Verónica Zapana S. / La Paz

Cerca de las 16:00  de ayer,  el Hospital Percy Boland de Santa Cruz otorgó el alta médica a la niña de 11 años que está embarazada  a causa de una violación por parte de su abuelastro. La Iglesia   llevó a la pequeña  a  una casa de acogida,  donde viven otras víctimas de ese mismo delito.  Se conoce que a la mamá de la  víctima se le ofreció trabajo para continuar con el proceso de gestación.  El Gobierno anuncia sanciones.

“Evidentemente hoy (ayer) cerca de las 16:00 la niña recibió su alta médica y personeros de la Iglesia esperaban en la puerta para llevársela a una casa de acogida”, dijo a Página Siete el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), José María Velazco.

El jefe policial explicó que el hogar al que fue llevada la niña es un espacio “donde están otras víctimas de violación”, y lamentó que, en vez de resguardar  su integridad, se la mande a un espacio donde será revictimizada.

Velazco dijo que  fue la madre y la víctima  quienes aceptaron irse con  los personeros de la Iglesia. “La niña aceptó por influencia de su mamá y eso escapa de nuestra voluntad”, aseguró.

Según la autoridad policial, la mamá y la niña tomaron  esa decisión  “sobre la base del ofrecimiento que hizo la Iglesia Católica”. “Las convenció indicándoles que a la niña la van a educar y le van a dar un trabajo a la mamá”, explicó.

Velazco  dijo que no le consta,  pero se presume que la mamá de la niña recibirá un monto de 2.000 bolivianos  de forma mensual.

“La mamá trabajaba como cocinera y le ofrecieron pagarle lo que ganaba cocinando:  2.000 bolivianos. Entre bambalinas hubo ese acuerdo económico,  pues ese monto le pagarían por cuatro meses más”, dijo el  jefe policial.

La semana pasada se conoció la historia de la niña. Una pequeña que, sin saber que estaba embarazada, le dijo a su tía que algo se movía en su estómago. Luego de una revisión médica, se descubrió que la pequeña estaba en gestación de 21 semanas  a causa de una violación que cometió el abuelastro. Ella quería interrumpir el embarazo, por lo que fue trasladada al Hospital Percy Boland, donde recibió la  visita  de personas de la Iglesia Católica, quienes la empujaron a cambiar  de opinión.

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“Es una pena que hayan actuado de esa forma. Yo estaba todo el día en el hospital, pero cerca de las 23:00 me pidieron que saliera. Después ingresó  gente de la Iglesia y convenció  a la niña y a su mamá de no interrumpir  el embarazo”, indicó la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, Silvia Zuazo.

Para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “cuando   una niña de 11 años es obligada a dar a luz  a causa de  una violación, le están vulnerando todos sus derechos”. Lamentó que “algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”.

Del Castillo agregó  que “esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña” y dijo que “desde ningún punto de vista, obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”.

El delegado de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, Carlos Lara, indicó a Página Siete que esa intromisión podría generar procesos penales a diferentes instancias. Anunció que “ya se solicitó un informe escrito al Hospital Percy Boland y al municipio de Yapacaní, para que la DNA dé un reporte  sobre la actuación  en este hecho”.

Lara dijo que se identificarán los hechos de vulneración de derechos, protección y resguardo a la niña. “Hay indicios  que nos permiten  ver todo eso”, dijo.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo el lunes que este  caso se llevará  hasta el sistema interamericano. “Es un caso flagrante de vulneración de derechos humanos”, aseguró.

Recordó que Bolivia cuenta con la sentencia constitucional 206/2014, norma   que  establece que, en casos de violencia sexual, todo  el aparato del Estado, el centro de salud, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deben precautelar  como sujeto de derechos a la niña y no a la familia.

“Hemos conocido el caso desde el primer momento y la niña ha manifestado su voluntad de ser sometida a una interrupción legal del embarazo, tomando en cuenta la violencia que había vivido anteriormente”, indicó Cruz.

“Continuaremos  con la investigación”, dijo y aseguró que en otros casos parecidos “se ha llegado a implementar procesos penales contra las autoridades públicas que no hicieron su trabajo y  en este hecho corresponde”. Añadió que la  Iglesia no puede mostrar romanticismo ni hablar de amor cuando se trata de un caso de violencia sexual contra una niña. “No corresponde, estos casos a nivel mundial son conocidos como tortura”.

La Iglesia Católica exhortó a través de un comunicado  a las autoridades públicas a respetar y proteger la vida de la niña víctima de violación y del bebé que está en gestación.

¿Qué dice la  normativa en  el país?

• Normativa  La Sentencia Constitucional 206/2014 avala la interrupción legal del embarazo producto de una violación.
• Importante La sentencia elimina el requisito de la autorización judicial para acceder a la interrupción legal del embarazo.
• Ley  La Convención de Belém do Pará –organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer–, de la que Bolivia es parte, determina que toda gestación de menores de 14 años debe considerarse producto de violencia sexual.
• Obligación  Por tanto, los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo.