Alcides Flores Moncada / La Paz

El 12 de julio el extorsionador llama por WhatsApp a la abogada de uno de los litigantes de un caso en Santa Cruz. Lo hace a nombre del ministro de Justicia, Iván Lima, de quien dice que es su asesor, y que quiere reunirse con el empresario a quien la jurista representa. Inmediatamente ella intuye lo que en Santa Cruz es moneda corriente: otro caso más de extorsión a través del pago a jueces y fiscales.

Ella graba la conversación, así como también lo hace con las llamadas que recibe el 16 y 17 de julio del mismo personaje, quien le dice que viajará de La Paz a Santa Cruz para la reunión concertada, inicialmente sólo con la abogada, porque el empresario estaba de viaje. El encuentro se realiza en el café Alexander de Santa Cruz a las 11:00 del 17 de julio. Previamente, la abogada arma un operativo con cuatro personas que se instalan en diferentes puntos del café con sus celulares. ¿El objetivo? Tomar fotografías de la reunión. Y lo logran.

En la reunión, el extorsionador -quien se presenta como Eduardo Hans- expone el tema con lujo de detalles que sólo los jueces y litigantes conocen. Era evidente que tuvo acceso privilegiado a información de ese caso que en ese momento estaba en el Juzgado en lo Civil 20, en el que la jueza es Patricia Rosario Alandia Céspedes. El verdadero nombre del extorsionador es Rodolfo Eduardo Alandia Farell, cuyo padre es Jorge Alandia Céspedes, los mismos apellidos de la jueza. Página Siete intentó comunicarse con la jueza para preguntarle si hay algún grado de parentesco entre ambos, pero su teléfono estaba apagado.

En el caso había una sentencia ejecutoriada legalmente notificada y por la que no se plantearon excepciones. La sentencia ejecutoriada favorecía al ciudadano David Mancilla Camacho, que prestó 300 mil dólares a la empresa Capital Privado Inmobiliario SRL, cuyo accionista mayoritario (97%) es Humberto Monasterio Iglesias, sobre quien pesan cuatro mandamientos de aprehensión por varios delitos, y quien actualmente se encuentra prófugo. “Está en Paraguay”, dice el abogado Denver Pedraza.

En la reunión del 17 de julio, el extorsionador pidió a la abogada dinero a cambio de evitar que se anule esa sentencia ejecutoriada, algo impensado hasta ese momento por la defensa de Mancilla, que no veía motivo para que eso suceda. “Nosotros no hemos accedido a dar dinero porque estamos en lo correcto”, afirma la abogada Daniela Cabrera.

En lugar de intimidarse, la defensa de Mancilla recurre al Ministerio de Justicia para corroborar si evidentemente Eduardo Hans es asesor del ministro Lima, como dijo. Después de varios intentos, el Ministerio de Justicia acepta reunirse con las abogadas de Mancilla, quienes viajan a La Paz el viernes 13 de agosto para reunirse esa misma mañana con dos representantes del Ministerio de Justicia.

En esa cartera de Estado niegan que Eduardo Hans sea funcionario y menos asesor de Lima. Les piden presentar una denuncia escrita, la que se concreta el lunes 17 de agosto, la misma que lleva adjunta cuatro audios y fotografías del extorsionador, los que también están en poder de Página Siete. Sin embargo, a partir de esa fecha en el Ministerio de Justicia no hay señales de que la investigación avance. Es más, en ese período de aparente silencio de esa cartera de Estado, el 3 de septiembre ocurre lo que Alandia Farell advirtió a la parte que quiso extorsionar: la sentencia ejecutoriada fue anulada por la jueza del Juzgado en lo Civil 21, Margarita Arteaga León.

Siete días después de esta acción, el 10 de septiembre -casi un mes después de la denuncia de las dos abogadas-, el Ministerio de Justicia emite un comunicado en el que denuncia que hay una persona que comete delitos en nombre del ministro Lima.

Y el 17 de septiembre, esa cartera de Estado informa de la ejecución de una orden de allanamiento y posterior aprehensión de Alandia Farell en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, bajo la acusación inicial de “obstrucción a la justicia, contribuciones, ventajas ilegítimas, extorsión y coacción”. Le dan detención preventiva de 120 días.

Ya va un mes que el joven de 20 años Rodolfo Eduardo Alandia Farell (Eduardo Hans) está detenido, y si la investigación no avanza, “en tres meses quedará libre y la investigación quedará en nada”, teme la abogada Cabrera.

Página Siete recurrió al Ministerio de Justicia para que se pronuncie no sólo sobre la aprehensión de Alandia Farrell, sino sobre el rol de las juezas en este caso y si se va a investigar a quienes están detrás del extorsionador.

La respuesta de esa cartera de Estado fue la siguiente: “No opinamos sobre casos que se encuentran en los tribunales y en proceso de investigación. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es respetuoso del principio constitucional de independencia de órganos de poder. En el caso que menciona, esta Cartera de Estado actuó de manera oportuna para recibir, indagar, denunciar y procesar la denuncia en contra de una persona acusada de presentarse falsamente como supuesto ‘asesor’ para extorsionar a litigantes. El denunciado fue detenido y encara un proceso penal promovido por el Ministerio de Justicia bajo el principio y política de cero tolerancia a la corrupción”.

