«Hay que hacer respetar la propiedad privada con sanciones ejemplificadoras»

Dice que lo importante es preservar la vida de los dueños de los predios que están siendo avasallados. Actualmente, denuncia que hay ocho propiedades invadidas en Santa Cruz.

Fuente: paginasiete.bo



Mery Vaca / La Paz

La actuación de un grupo armado, integrado por decenas de personas encapuchadas, que tomaron como rehenes a periodistas, policías y productores en la provincia Guarayos de Santa Cruz, ha encendido las alarmas sobre la elevada conflictividad por la tenencia de la tierra.

No sólo eso, sino que ahora hay evidencias de que empiezan a operar grupos armados al margen de la ley. Al respecto, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, en esta entrevista con Página Siete, dice que lo más importante en este momento es garantizar la vida de las personas porque el 75% de los productores habitan en sus propiedades rurales, aunque también reclama por la lentitud con la que el Instituto Nacional de Reforma Agraria sanea las tierras de la región.

El país ha visto en acción a un grupo armado que tomó rehenes con violencia. ¿Cuál es el fondo de este problema en Santa Cruz?

El fondo del problema es que estamos teniendo una escala distinta de violencia,  diferente a lo que era el avasallamiento, que también es un delito, porque hay gente que irrumpe en tierras privadas, tierras que están en proceso de saneamiento, o que tienen titulación o tienen resolución final de saneamiento, tierras en las que está garantizado el derecho propietario. Independientemente de esa acción, que ya es delincuencial, la otra ya es una acción que tiene otra connotación y con un grado máximo de violencia en la que se expone la vida de los propietarios, de los trabajadores, y de los amigos de la prensa, de la Policía. Son temas que no son normales, ya lo hemos advertido a las autoridades cuando a principios de agosto y a finales de agosto pasaron dos hechos similares. El primero también fue en Guarayos, donde efectivos de la Policía, dando cumplimiento a una orden de desalojo, fueron recibidos con armas de fuego, causando un grado máximo de violencia, quemando el bus en el que ellos estaban. Posteriormente la familia sufrió todo el amedrentamiento posible, le quemaron su casa, sus pastos, tanques de agua, le robaron animales, todo un flagelo bárbaro. Posteriormente tuvimos otro que también lo hemos denunciado a las autoridades, que se suscitó en la zona de San Julián, donde un propietario ha recibido un balazo, un tiro por escopeta. En ambos casos, lo que vimos nosotros es una falta extrema del Estado, una falta extrema que debió haber castigado ese hecho con las acciones contundentes que se requieren, para hacer prevalecer el estado de derecho, donde se tiene que garantizar la vida humana.

¿Eso quiere decir que hay varios grupos armados o es uno solo que anda circulando por diferentes predios?

No lo sabemos porque es parte del trabajo de las autoridades, las cuales han sido designadas para que cumplan ese rol de inteligencia, seguimiento y posterior identificación, con el procesamiento de los culpables, para que se siente con mano dura el Estado de Derecho.

¿Hay algunos indicios de quiénes pueden estar detrás de estos avasallamientos o detrás de estos grupos armados?

Nosotros, como productores, lo que estamos precautelando en este momento es la vida de nuestra gente. El 75% de los productores viven en sus propiedades y estamos hablando que un avasallamiento es tan similar a cuando alguien se le entra al patio de su casa, cuando pone en estado de indefensión a su familia y a su integridad física. Como productores no nos corresponde la identificación;  lo que nos corresponde es generar trabajo, empleo, seguridad alimentaria y por supuesto hacer lo que sabemos hacer,  que es producir. A las autoridades les corresponde investigar quiénes son esos grupos, saber si son los mismos o diferentes, cuál es su intención, es solamente un tema de generar tráfico de tierras, o cuáles son sus intenciones ocultas que tienen.

¿No cree que están actuando como paramilitares, terroristas o narcos?

Nosotros no podemos intuir eso, lo que podemos intuir es que son grupos que tienen una coordinación que va más allá de una persona que posee un arma para cazar como lo hace cualquier persona que vive en el campo. En las imágenes que hemos visto, es una connotación totalmente diferente.

Usted dice que hasta ahora el Estado no ha hecho nada. ¿Ustedes presentaron las denuncias correspondientes o cómo se actuó frente a los primeros indicios de violencia?

