En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Iván Velásquez-Castellanos habló sobre el libro “Economía Informal e Informalidad en Bolivia”, las principales causas de la informalidad, su impacto en la economía nacional y las políticas públicas necesarias para incentivar la formalidad.
Fuente: Publico.bo
Velásquez-Castellanos tiene un doctorado en economía y es coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer (KAS, por su sigla en alemán) en Bolivia, entidad que presentó la mencionada publicación en la reciente Feria Internacional del Libro de La Paz.
“En la agenda de investigación de la Fundación Konrad Adenauer tratamos de ver algunos de los problemas estructurales que Bolivia ha venido viviendo en los últimos 50 años y con más fuerza desde 1982, evidenciando un creciente incremento del sector informal. En la literatura nacional existen estudios de los ´90 sobre la dimensión y características de la informalidad, pero después hay un gap (hueco) de tiempo muy amplio donde no se ha tocado la temática”, señaló.
El economista dijo que el trabajo se realizó desde diferentes miradas y a pesar del rezago en datos y cifras en el país. “Encontramos que en Bolivia hay un agudo déficit de trabajo decente. Hay una correlación entre pobreza e informalidad, ya que dentro del sector informal hay un porcentaje desproporcionado de trabajadores pobres. Lo hemos evidenciado en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, indicó.
Entre las causas del fenómeno, subrayó que “los engorrosos procedimientos burocráticos de las instancias públicas empujan a las unidades económicas a la informalidad. Si las instituciones no modernizan sus procesos, no es conveniente para los pequeños negocios transitar hacia la formalidad. Hay datos del Banco Mundial sobre estos pasos, procesos y procedimientos, no solamente en instituciones del nivel central, sino también subnacionales, como municipios y gobernaciones. Tenemos que cambiar nuestro concepto normativo, donde tendemos hacia muchos controles y prohibiciones, que son políticas del pasado”.
“Hay una gran diversidad normativa, dispersa, y debilidad de las instituciones para implementarla. El rezago en la normativa laboral no se corresponde con el siglo XXI. Excesivas normas y disposiciones conexas complejizan más la situación”, remarcó.
Velásquez-Castellanos dijo que, de acuerdo al estudio de la KAS, “8 de cada 10 personas tienen empleos en el sector informal, precarios o inestables, sin seguridad social ni acceso a servicios médicos. El FMI había estimado que un 70% de la población trabaja en la economía informal. El Banco Mundial calculó que es un 80% y la Fundación Konrad Adenauer estima que es un 85%”.
Sobre las dimensiones de la economía informal, la investigación encontró que alcanzaría a un 60% del PBI, cifra casi coincidente con la del FMI (62,3% al 2019).
El experto dijo que se deben promover las redes de negocios entre las unidades de la economía informal, impulsando la asociatividad, y que se puede mejorar en condiciones como la seguridad social para el sector. También destacó el ejemplo de Perú, donde “se logró generar políticas de incentivo para el paso hacia la formalidad. Necesitamos políticas innovadoras para facilitar esa transición”.
En las conclusiones, Oscar Ortiz destacó que la discusión sobre la informalidad “es un tema central para el desarrollo económico y social de Bolivia. El Estado no genera condiciones favorables para la formalidad y la inmensa mayoría busca cómo subsistir desde la informalidad, con la precariedad que ello implica. Hay que destacar el aspecto positivo, que es el espíritu emprendedor de cientos de miles de familias bolivianas. Se deben generar políticas públicas que hagan fácil y atractivo el tránsito a la formalidad. Esto daría un inmenso impulso al crecimiento sostenible de la economía nacional”.