El delegado defensorial Carlos Lara explicó que no se ha personalizado la denuncia pues será la investigación que identifique los responsables.
Fuente: Unitel
Norah Gutiérrez
La mañana de este jueves la Defensoría del Pueblo oficializó en la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia por tres delitos contra funcionarios de la Iglesia, la Maternidad y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, por la manera cómo fue tratado el caso de la niña de 11 años embarazada producto de una violación.
Carlos Lara, delegado defensorial en Santa Cruz, explicó que no se ha puesto los nombres de las personas que deben ser investigadas pues será la investigación la que determinará con precisión los nombres de los responsables.
Los delitos que la Defensoría pide que sean investigados son incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y acciones de constitucionalidad y trata de personas.
“Con esto se busca que no queden impunes estos hechos de tortura”, señaló Mauricio Soto, abogado de la Defensoría.
Tanto Soto como Lara evitaron brindar mayores detalles sobre la denuncia y sostuvieron que será la Fiscalía la institución que determine quienes son los responsables.
