Vargas argumentó que el decreto vulnera sus derechos y garantías constitucionales, entre ellos el derecho a ejercer la función pública.
El Tribunal de Tarija denegó el amparo constitucional interpuesto por la exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) Nataly Vargas para la restitución a su fuente laboral. Mientras que la exautoridad electoral anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH) para hacer prevalecer sus derechos.
“La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dispone denegar la tutela a la accionada, asimismo bajo lo regulado por el artículo 38 de la Ley 254 (Código Procesal Constitucional) remítanse todos los antecedentes en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la nota de cortesía”, concluyó el juez Richard Ayza.
En ese contexto, la exvocal del TED de ese departamento Nataly Vargas anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar que se vulneraron su derecho al trabajo y la función pública.
“El presidente no tiene competencia para destituir vocales electorales, con estas acciones se vulneró la jurisprudencia por parte de sentencias de la Corte IDH y la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo la exautoridad.
A inicios de julio, el presidente Luis Arce destituyó a los vocales electorales departamentales que fueron nombrados por la expresidenta Jeanine Áñez, alegando su derecho legal a esos nombramientos. Vargas rechazó esa decisión e inició acciones legales para que la restituyan en el cargo.
Mediante el Decreto 4532 Arce designó a Gustavo Ávila como vocal en el TED de Tarija en representación del Ejecutivo, fue investigado por las presuntas irregularidades que se registraron en las elecciones electorales de 2019.
Vargas argumentó que el decreto vulnera sus derechos y garantías constitucionales, entre ellos el derecho a ejercer la función pública, además mencionó que es peligrosa la intromisión del Ejecutivo en el Órgano Electoral.
Asimismo, solicitó la abrogación del Decreto Supremo 4532, una reparación escrita, compensación económica, reincorporación, y salario y beneficio por el tiempo que fue alejada del desempeño de su cargo.
Fuente: ANF