Cómo es la «ley madre» que impulsó Luis Arce y encendió las masivas protestas en Bolivia

La norma allana el camino para la incautación de bienes y propiedades por parte del Estado, pisotea normas de secreto profesional y financiero y podría ser utilizada en la persecución de rivales políticos. Es “una copia del modelo venezolano”, aseguran sus críticos

Gremialistas participan en una marcha pidiendo la abrogación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo en Cochabamba (EFE/Jorge Abrego)
Gremialistas participan en una marcha pidiendo la abrogación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo en Cochabamba (EFE/Jorge Abrego)

La aprobación en agosto de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, más conocida como “ley madre”, desató una ola de protestas en las calles de Bolivia que puso en una encrucijada al Gobierno de Luis Arce.

Esta ley, sumada a otra que iba en el mismo sentido y fue dada de baja por el Gobierno (la 218), fue calificada como “maldita” por gremialistas y comerciantes, que alertaron de los riesgos dado a que apunta a controlar los bienes de las personas bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.



Distintos sectores temen que la normativa sea instrumentalizada para incautarse de bienes y de propiedades a la sola sospecha de que son ilícitos, sin cumplir previamente el derecho constitucional al debido proceso o respetar el principio de inocencia.

Algunas de las organizaciones que convocaron al paro nacional que empezó el lunes pasado consideran que la “ley madre” es una copia del modelo venezolano, que apunta a un duro control estatal de los ciudadanos y a la persecución judicial de los adversarios políticos con el pretexto de la búsqueda de transparencia y la lucha contra la corrupción.

Manifestantes participan en una protesta en La Paz (EFE/Stringer)
Manifestantes participan en una protesta en La Paz (EFE/Stringer)

La norma es cuestionada por juristas, que consideran que se otorga demasiado poder a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Procuraduría y al Ministerio de Justicia, con fuerte afectación a la privacidad de las personas.

Hay artículos que levantan secretos profesionales y financieros, además de autorizar allanamientos, embargos de bienes y otras acciones, sin contar siquiera con autorizaciones judiciales.

El rechazo a la “ley madre” provino principalmente de sectores que apoyaron antes al gobierno del MAS, como son los gremialistas, los transportistas y, últimamente, los mineros cooperativistas.

Los empresarios también lanzaron el alerta y los cívicos decidieron respaldar las protestas mediante un paro, al considerar que el Gobierno apunta a la “venezolanización” de Bolivia.

Incluso hay organizaciones profesionales, como las de los abogados y los periodistas, que se sumaron a los cuestionamientos por afectar el secreto profesional. Iglesias y otras entidades de la sociedad civil también rechazan la nueva normativa.

Gremialistas se enfrentan a policías durante una marcha en Cochabamba (EFE/Jorge Abrego)
Gremialistas se enfrentan a policías durante una marcha en Cochabamba (EFE/Jorge Abrego)

“Modificaciones por decreto”

Uno de los artículos más polémicos es el que señala que la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

Según las plataformas ciudadanas y los diferentes gremios, ese artículo da potestad al Gobierno de Luis Arce para que pueda hacer modificaciones por decreto y sin pasar por el Legislativo.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmó que la ley 1386 pretende “imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil”.

“El propósito de la misma es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico”, añadió.

Luis Arce (EFE/Enrique García Medina/Archivo)
Luis Arce (EFE/Enrique García Medina/Archivo)

Luis Arce pidió a sus bases que se levanten contra la huelga que paraliza al país

El presidente de Bolivia, Luis Arce, endureció su discurso y pidió a sus bases que se levanten contra el paro general. El mandatario dijo este miércoles que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra la polémica ley son en realidad un “pretexto” para eludir los juicios instalados por la crisis de 2019 que dice fue un “golpe de Estado”.

En una reunión con campesinos en La Paz, Arce señaló que la derecha “engaña” y “miente” porque “no tiene argumentos” y que lo que busca en realidad es “la impunidad de lo que ha pasado en el 2019 con el golpe de Estado”.

Arce advirtió que en caso de anular la ley, como exigen las movilizaciones que llevan ya tres jornadas de paro indefinido, los opositores “van a buscar” otra ley para observar y “todo van a cuestionar”.

El jefe de Estado insistió en que “lo que preocupa (a los opositores) es que avancen sus juicios” a pesar de la lentitud de la justicia del país.

Justamente el caso llamado “golpe de Estado” abierto por una denuncia de la exdiputada oficialista Lidia Patty por cargos de terrorismo, sedición y conspiración por los sucesos de 2019 no ha avanzado en cuanto a los principales acusados.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho Parada, son los principales denunciados sobre los que la Fiscalía no ha tomado acciones a diferencia de la expresidenta interina Jeanine Áñez, dos de sus exministros y ex jefes militares y policiales que están detenidos y son procesados.

Fuente: infobae.com