La defensa de la expresidenta asegura que no se cumplieron los protocolos de investigación, lo que allana un trámite en la CorteIDH.
El abogado de la expresidenta Jeanine Añez, Alain Canedo, indicó este martes que la acusación formal que presentó la Fiscalía es inconstitucional. En ese contexto, cobra fuerza el plan de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
La expresidenta y ocho exjefes militares y policiales fueron acusados el lunes formalmente por el Ministerio Público por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes por el caso Golpe II referido a la sucesión presidencial durante la crisis de 2019.
“El artículo 196 de la Constitución Política del Estado señala que la única instancia para interpretar un asunto constitucional, en este caso una sucesión constitucional o no, es el Tribunal Constitucional. No puede ser este, por ende, ser interpretado por jueces y fiscales ordinarios y menos llevar un tema penal”, explicó Canedo en entrevista con radio Compañera.
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En ese contexto, el jurista cuestionó que el Ministerio Público haya presentado una acusación formal contra Añez. “No nos queda más que defendernos”, indicó Canedo.
El abogado explicó que en septiembre de este año el Ministerio Público, la diputada Lidia Paty, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado pidieron una ampliación de la detención preventiva, la misma que fue concedida y ahora Añez debe permanecer en la cárcel de Miraflores, de La Paz, hasta febrero de 2022 por el caso Golpe I.
Caso Golpe II
Sobre el caso Golpe II, la audiencia de medidas cautelares se realizó el 22 de julio y pasaron cuatro meses para que la Fiscalía presente la acusación formal.
“No han pasado los seis meses y de alguna manera vemos con cierto optimismo este tema. Ocurre que no se han realizado las actividades investigativas necesarias para fundar una acusación, eso nos permitiría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y denunciar esto, que ya ha sido señalado por el Parlamento Europeo, el grupo de expertos de la CIDH y por el Comité Contra la Tortura. Que en Bolivia se están generando imputaciones y acusaciones de manera imprecisa y abstracta”, indicó.
El jurista explicó que debían realizarse al menos 10 actividades investigativas, que no se aplicaron ni en el caso de Añez ni en el caso de los exmilitares acusados por el mismo caso.
“Al no realizarse, esta acusación adolece de elementos esenciales de prueba (…) Esto, ante la comunidad internacional es insostenible.”, destacó.
Fuente: paginasiete.bo