“Lo que hace este instructivo, por ejemplo, es convertir a los notarios en una suerte de investigadores, con facultades que no están entre las atribuciones que les fija la Ley”, explicó.
Fuente: https: talcual.bo
Si bien el gobierno anunció el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, otros mecanismos vinculados a la aplicación de la estrategia de lucha contra estos delitos aún están vigentes, como el instructivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para los notarios de fe pública del país, que transgrede la ley 483 del Notariado Plurinacional, según el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia.
“Resulta que hay un instructivo para un grupo restringido de personas, que son los notarios, que termina provocando efectos perversos en el conjunto de la población boliviana y que hace ver a todos los bolivianos como sospechosos, cuando se trata de combatir el delito contra unos cuantos”, dijo Goitia.
El problema de la “Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, contenida en la ley 1386 –según Goitia– es que otorga un poder descomunal a una instancia gubernamental, como es a UIF, para que tome acciones que sólo podrían ser asumidas por el Legislativo, a través de mecanismos que garanticen la protección del ciudadano, con autorizaciones que deben gestionarse ante un juez.
“Lo que hace este instructivo, por ejemplo, es convertir a los notarios en una suerte de investigadores, con facultades que no están entre las atribuciones que les fija la Ley”, explicó.
A fines de junio, la UIF presentó el “Instructivo para notarias y notarios de fe pública”, que establece varias obligaciones para los mismos, entre ellas la de “realizar reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de la aplicación de medidas de debida diligencia a sus clientes, beneficiarios finales y a su personal dependiente, debiendo también identificar si éstos son Personas Expuestas Políticamente (PEP) y verificar si se encuentran enlistados en las lista internaciones”.
El periódico Ahora el Pueblo, que es parte de la red de medios oficiales, reportó el primero de julio pasado que “a partir de la aplicación de las obligaciones del instructivo, las notarias y los notarios en ejercicio, se constituyen en una pieza fundamental en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para la UIF”.
El constitucionalista Goitia precisó que varios puntos de ese instructivo podrían generar discrecionalidad en los notarios, además de incumplimiento de sus funciones y vulneración del derecho al trabajo, al debido proceso y a la presunción de inocencia, entre otros.
“Bolivia cuenta, desde el 25 de enero de 2014, con una ley que regula el trabajo notarial. La UIF no tiene competencia para dar lineamientos de ninguna naturaleza a los notarios, porque en la Ley 483 del Notariado Plurinacional no se hace ninguna mención al respecto”, dijo.
Goitia aclaró que es la ley 1386, denominada como la “Ley Madre” de la estrategia gubernamental contra las ganancias ilícitas, es la norma que, por su carácter abierto, brinda la posibilidad para que se lleven a cabo ciertas acciones al margen de la Constitución, como las estipuladas en el instructivo de la UIF y que, en su criterio, viola la Ley del Notariado.