Transporte pesado, Conade, Fejuves y otros sectores participan del ampliado de gremiales en Cochabamba

Pasado el mediodía de este viernes, los sectores continuaban reunidos para determinar qué medidas asumirán exigiendo la abrogación de la ley 1386.



Fuente: Unitel

Pese a la decisión de retirar de la Cámara de Senadores el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el sector gremial que mantiene un piquete de huelga de hambre en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, determinó continuar con su medida tras 10 días. Este y otros sectores piden también la abrogación de la ley 1386.

Gremiales a nivel nacional aún continúan en emergencia, representantes de Santa Cruz, La Paz, Beni y otros departamentos llegaron hasta Cochabamba para participar del ampliado convocado para este viernes, donde se definirá si se acata o no un paro de 48 horas para la próxima semana.

El dirigente gremial, César Gonzáles, manifestó que en el ampliado nacional se encuentran otros sectores como el transporte pesado internacional, representantes de Adepcoca, Fejuve, salud y más.

“Estamos en pleno debate, se están tocando las medidas legales que se pueden asumir, una demanda abstracta, una ley que pueda promoverse para la abrogación de la ley 1386, pero esto va ser apoyado con movilizaciones en el país”, indicó Gonzáles a UNITEL.

El dirigente estima que cerca de las 17:00 horas de este viernes ya se tengan las medidas determinadas, por lo que se procederá a leerlas públicamente en la plaza principal de Cochabamba.

Por su parte, el Comité Nacional en defensa de la Democracia (Conade) calificó como acertada la determinación del Gobierno de dejar sin efecto el proyecto 218, aseguran que se trata de una nueva victoria democrática y aseguran que el paro cívico del pasado lunes dio resultado.

Pese a la anulación del proyecto de ley, el Conade asegura que los sectores sociales continuarán en vigilia.

La ley 1386 es una ley de estrategia nacional de lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo el cual está vigente y cuyo anexo regula los lineamientos que tenía el proyecto de ley 218.