Da Baixada), Suaélio Martins Leda (Peixe), todos liberados por decisiones judiciales brasileñas entre 2016 y 2020. “Todos están operando desde Bolivia”, dijo el delegado Rodrigo Costa, responsable por el núcleo de la Policía Federal que investiga a la facción en San Pablo.

A ellos se suma Marcos Roberto de Almeida (Tuta), líder principal del PCC, de quien se dice se refugiaría en Bolivia. También están Sergio Luiz de Freitas Filho (Mijao o Xixi) y Valdeci Alves dos Santos (Colorido, Arcoiris o Embu). Todos vinculados al tráfico de drogas desde Paraguay y Bolivia hacia Brasil.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó la información difundida por  medios brasileños de que capos del narcotráfico estuvieran operando desde Bolivia. “Estarían faltando a la verdad”, afirmó, pero dijo que esperarán informes oficiales de las autoridades de Brasil.

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, informó que el Estado iniciará acciones judiciales contra el diario O Estado de Sao Paulo, por la publicación de un reportaje donde afirma que Bolivia se convirtió en un santuario del “Narcosur” y que hay presencia de un cártel de droga del PCC en el país.

“Estas organizaciones no existen en Bolivia, por lo tanto, rechazamos enfáticamente el reportaje irresponsable del diario O Estado de Sao Paulo que nos tilda de santuario del narcotráfico”, señaló Mamani.

Sin embargo, parlamentarios de oposición, de Comunicad Ciudadana y Creemos, señalaron que la presencia de grupos que operan en Bolivia es innegable y desde hace tiempo. Pidieron al ministro de Gobierno preocuparse por esta situación y combatir de manera frontal al narcotráfico.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga considera “doloroso y grave: vuelve el narco-estigma de los 80 a Bolivia, cuando en “Scarface” y noticias nos mostraban como un emporio de la cocaína. Ahora Band TV muestra penetración de criminales del PCC en nuestro país. Estas son las consecuencias de legalizar coca del Chapare”.

Página Siete conversó con un alto exjefe policial sobre este tema, quien pidió mantener en reserva su identidad, dijo que en 20 años no cambió mucho el panorama del narcotráfico, “siempre han estado desde la época de Techo de Paja, del rey de la cocaína, no ha cambiado casi. Obvio antes era directamente a los cárteles de Colombia, de Cali y de México, pero después se han extendido las fronteras amplias”. Sugirió potenciar a la Policía con más equipamiento, personal y mayor presupuesto.