En poco más de once meses de Gobierno de Luis Arce Catacora, parece haber transitado en una variante del “ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios”. Y, las cosas se ponen más inquietantes si la agenda de leyes vienen de Caracas y La Habana, países en que sus líderes monopartidistas sepultaron el Estado de derecho y hurtaron el patrimonio y las libertades de los ciudadanos, al extremo de no tener al presente ni el 35% de doble vacunación poblacional al igual que Bolivia. Causa dolor esta cifra y cuando no es una pesadilla para el Gobierno del genio del endeudamiento público.
Algo que sorprende a la sociedad boliviana, son las indecorosas descalificaciones de “golpistas” y “fascistas” de parlamentarios del MAS y sus movimientos sociales. Sus amenazas “antifascistas” y tendencia de sancionar a las “pititas”, sin duda que son términos que la sociedad no está dispuesta a tolerar, como menos lo haría con el proyecto de ley 342 Plan de desarrollo económico social gestión 2021-2025 aprobado en la Comisión de planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (27-10-2021), sin ninguna justificación ni consenso social rebasando competencias de la Ley de Descentralización y Autonomías “Andrés Ibáñez” y de la práctica del Reglamento interno de las cámaras que exigen socialización y debate.
Como las leyes no pueden convertirse en instrumentos tóxicos para los ciudadanos, contra todo pronóstico los gremialistas, transportistas, juntas vecinales, asociaciones agropecuarias, movimientos de la sociedad civil entre otros, se preparan para vivir el 8 de noviembre una Jornada de protesta que se prevé de enorme tensión en las calles del país, con medidas de paro indefinido movilizado, bloqueo de carreteras y cierre de fronteras, que piden la abrogación de todas las leyes malditas como la 1386. De forma que esta segunda pesadilla para el gobierno puede derivar incluso en enfrentamientos por querer imponer un sistema antidemocrático y apropiarse del patrimonio de los bolivianos., ya lo hicieron con los fondos de pensiones de los jubilados y ahora pretenden medrar la economía de ciudadanos -legalizando el robo- de quienes no piensan igual que los populistas del siglo XXI.
Comparto plenamente la tesis del profesor Catalá I. Bas, A (2005: 266), cuya interpretación de lo que sea necesario en una -sociedad democrática-, va más allá de lo sostenido por Rawls y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “La intolerancia solo puede ser tolerada cuando está aletargada o es pasiva en el sentido de que no trata de propagarse, cosa difícil de imaginar, pues la intolerancia, como una gangrena que es, per se, tiende a expandirse” en supuestos impulsados por el gobierno. Es decir, cuando esta intoxica o corrompe a individuos, especialmente jóvenes, convirtiéndolos, a su vez, en intolerantes ante acciones hasta de -secuestro y toma de rehenes contra periodistas, policías y civiles en Guarayos por partes de interculturales en actitud criminal (28-10-2021)- ello supone un peligro real de derribar el sistema autonómico.
Si nos quieren llevar a un ostracismo social por encima del principio de la inderogabilidad de la Constitución, La defensa de los ciudadanos ante un modelo que viola los derechos y libertades y pone en riesgo la vida y salud de ciudadanos incluso en prisión privando de tratamientos especializados a los detenidos por causas políticas, pues con la protesta organizada a partir de Sata Cruz y los demás departamentos, es tiempo, ya que la sociedad de forma valiente despierte para exigir la proscripción de esta ideología criminal de asaltantes y narcotraficantes que resultan incompatibles con la real y efectiva protección de los derechos de la CADH.
Ahora podía decirse que, los políticos de enrosque de más de quince años, nuevos y antiguos del socialismo XXI, que se acomodaron a los tiempos del despilfarro y del enriquecimiento ilícito especialmente los portadores del pasaporte diplomático del tráfico de la droga que sale del Chapare con carteles que aseguran el mercado financiero, todos al margen de los alcances de la ley 1386, tienen más el propósito de regalarles el oído a las huestes y ganar votos para apropiarse definitivamente del negocio de tierras de nuestros hermanos chiquitanos. Ciertamente, se avecina una mayor frustración que moralmente los bolivianos, por supuesto, no estamos para tolerarla, sino para rechazarla contundentemente.
Una tercera pesadilla para el gobierno, es que nuestra sociedad está hasta el hartazgo asediado por la injusticia, por un sistema corrupto que salpica a nuestros pocos jueces que privilegian la Constitución, la realidad catastrófica de la justicia en niveles superiores de la que no se escapa el ministerio público como agencia operativa del ejecutivo, constituye la mejor prueba el informe presentado por el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés de 14 de octubre de 2021), que refiere que en el índice del Estado de Derecho que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones, el puntaje ubica a Bolivia en la posición 29 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe y a nivel mundial con el lugar 129 de 139 y su socio Venezuela en puesto 139, lo lamentable es que un 94% de los países del índice aumentaron las demoras en procedimientos administrativos, civiles y penales y en un 82% experimentaron una disminución relacionada con la participación cívica, libertad de opinión y expresión y libertad de reunión y asociación. De manera que Bolivia está entre las 10 últimas justicias más desastrosas de la región ¿Y así no se esfuerza el gobierno en reformar la justicia integral que es una vergüenza por la falta de seguridad jurídica?
Caño, A., (2018: 11) acertadamente dice: “La solución de la mayoría de los problemas exige sacrificios enormes, pero los políticos prefieren ofrecer la luna y aparentar que todo se resuelve con un decreto, una ley, un tuit o una pose para los informativos”.
Pedro Gareca Perales, Defensor de DDHH.