Octubre del gas

Dante Napoleón Pino Archondo

Hace 18 años se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada. La justificación esgrimida por los dirigentes de la subversión fue la acusación contra el gobierno de querer vender el gas a las transnacionales por Chile. Hasta ese año, el gas mantenía una producción suficiente para cubrir los mercados del Brasil, Argentina y el mercado interno. Bolivia vivía del valor de esas exportaciones al que debemos sumar el de los minerales.



Las proyecciones de las exportaciones de gas en relación a las reservas probadas indicaban la necesidad de establecer modificaciones a la ley de hidrocarburos y los contratos de capitalización, el gobierno así entendía. Por eso el presidente Sánchez de Lozada llevaba a cabo una operación quirúrgica delicada en el plano político y social, por que preveía el uso malintencionado que le daría el MAS y agentes externos que estaban vinculados a proyectos competitivos ubicados en países limítrofes.

En varias reuniones a las que asistí cuando este asunto fue tratado con presencia de Manfred Reyes Villa, el presidente Sánchez de Lozada se veía interesado en compulsar cual era la visión que tenía NFR sobre el proyecto con Pacific LNG que tenía como fin vender gas licuado al mercado norteamericano, con la empresa Sempra, para lo cual estaba llevando a cabo negociaciones que ya tenían un acuerdo básico por 7 mil millones de dólares.

Este proyecto para cumplir su objetivo requería la conversión del gas licuado mediante un proceso de licuefacción que necesita un puerto donde realizar esta tarea y colocar el producto en barcos metaneros que lo llevarían hasta el mercado definido. Las empresas, Pacific LNG, Pan American Energy y YPFB conformaban el consorcio de este proyecto.

El puerto más aconsejable por costos estaba ubicado en suelo chileno en el Puerto de Patillos. A esta ubicación se contrapuso por agentes externos interesados en poner piedras al camino, el Puerto de Ilo en Perú. Así se creó la consigna política de que el gobierno quería vender el gas al imperialismo norteamericano y potenciar a Chile con el gas boliviano.

La insidia que contenía esta acusación pudo más que la comprensión global de los intereses nacionales y como tantas veces en la historia nacional se violentaron esos intereses para conveniencia de las ambiciones externas. El odio hacia todo lo chileno pudo más que la racionalidad nacionalista.

Las consecuencias históricas de este episodio estamos viviendo, ahora, los bolivianos. Aquellos dirigentes de esas corporaciones sindicales que se ufanan, incluso hoy día, de la hazaña efímera de haber logrado hacer «huir» a los «vende patria» y de haber rescatado de manos de las transnacionales el gas boliviano, tendrían que responder, con la misma efervescencia con que la gritan esto, sobre los resultados de su hazaña.

No solo la conquista de los mercados externos (Brasil y Argentina) fue resultado del trabajo de varios gobiernos desde los años sesenta del siglo pasado, sino la comprensión seria y firme de defender los recursos naturales con probidad y objetividad plena. Por eso cuando el año 2005 el MAS ganaba las elecciones generales, con la consigna de nacionalizar el gas, toda la tarea estaba cumplida: producción suficiente, reservas de gas probadas y probables con futuro, mercados consolidados en proceso de expansión, y, una imagen internacional que colocaban a Bolivia como el eje central de la energía en el continente, todo lo cual daba paso a mayores inversiones en el campo gasífero.

Este trabajo es el que se tiró por la borda, es el que se destruyó con una saña que solo los enemigos de esos intereses nacionales que dicen defender pueden hacer.

Y no es el imperialismo norteamericano ni las grandes transnacionales los que provocaron la crisis energética que estamos a punto de tener. No se equivoque. Son todas esas organizaciones sociales manejadas desde gobiernos que encarnan el crimen organizado desde Cuba y Venezuela a las que se adhieren, los llamados movimientos sociales, instrumentos por el cambio, etc.  y que no son nada más que herramientas para destruir las riquezas que tenemos.

Hoy las reservas probadas están en 10 trillones de pies cúbicos de gas, la producción no supera los 45 millones de pies cúbicos, producción que no alcanza para cubrir los contratos de exportación asumidos y el mercado interno, a esto debemos sumar la inevitable importación de gas licuado, diésel y gasolina en volúmenes y valores crecientes a partir del próximo año.

No hubo capitales para explorar nuevos pozos de gas, no se hizo la tarea, porque la «nacionalización infame» que llevó a cabo el gobierno del MAS, se redujo a la explotación intensiva de los pozos, hasta dejarlos secos, sin planificar su renovación, lo que al día de hoy nos deja sin ninguna posibilidad de tener gas dentro de cinco años, con la paradoja de convertirnos de exportadores en importadores de gas.

Este panorama que está avalado por consultores nacionales de renombre en Bolivia debía estar en la agenda nacional como una prioridad de urgencia. Y estos resultados merecen el juicio nacional para los que decidieron dejar a Bolivia librada a su suerte con el gas. Octubre de 2003 sirvió para esto, para que el gas boliviano se haya ido en un mar de dólares que recibieron las corporaciones sindicales y que derrocharon sin piedad. Evo Morales merece el juicio de responsabilidades, junto con el actual presidente Arce por ser los autores directos de este daño económico y social.