El caso

David Mancilla, un empresario dedicado a la construcción y al préstamo de dinero con garantía hipotecaria, realizó un contrato de préstamo con la empresa Capital Privado Inmobiliario SRL por 300 mil dólares el 18 de septiembre de 2018. Pero Capital Privado Inmobiliario no hizo ningún pago de la deuda.

Luego de un tiempo, Humberto Monasterio (principal accionista de Capital Inmobiliario) dio el paso de negar la deuda. Dijo que nunca recibió dinero y que el contrato de préstamo era sólo de pantalla, pese a que hay documentos firmados, recibos y la hipoteca de un inmueble.

Ante este escenario, el prestamista inició en 2019 un proceso coactivo civil para el cobro del dinero en el Juzgado Civil 20. Ese año Monasterio pidió un tiempo más para pagar. Mancilla, para evitar juicios, accedió al pedido, y en ese tiempo Monasterio planteó la extinción de la acción por “inactividad procesal”. El proceso se cerró en octubre de 2019.

Nuevamente Monasterio se comprometió a pagar la deuda. Y como volvió a incumplir, en abril de 2021 se inició un nuevo juicio, y como el protocolo del TSJ indica, el proceso volvió a caer al mismo juzgado: el 20. En este juzgado salió la sentencia a favor de Mancilla, y se notificó con la misma a la otra parte. Y en vista de que ésta no planteó ningún tipo de excepciones ni incidentes, la sentencia fue ejecutoriada.

Sin embargo, Monasterio empieza nuevamente a negar la deuda. Insiste en que no se le entregó ni un peso, que no hubo transferencia alguna y recusa a la jueza. Pero la jueza Patricia Alanes Céspedes, jueza número 20 Civil de Santa Cruz, dice que todos los argumentos de Monasterio son falsos. Sin embargo, en sala le dan validez a los argumentos de Monasterio y el proceso se traslada al juzgado 21, de la jueza Margarita León Arteaga. Es en este cambio de juzgado que entra en escena el extorsionador, el 12 de julio. Él se compromete a que el incidente de nulidad (excepciones sobrevinientes) planteado por Capital Privado Inmobiliario no surta efecto en el proceso, si es que el prestamista entregaba el dinero que él pedía.

“Pero la jueza, misteriosamente después de que no hemos entregado dinero al extorsionador, de oficio anuló obrados, incluso la demanda. Nos observa la demanda y nos dice que tenemos que adjuntar recibos de que hemos entregado el dinero, recibos que han sido ya presentados en el juzgado. No nos puede la jueza castigar sin antes darnos el derecho a la réplica. No nos dio la posibilidad de presentar los recibos”, protesta la abogada Cabrera.

“El Ministerio de Justicia no se da cuenta de la magnitud del problema. Yo presenté la denuncia en agosto ante ese ministerio. La anulación salió el 3 de septiembre. Y en la denuncia decimos textualmente lo que este señor (extorsionador) ha venido a decirnos. Nunca se ha visto que una sentencia ejecutoriada se anule, menos de oficio”, agrega.

“El tumbador y sus padrinos…”

Pero el otro hecho llamativo en este caso es quién está detrás de la empresa Capital Privado Inmobiliario: se trata de Humberto Monasterio Iglesias, conocido en Santa Cruz por manejar a jueces y fiscales, por estafar y por cometer varios delitos, por los que tiene cuatro mandamientos de aprehensión. Tan amplio es su prontuario (según documentos a los que Página Siete tuvo acceso), que se escribió un libro sobre todo su historial: El tumbador y sus padrinos del Poder Judicial es el título del libro de 156 páginas.

“Esta empresa fue creada de forma ficticia el 5 julio de 2012. Esa empresa no tiene trabajadores, no aporta a las AFP, no paga impuestos. Es una empresa de maletín”, afirma el abogado Denver Pedraza, en una entrevista con Página Siete.

“Esta empresa nunca realizó actividad alguna. Fue creada sólo para estafar y extorsionar. Se ha metido al tema minero para robarle a empresarios. Su modus operandi es falsificar la firma de empresarios y decir ‘yo compré’, pero son compras inexistentes”, agrega el jurista, quien desde hace años sigue los pasos de Humberto Monasterio.

La empresa Capital Privado Inmobiliario ha sido depurada el 2 de junio de 2018, según un certificado de Fundempresa.

El libro describe el modus operandi de Monasterio, sus delitos y cómo maneja el Poder Judicial de Santa Cruz. En cada gobierno Monasterio logra contactos hasta en los más altos niveles.

Actualmente, una funcionaria de la Dirección Departamental de Santa Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), donde figura como “analista legal IV”, sigue de cerca los procesos en contra de Capital Privado Inmobiliario, según dos abogados de Santa Cruz. “Ella personalmente va a los juzgados a hacer seguimiento de los procesos que se están llevando adelante en contra de Humberto Monasterio”, afirma la abogada Cabrera.

“Según información que tenemos, una abogada llega directamente a dos ministros para traficar influencias a favor de Humberto Monasterio”, afirma, por su parte, Denver Pedraza. Página Siete sí pudo verificar que esta persona es parte del personal de la AJAM en Santa Cruz, pero no fue posible confirmar su vínculo con Capital Privado.

Por este caso el extorsionador está detenido, pero aún no se informó si la investigación llegará a quienes están detrás de él.

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