Los propietarios presentaron las denuncias, nosotros lo que hicimos fue denunciar públicamente y también ante las autoridades de que no se estaban tomando acciones que demuestren que había personas aprehendidas, procesadas, y de que había personas que estuvieran cumpliendo una condena. Públicamente  no lo conocemos, no lo hemos visto  y eso lo hemos manifestado.

¿Los predios donde se han producido los avasallamientos ya están saneados o están todavía en proceso? Leí que   la propiedad donde sucedieron los últimos hechos está en proceso de saneamiento.

En esta propiedad, donde se ha producido un grado totalmente diferente de violencia más allá del avasallamiento, el equipo jurídico nuestro está en el análisis correspondiente para poder emitir un criterio. Pero, independientemente de eso, hay otros ocho predios que se encuentran avasallados, que están siendo objeto de saneamiento dentro del INRA;  por lo tanto, el derecho propietario todavía no está perfeccionado, pero eso no significa que esté en duda la propiedad de las personas que están trabajando esas tierras. Hay otro tipo de conflictos en propiedades que ya tienen titulación, que ya no corresponde al INRA, corresponde la denuncia a juzgados agrarios. Eso es tan similar a que se entren a su casa y empiece una disputa de ver quién  tiene el derecho propietario en Derechos Reales. Para eso nosotros tenemos los juzgados agroambientales y existe una tercera instancia, cuando existe la resolución final de saneamiento que, al igual que la titulación, ya no está en tuición del INRA.

¿Cuánto ha hecho el gobierno de Luis Arce para resolver la problemática de la tierra?

Hemos avanzado nosotros con el INRA y como sector privado hemos generado un equipo jurídico multidisciplinario, con las 16 instituciones que componen la Cámara Agropecuaria del Oriente, a la cabeza de nuestro equipo. Lo constituimos como control social, el cual está habilitado en el INRA, en la ABT y en el Viceministerio de Tierras. Lo que hace este equipo es coadyuvar a toda persona que está siendo objeto de vulneración de su derecho propietario;  lo acompaña en todo ese proceso, no solamente en las propiedades que tienen conflicto, sino en otras que tienen una retardación muy grande en el proceso de titulación, para el perfeccionamiento de su derecho propietario. Es ahí donde hemos trabajado mano a mano con el INRA, permanentemente, en reuniones técnicas en las que hemos hecho la verificación de que los predios en los que hay avasallamiento, tienen un derecho propietario que se está perfeccionando. La semana pasada ya se tuvo la respuesta del INRA y esta semana estamos recibiendo las órdenes de intimación de desalojo que tienen que hacerse cumplir posteriormente con el Ministerio de Gobierno y con la Policía. Estamos avanzando en los ocho predios donde estamos haciendo acompañamiento en esta comisión.

El Gobernador convocó a la Comisión Agraria Departamental, pero el INRA y el Gobierno se negaron a asistir. ¿Qué implica eso para la solución integral del problema?

Nosotros precisamos avanzar con las entidades que tienen la tuición de dar la respuesta y en este caso es el INRA. Nosotros solamente vemos el carácter privado de las tierras y que está normado en el INRA. Por eso, el trabajo que hemos hecho es meramente técnico. Eso ha conllevado a que salgamos ante la opinión pública a hacer conocer que no se tenía un avance en la rapidez que se esperaba en los distintos tipos de trabajos que hemos encarado. Como también hemos sido lo suficientemente capaces de reconocer cuando hemos tenido grandes aciertos y avances con el instituto.

¿Cuál es el avance de las comunidades interculturales? Un informe de la Fundación Tierra dice que se han dado 1.400 autorizaciones de asentamientos de comunidades desde 2014. ¿Qué implica eso para el sector?

Nosotros solamente vemos el carácter privado de las tierras para los pequeños, mediados y empresarios de carácter privado. Todo lo demás está en tuición de quien corresponde.

¿La misma tierra es la que se disputa entre agroindustriales, interculturales, comunidades indígenas?

No, eso no es correcto. La tierra tiene claramente una delimitación y cuando son tierras privadas, o están en proceso de saneamiento, están con titulación o están con resolución final de saneamiento, son las tres instancias. Las otras corresponden a cada una de las instancias.

¿Cuánto se ha avanzado en el saneamiento en Santa Cruz y cuánto falta todavía?

