Los grandes casos de corrupción atraviesan gobiernos. Para Ronald MacLean, la mejor forma de combatir las irregularidades es con menos monopolios estatales, menor discrecionalidad de los funcionarios y una mayor rendición de cuentas.
En la última década, grandes escándalos de corrupción sacudieron a la opinión pública nacional, sobresaliendo los casos de CAMC y el Fondo Indígena durante los gobiernos de Evo Morales, y las compras de respiradores y gases lacrimógenos en el gobierno de transición.
En el caso de CAMC, la empresa china se adjudicó contratos millonarios de obra pública del Estado boliviano cuando la ex pareja de Morales, Gabriela Zapata, se desempeñaba como gerente comercial de la compañía, abriendo sospechas de tráfico de influencias al más alto nivel. De siete contratos, la empresa china se adjudicó seis mediante contratación directa, sin licitación, totalizando un monto de 470 millones de dólares. Tan sólo en uno de los contratos (tren de carga Montero-Bulo Bulo), los incumplimientos de CAMC habrían ocasionado un daño económico al Estado de 60 millones de Bolivianos.
En el escándalo del Fondioc (Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas), se descubrió que 11 dirigentes de organizaciones sociales se beneficiaron directamente con el 10% del total del fondo, que fue a dar a sus cuentas particulares. El monto sería de unos 76,7 millones de Bs., un desvío sin precedentes en la historia del país.
Durante la administración de transición se conoció el caso de la compra de respiradores con sobreprecio, en plena primera ola de la pandemia. El escándalo derivó en la destitución de un ministro de salud y se ha estimado que el daño económico al Estado fue de 15,4 millones de Bolivianos.
En la compra de agentes químicos, a raíz de las investigaciones por lavado de dinero realizadas por el FBI que condujeron a la detención del ex ministro Arturo Murillo, se conoció una cifra de sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Un problema sistémico
La persistencia de la corrupción a través de los diversos gobiernos lleva a preguntarnos por las causas de fondo del fenómeno y por las posibles políticas para la reducción de las irregularidades.
Para esto, eju.tv entrevistó a Ronald MacLean Abaroa, ex alcalde de la ciudad de La Paz, quien se desempeñó por varios años como experto en transparencia en el Banco Mundial.
“La corrupción es un problema sistémico, no es un problema de personas, de religión o cultura, o de ética solamente. Es un problema de estructura. Lo primero es que si hay una organización socialista, donde los medios de producción están administrados centralmente por el Estado, esto hace que la corrupción tenga un amplio ámbito de posibilidades de ocurrir. La corrupción, definida como el uso de medios públicos para beneficio particular o político, se da mucho en un país ampliamente nacionalizado, donde la economía es prácticamente estatal”, dijo MacLean.
En contraste, destacó que “en una economía de mercado, digamos la norteamericana, donde el gobierno es una pequeña fracción del total, la corrupción va a ser siempre menor en relación a toda la economía, con un efecto mucho menos perverso”.
“En el caso de Bolivia, cuanto mayor es el número de empresas públicas y el control estatal sobre los recursos de la sociedad, hay más posibilidades de corrupción. En Cuba, donde es prácticamente inexistente la actividad privada, la corrupción es por definición parte del sistema. En cambio, cuanto más pequeño es el Estado y más grande el sector privado, el problema de la corrupción se reduce”, remarcó.
La fórmula de la corrupción
El ex alcalde paceño puso énfasis en que la corrupción “es un síntoma, no una causa”, como la alta temperatura en un enfermo.
“Las causas son el monopolio, la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas o accountability. La corrupción se presenta cuando hay un monopolio del Estado o de agentes, por ejemplo del municipio, para otorgar permisos con discrecionalidad y con poca rendición de cuentas”, indicó.
MacLean dijo que la fórmula de la corrupción puede resumirse en “la ecuación que desarrolló el profesor Robert Klitgaard de Harvard: corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas”.
Islas de Integridad
El experto en transparencia señaló que en años recientes participó en la creación del programa “Islas de Integridad”, con el Banco Mundial y otras instituciones.
“Hemos desarrollado un sistema de Islas de Integridad, demostrando que aunque exista un océano de corrupción siempre es posible la reforma de instituciones específicas, como municipios o agencias de gobierno, si se implementan ciertas medidas”, subrayó.
Ronald MacLean puso como ejemplo dos programas ejecutados durante su experiencia como burgomaestre paceño, inscritos como casos de estudio exitosos en la Harvard Kennedy School of Government.
“Con los permisos de construcción de la alcaldía, en vez de que sea un funcionario quien los diera con discrecionalidad, lo que hicimos fue certificar a una gran cantidad de ingenieros y arquitectos de profesión libre, que como sucede con los notarios tenían un encargo del Estado, en este caso del municipio, de conceder permisos de construcción de acuerdo al reglamento urbano”, comentó.
Añadió que el municipio aleatoriamente revisaba esos permisos y veía si estaban bien concedidos o no: “los ingenieros y arquitectos certificados depositaban una garantía bancaria y estaban inscritos en sus respectivos colegios. Si otorgaban mal un permiso se los sancionaba con la ejecución de la boleta de garantía y con la descalificación de su colegio profesional. Fue un ejemplo práctico de cómo reducir la corrupción eliminando monopolios y aumentando la competencia, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la rendición de cuentas”.
Otro ejemplo citado fue el de la evaluación de propiedades urbanas para el catastro: “había una relación agente-cliente con el funcionario que podía ser corrupta. Entonces se hizo que fueran los mismos propietarios los que llenasen el certificado con el tamaño del predio, el tipo de construcción y el precio en una declaración jurada. Todo sin el monopolio del funcionario público, que ya no podría pedir una coima para cambiar el precio o el tamaño del predio. Si en una misma calle con construcciones similares había una muy diferente por muy alta o muy baja, daba una pauta de que algo no estaba bien, y ante divergencias entre lo declarado y la realidad caímos con multas”.
“La mejor forma de combatir la corrupción es rompiendo los monopolios”, reiteró MacLean.
Edición y entrevista: Emilio Martínez