Resulta que al gobernador Luis Fernando Camacho, lo cita la Fiscalía – a instancias del Gobierno por supuesto – para que declare en La Paz, como imputado por acusaciones que se refieren a lo acontecido en la asunción al mando constitucional de la señora Jeanine Añez, luego de producido el fraude electoral de Evo Morales en octubre de 2019. Convocar al gobernador cruceño a declarar en La Paz, una jurisdicción que no le corresponde, es, por decir lo menos, un atropello.
Sin embargo, el gobernador decide prestar su declaración en la sede del Gobierno, y, de inmediato, cuando los masistas se enteran que irá a declarar, se producen amenazas de muerte contra su persona; aparecen afiches para atemorizarlo; muñecos colgados en la autopista del aeropuerto; y se oyen juramentos de que no saldrá con vida si pisa la ciudad. Entonces se produce miedo en el Palacio y el propio ministro del Interior afirma, que, ciertamente, no se le puede garantizar plena seguridad.
Tal es el terror que se produce en La Paz, que la Fiscalía anuncia, un día antes de la audiencia, la postergación sin fecha del acto. Es decir que Camacho se queda con los pasajes comprados y con el propósito de cumplir con la citación para decir su verdad, pese a que no tenía por qué hacerlo allí.
No obstante, el presidente Arce viene a Santa Cruz cuando quiere para provocar a los cruceños. Viene el vicepresidente Choquehuanca para izar su banderita que no nos representa. Vienen los ministros que desean y puede venir el alcalde o el gobernador paceños y aquí nadie los amenaza de muerte, ni aparecen imágenes de encapuchados con machetes en las manos para cortarles la cabeza.
¿Quiénes son los racistas? ¿Quiénes los intolerantes? ¿Quiénes los que deploran toda posibilidad de concordia? Está claro que no es Santa Cruz, donde la mitad de su población es del altiplano y los valles, cruceña por adopción. Es evidente que la prédica de Evo Morales y de sus seguidores ha provocado un odio racial tan peligroso que ahora un gobernador cruceño no recibe las suficientes garantías para viajar a la sede de Gobierno y que el propio Gobierno tiene que ordenar a la Fiscalía que postergue una audiencia que se decía era trascendental, porque se siente inseguro, atemorizado.