Falta aproximadamente el 10% en Santa Cruz, alrededor de 3,5 millones de hectáreas, las cuales no están todas en manos privadas por supuesto. Falta que el INRA continúe con ese proceso y generar la certidumbre hacia el sector, para tener su predio ya saneado,  para generar crédito bancario y demás.

¿Por dónde pasa la solución estructural a este problema?

Primero que nada, por concluir el saneamiento. Llevamos más de 25 años en este tema, tenemos que concluir, no solamente el 10% que falta por sanear, sino también propiedades que están en proceso de saneamiento y tienen una lentitud enorme en ese proceso. Eso impide que se puedan tener los títulos respectivos. Lo segundo es que se tiene que hacer espetar la propiedad privada, tiene que ponerse sanciones ejemplificadoras, porque hay una ley de avasallamientos que habla hasta de seis años de cárcel a quienes cometan este ilícito. Cuando nosotros tengamos un estado, no sólo hablo por éste, sino por todo lo que ha pasado, con gente que esté presa y que se logre identificar y desarticular las bandas de traficantes de tierras, vamos a volver a mirar hacia un futuro donde los productores y hasta las mismas comunidades estén tranquilas de que su derecho propietario va a ser respetado.

¿Cuántos avasallamientos se han producido en el último tiempo y cuántos de esos han sido llevados a la justicia y hay detenidos? 

Durante este tiempo en el que soy presidente de la Cámara Agropecuaria, que son casi cinco meses, hemos tenido ocho casos, por los que se está coadyuvando con los propietarios. Adicionalmente a eso, lo que tenemos son indicios de que pueda  haber, pero no tenemos la capacidad de decir qué grado de legalidad tiene porque tiene que pasar por un procedimiento estricto de verificación de  la CAO.

Entre tanto, ¿cómo hacen las familias para defenderse?

La situación es terrible. Cuando se vulneran sus derechos, en este caso con el avasallamiento, en muy poco tiempo, en cuestión de días toman los predios y creen que son propietarios del mismo y empiezan a generar actividad en el mismo porque generalmente no avasallan en el monte, avasallan propiedades que tienen un alto nivel de avance o mecanización. Luego empieza el calvario de un propietario porque puede tardar hasta tres años para generar una orden de desavasallamiento o desapoderamiento en el Tribunal Agroambiental.  Hemos manifestado a las autoridades que no puede ser que con una rapidez impresionante se tenga gente que se apodera de lo que no es de ellos y, por el otro lado, quien tiene el derecho propietario consolidado, quien invirtió, quien se endeudó y quien ha puesto sus esperanzas en su trabajo, tenga que sufrir todo este calvario, con un proceso tan largo para hacer valer sus derechos.

Usted estuvo en La Paz estos días, ¿se reunió con el Gobierno?

Hemos tenido reuniones importantes sobre nuestra problemática. En este momento no nos interesa cómo está el perfeccionamiento del derecho propietario;  lo importante en este momento es el nivel de violencia con el que se ha actuado, se ha retenido a rehenes y se ha provocado un calvario a la vida de las personas. Hay personas heridas, tenemos en terapia intensiva a personas del lado de los propietarios. Hemos tenido reunión en el Ministerio de Gobierno y en el INRA.

¿Hay un compromiso de parte de las autoridades de parar estos avasallamientos?

Lo ha manifestado el Ministro de Gobierno, también hemos concluido una reunión con el viceministro de Seguridad Ciudadana, ha sido contundente en sentido de que (este tema) está siendo tratado en Inteligencia, en el Ministerio de Gobierno y pronto tendremos el resguardo que se precisa no sólo para los propietarios sino para volver al Estado de Derecho.

¿Cuál es la relación, en general, con el Gobierno? Por ejemplo, García Linera declaraba que el veto a las exportaciones fue un cálculo político.

La declaración tiene que ser asumida por quien la hace. Lo que nosotros tenemos es trabajo meramente técnico con las tres instancias de gobierno.

El líder de la Cámara Agropecuaria del Oriente.

HOJA DE VIDA

  • ¿Quién es?  Administrador de empresas, 43 años, empresario del sector porcícola.

  • Dirigente   Fue dirigente de la Asociación de Porcinocultores;  ahora es presidente de la CAO y de Confeagro, que agrupa al sector productor del país.