Exigen procesar a Cuentas, piden informes al Gobierno y la Policía

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / La Paz

La Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca) exigió que la Fiscalía cite a declarar al director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, identificado como parte de los “civiles infiltrados” que lanzaron  dinamitas en los conflictos de septiembre.

Asimismo, desde el Legislativo se anunciaron tres peticiones de informe: al Ministerio de Gobierno, la Policía y el Ministerio Público.

“Es trascendental que se convoque a declarar al señor Cuentas, porque la labor del Ministerio Público es investigar y, con toda la información que se ha dado a conocer, se establece que los ilícitos que se les sindicaba a los socios de Adepcoca fueron cometidos por otro grupo de personas que ahora fueron identificados”, aseveró la abogada de Adepcoca, Evelin Cossio.

Dijo que los fiscales tienen la atribución de actuar de oficio, ante todas las evidencias que se revelaron por medios de prensa, sobre la complicidad de la Policía Boliviana con los civiles infiltrados.

Sin embargo, la jurista recordó que la Fiscalía ya rechazó antes las denuncias que Adepcoca presentó contra los “encapuchados”, quienes, con detonaciones de dinamita, tomaron el mercado de coca de la calle Arapata, en Villa Fátima, la madrugada del 20 de septiembre.

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Como otro antecedente de la parcialización de la Fiscalía, Cossio mencionó que, a la fecha, no se convocó a declarar al dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, cuya firma aparece en un recibo de compra de dinamitas, que se presume que fueron utilizadas por los infiltrados contra los vecinos de Villa Fátima. La facción de Alanes, con apoyo de la Policía, ocupó de forma ilegal el mercado de Adepcoca por 15 días.

Página Siete publicó el martes, el reportaje: “Grupo parapolicial trabaja en el Ministerio de Gobierno”. En el mismo, por medio de informes policiales, el testimonio de vecinos de Villa Fátima y una gran cantidad de videos, se identificó a Cuentas como parte de los civiles que atacaron con dinamitas a los vecinos de la calle Huancané.

Los medios de comunicación que realizaron transmisiones en vivo, por Facebook, como ATB Digital, Erbol, Radio Éxito y las radios locales de Yungas, registraron en diferentes momentos y circunstancias a una veintena de civiles, presuntos funcionarios del Ministerio de Gobierno. Entre uno de los hechos más graves, está un intento de homicidio, por parte de un encapuchado que arrojó dinamita a una de las vecinas.

Este medio solicitó –por más de una semana– la contraparte de Cuentas, de la abogada Nadia Anave y del responsable de análisis de conflictos, Marco Antonio Balderrama, pero no hubo respuesta. Los tres también fueron parte de los grupos de choque que el 5 y el 24 de agosto agredieron a opositores y hostigaron a la expresidenta Jeanine Añez en puertas de una clínica a la que había sido llevada.

El martes, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, accedió a una entrevista sobre el tema de los infiltrados y Cuentas, quien depende de su despacho, pero a último momento se disculpó debido a un viaje que debió realizar de emergencia. Ese día, desde el Ministerio de Gobierno, se envió una carta a Página Siete, en la que, además de admitir que se trataba de Cuentas, se justificó su presencia en medio de los conflictos de septiembre, en Villa Fátima.

“El director solamente actuó en coherencia con el cargo el cual ejerce actualmente”, señala parte de la nota.

Ante la confirmación del Ministerio de Gobierno, el diputado de Creemos, Erick Morón, envió el miércoles un pedido de informe escrito al fiscal general, Juan Lanchipa, para que responda si  inició o no una investigación para identificar al grupo de delincuentes vestidos de civil que caminaban entre los policías por las calles de Villa Fátima, durante el conflicto cocalero.

Por otro lado, los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara y Pablo Arizaga informaron que, en las siguientes horas, se presentarán otras dos peticiones de informe escrito. La  primera será dirigida al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la segunda, al Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera.

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La intención, explicó Arizaga, es que el ministro  informe bajo qué criterios se ordenó o autorizó la presencia de Cuentas y los civiles en los conflictos por el control de Adepcoca, los cuales fueron grabados  arrojando dinamitas y golpeando a cocaleros.

Lara considera que lo más lógico es que se justifique la presencia del director de Régimen Interior en los conflictos por el control de Adepcoca, pero lo que no se puede explicar hasta el momento, señaló, es la razón por la cual Cuentas estaría dirigiendo a una “fuerza irregular” armada y paralela a la Policía.

“Del Castillo tiene que explicar la presencia de altos funcionarios de su ministerio en los conflictos sociales, que actúan como jefes de pandillas”, sostuvo el diputado.

En relación con el pedido de  informe que será remitido al Comando de la Policía Boliviana, se solicitará la nómina de los oficiales a cargo de los operativos y los reportes que estos emitieron en cada jornada. “(El comandante de la Policía) Aguilera también debe explicar quién autorizó la presencia de civiles y el despliegue de estas fuerzas irregulares”, advirtió Lara.

Por último, la abogada de Adepcoca señaló que desde el inicio de los conflictos, varios de los cocaleros de los Yungas fueron víctimas de procesos “inventados”, ante los cuales asumieron defensa y demostraron su inocencia.

“Pero, tanto la Fiscalía, las autoridades judiciales y los más interesados como el Ministerio de Gobierno han visto que en esas investigaciones no lograron demostrar la participación de dirigentes de Adepcoca. Y, en estos casos abiertos de manera cobarde, lo que hizo la Fiscalía es ya no investigar porque no le conviene (al Gobierno) que se demuestre la participación de estos grupos irregulares”, afirmó Cossío.

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