Lima lamenta que afines a Camacho recurran a la confrontación antes que a una defensa jurídica sobre su rol en 2019

El ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó que los involucrados en el caso golpe de Estado I, entre ellos Luis Fernando Camacho y su padre, busquen la distorsión y la confrontación para evitar rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, explicó que, aunque se acojan al silencio ante la fiscalía o se declaren inocentes, el Ministerio Público evaluará la existencia de hechos, documentos y otras pruebas sobre su rol en la interrupción de la democracia en 2019.

Lima, entrevistado en radio Kausachun Coca, explicó que los procesos judiciales pueden ser divididos en tres casos: Golpe de Estado I, golpe de Estado II y golpe de Estado III.



El primer caso es impulsado por la exdiputada Lidia Patty e involucra a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, a su padre José Luis Camacho, como sindicados, en el marco del proceso seguido por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga fueron convocados pero en calidad de testigos, es decir de personas que presenciaron o conocen algunos hechos en 2019.

En este caso, lamentó que los seguidores y afines a Camacho opten por amenazas de movilización, confrontación paros o amenazas mediáticas en vez de preparar una respuesta jurídica a las acusaciones en su contra.

Explicó que, por ejemplo, el padre de Camacho debería responder sobre la negociación que, según su propio hijo, realizó con militares y policías para que se insubordinen y den viabilidad al golpe de Estado de 2019.

Sin embargo, sus afines buscan un “escenario de conflagración”, un “escenario en el que previsiblemente van a utilizar no armas jurídicas ni políticas sino de distorsión y confrontación y eso no es admisible, no es democrático”, indicó.

Sobre la probabilidad de que Camacho y su progenitor se acojan al silencio o se declaren inocentes, el Ministro de Justicia, dijo que sus declaraciones son solo una parte de la investigación que realiza la fiscalía, ya que el Ministerio Público deberá sopesar la existencia de pruebas, documentos y otros indicios que deben ser considerados.

“Tendrá que hacerse preguntas específicas, buscar otros elementos, buscar la prueba y su declaración será otro elemento más”, manifestó.

El otro caso, denominado por Lima como “caso golpe de Estado II”, es impulsado por el Gobierno y se refiere a la imposición de los símbolos presidenciales que hicieron los militares a Áñez, a la autoproclamación de ella en el Senado (sin el quorum reglamentario), en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Presidencia del país, hechos realizados al margen de la Constitución y las leyes.

En este caso están involucrados los militares que participaron en esos hechos, Áñez y los jefes policiales que participaron en esas circunstancias. Al respecto, el Ministro dijo que se esperan sentencias de entre 12 a 14 años de reclusión.

El caso golpe de Estado III, indicó Lima, tiene que ver con las personas que participaron en la conspiración previa a la interrupción del proceso democrático, es decir, los días previos a que asuma Áñez.

Explicó que, en el caso de la participación de funcionarios diplomáticos en esas reuniones, las normas establecen privilegios legales para esas personas.

Fuente: ABI