El principal destinatario del paro indefinido nacional con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras decidido por sectores sociales, gremiales, transportistas, Cívicos, CONADE, Médicos, Universidades y sociedad civil organizada, es el presidente del Estado Plurinacional Arce Catacora y sus ministros; tributarios de grupos armados irregulares y promotores de movilizaciones violentas, principalmente en hechos de avasallamientos de tierras privadas, por ejemplo “Las Londras”.
El presidente parece estar dispuesto a echar más leña al fuego antes del inicio del paro cívico nacional pacífico, ya de por sí tenso: por persecuciones políticas contra la oposición, la Ley 1386 como proyecto de Ley 342/2020-2021, Ley de Desarrollo Social y Económica, Ley de Ascensos de Militares y Policías, Proyecto de Derechos Reales, Ley de impuestos a servicios digitales, y los hechos de torturas degradantes en Las Londras contra la humanidad de periodistas, policías, dirigentes de ANAPO, empresarios y propietarios de predios rurales; sin que hasta la fecha el ministerio público haya procedido con diligencia para capturar a los autores criminales que están plenamente identificados y están teñidos de azul-blanco, tanto es así, que se reunieron con el Director del INRA, siendo favorecidos incluso con la medida de proceso reservado ¿cuál la justificación? Si la investigación es retardataria.
Con relación a episodios de este calado, concretamente, en lo que respecta a los periodistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, jurisdicciones internacionales que protegen el eficaz contenido esencial de los derechos de la CADH y el CEDH, recuerdan en repetidas ocasiones la importancia crucial de los derechos a la protesta y la libertad de expresión, como una de las condiciones previas para el funcionamiento de la democracia. Consideran también, que la libertad de expresión no solo es una garantía contra la injerencia del Estado, sino a su vez el principio objetivo fundamental para la vida democrática
Esta afirmación de la protesta y de la función social de la libertad de expresión, constituye la filosofía básica del derecho que tienen los pueblos de asumir la defensa de sus libertades, contra la arremetida no solo de baterías de leyes que subvaloran derechos hipersensibles, sino al extremo de disponer discrecionalmente el patrimonio de la familia boliviana. De forma que, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad comercial, productiva, financiera, transporte, gremial, servicio profesional entre otras, se verán seriamente afectadas, embargadas y despojados a sus titulares, sin derecho a proceso justo y descargo alguno.
De otro lado, si a la ignominia y fuerza bruta de creer que los sables, demostración de equipos militares y armas matan ideales, ilusiones, libertades y derechos, es mejor saber que, el pueblo boliviano y primordialmente Santa Cruz dará un nuevo ejemplo de lucha libertaria, no con armamentos y pasamontañas como suelen hacer los cobardes y organizaciones criminales, sino con principios y valores que felizmente son frecuentes en nuestras vidas y forma de lucha hasta derrumbar al sistema.
Resulta llamativo para el ciudadano común, que se trasladen centenares de militares, tanques y vehículos blindados rumbo a Santa Cruz, según el presidente Arce Catacora para rendir homenaje a los 195 años de creación de la Armada y que el gobierno no tiene enemigos internos; sin embargo, manifiesta que la oposición “tiembla” por la unidad de los movimientos sociales del MAS y el ministro de defensa Edmundo Novillo inoportunamente dice: “que hay confianza en las Fuerzas Armadas para defender al gobierno”, siendo que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país (art. 244 CPE). Además, en cualquier caso, el otro elemento que confirma la intencionalidad de confrontar al paro cívico nacional indefinido, es la marcha de 2.000 campesinos afines al MAS que pretenden llegar a la ciudad de Santa Cruz el día domingo 7 de noviembre a media noche, portando ondas, palos y chicotes, supuestamente, para desbloquear las calles y rotondas, versión que no es creíble, si San Julián es el epicentro de grupos armados violentos que el gobierno y el ministerio público los encubre, a sabiendas de que son reincidentes en violación de derechos humanos y hasta algunos han salido del penal beneficiados con la ley de indulto y amnistía.
Como se puede observar, los paros cívicos indefinidos del pueblo boliviano son pacíficos y no es bueno comparar con aquellos que se registraron con particularidades diferentes en el pasado; sin embargo, conviene señalar que el principal problema en el país sigue siendo la morfología misma de los movimientos sociales del MAS frágiles al prebendalismo (véase los traslados con intención de provocar y sembrar el terror o las prácticas de transfugio político en la cámaras”), que carecen de fines claros y lícitos, no responden a ninguna de las características de protestas sociales y honestidad profesional o derechos reivindicativos, sino que los nombrados en primer lugar, en su desconexión con la sociedad generan escenas de caos y movimientos de vandalismo con uso de armas y los segundos merecen ser sancionados.
Por último, algo que me ha despertado un interés especial en circunstancias en que la sociedad se siente asediada por la injusticia del despliegue autoritario en esferas del gobierno, es el pensamiento de Murdoch, I., (2019: 32) que dice: “La verdadera política es sencillamente enjugarse las lágrimas y la lucha incesante por la libertad. Sin libertad no hay arte ni hay verdad. Reverencio a los grandes ciudadanos y artistas que dicen no a los tiranos”.
Pedro Gareca Perales
Defensor de DDHH.