El trato del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) hacia la demanda de los sectores sociales es diferenciada. Ante la movilización de los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata decidió de manera inmediata establecer el diálogo, en tanto, los indígenas que marcharon por 19 días de Beni a Santa Cruz esperan más de un mes reunirse con el presidente Luis Arce. El Gobierno acepta las demandas de unos y desvirtúa el pedido de otros.

Después de una semana de caminata, este martes representantes de familiares y víctimas de los sucesos de 2019 serán recibidos por una comitiva gubernamental de los ministerios de Gobierno, Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) para atender sus demandas.

 El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos,  entregó la convocatoria a los marchistas para reunirse en el Ministerio de Justicia para informar de los avances y el estado de situación de las demandas del sector.

 “Tal vez hay un poco de desconocimiento, de actualización respecto a los avances, que es importante que ellos los conozcan y, a partir de ello, ya ir viendo por temática o por sector de transmisión los puntos y la forma en que vamos a ir trabajando”, señaló.

Los marchistas presentaron 22 demandas a las autoridades, entre las que se contempla iniciar juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por Jeanine Áñez que aprobó el decreto 4078, conocido como el “decreto de la muerte”. Esta norma liberó de responsabilidades penales a policías y militares que participaron en los operativos.

Asimismo, plantea procesos penales en contra de los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, ya que formaron parte del plan operativo contra el pueblo, y de los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.

El defensor del Pueblo de El Alto, David Inca, dijo que la justicia tarda en procesar a los presuntos responsables, entre ellos un grupo de satinadores, médicos que atendieron mal a los heridos, entre otros.

Los indígenas

En cambio, el Gobierno desoye los planteamientos de los indígenas de tierras bajas sobre “parar los avasallamientos de sus tierras”, aceptar el funcionamiento del Parlamento Indígena, el respeto a su territorio, los recursos renovables y no renovables, además de su cultura, entre otros.

El partido gobernante calificó la marcha de los indígenas de política, desconoció su representatividad y atendió las demandas de una organización paralela a los originarios.

En ese contexto, el Gobierno pidió a los indígenas que incluyan sus demandas al diálogo que comenzó con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). Pero el dirigente Marcial Fabricano afirmó que aguardarán “con paciencia” el encuentro con el presidente Luis Arce.

El Ejecutivo cuestionó que, desde que comenzaron su recorrido en Beni hasta llegar a Santa Cruz, la marcha no tenía definido su pliego de demandas, pese a los reiterados pedidos que  hicieron para comenzar a atenderlos.

Adepcoca

En este trato diferenciado, el Gobierno reprimió a productores de coca de Adepcoca no afines al MAS, luego de haber reconocido a un grupo de este partido que tomó por la fuerza la infraestructura de Villa Fátima.

Los cocaleros orgánicos recuperaron su espacio, pero a la fecha el Ejecutivo no regulariza la comercialización de la hoja milenaria.

Lanchipa anuncia inicio de juicio por Sacaba

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que en las investigaciones por las masacres de 2019 el caso Sacaba tiene mayor avance y se espera tener una acusación formal en noviembre para entrar a juicio.

“Nosotros tenemos, a través de la información de los fiscales asignados en la investigación, el propósito de concluir lo antes posible con esta etapa procesal y tener la formulación de la acusación en el caso de Sacaba (…)” , dijo Lanchipa .

El titular del Fiscalía refirió el tema a propósito de la marcha de víctimas de los hechos de 2019, que exigen justicia. Dijo que ya se hizo conocer oportunamente a estos sectores los avances de las investigaciones.

Señalar que en el caso Senkata y Sacaba, el Ministerio Público investiga la muerte de alrededor de 30 personas, ocurrida en noviembre de 2019, durante operativos de las fuerzas militares y policiales contra manifestantes que rechazaban al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En estos casos están implicados exjefes militares y de la Policía, además de exministros.  Sobre la expresidenta Áñez, Lanchipa explicó que la exmandataria ya tiene una proposición acusatoria por Senkata y Sacaba para EL juicio de responsabilidades y se espera la autorización legislativa.

En otros casos, como Montero y Yapacaní, en los que también se registraron bajas en 2019, Lanchipa dijo que hay procesos penales.

Trato parcializado

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que el Gobierno nacional avanzó en un 95% respecto a la atención de las demandas de los pueblos indígenas de Bolivia, a través de un trabajo coordinado con su dirigencia orgánica. Sobre la marcha de los indígenas que llegaron de Beni, recordó que pese a que fueron convocados y “rechazaron a la delegación gubernamental”, el diálogo sigue abierto. El Gobierno acusa a este grupos de estar manejados por Luis Fernando Camacho, solo porque no comulgan con el MAS.

El trato del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) hacia la demanda de los sectores sociales es diferenciada. Ante la movilización de los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata decidió de manera inmediata establecer el diálogo, en tanto, los indígenas que marcharon por 19 días de Beni a Santa Cruz esperan más de un mes reunirse con el presidente Luis Arce. El Gobierno acepta las demandas de unos y desvirtúa el pedido de otros.