El 2020, la SIB filial Tarija inició 25 demandas contra los gobiernos municipales por las planillas pendientes de obras y proyectos ejecutados. San Lorenzo ya tiene una orden de conminatoria judicial.
Los gobiernos municipales del departamento de Tarija adeudan más de 300 millones de bolivianos a los profesionales en ingeniería por obras y proyectos que se ejecutaron en los últimos seis años. Desde la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Tarija, se hizo conocer que, tras un proceso judicial, cuyo fallo fue favorable al sector, algunos municipios deberán saldar su deuda e intereses, más las multas a los constructores. De lo contrario, serán congeladas sus cuentas.
Es así que, inicialmente, municipios como San Lorenzo, Uriondo y Caraparí, por instrucción de la justicia, deben cumplir con los pagos en los próximos días, pues en el caso de San Lorenzo ya tiene una conminatoria.
Pascual Velázquez Osorio, presidente de la SIB filial Tarija, informó que por incumplimiento de pagos de planillas la gestión pasada se hizo 25 demandas contra las alcaldías, es así que ya se emitió el fallo judicial, por lo que ahora los municipios deberán pagar montos “muy altos” por multas y saldos pendientes, pues hay deudas que datan de hace cinco a seis años.
“Hubo una irresponsabilidad tremenda y lo que queremos es que de aquí en adelante las autoridades sepan planificar y no hagan lo que vinieron haciendo las anteriores autoridades”.
Según Velásquez, en algunos casos solo por interés se calcula que los compromisos económicos oscilan entre 500 a 600 mil dólares, lo que evidencia una “clara afectación al Estado”, sin embargo, se sentará un precedente para que las autoridades optimicen los recursos y la planificación de obras.
Señaló que, al haber una demanda favorable para el sector, si el Gobierno Municipal citado no cumple en el tiempo establecido, automáticamente se procederá a congelar las cuentas, conforme establece la ley. “No queremos llegar a eso, pero la falta de voluntad política de las autoridades de poder sentarse para planificar la deuda y pagar de a poco no ha habido, por eso es que la última acción ha sido las demandas que están dando resultado para el asociado”.
Velásquez agregó que las deudas ocasionaron el cierre de empresas, demanda de Impuestos, de proveedores y procesos laborales, otros migraron al interior para horrar los compromisos. “En muchos casos para terminar una obra se han fiado cemento, fierro, y al no recibir el pago tampoco se pudo pagar y ante eso se ha procedido a la demanda, y todo porque no hubo el pago de las instituciones públicas”.
“Quiebre institucional”
Para Williams Guerrero, presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), las deudas heredadas de anteriores gestiones en todos los municipios del departamento son la principal dificultad que les tocó enfrentar a los alcaldes que asumieron en mayo.
“Recibimos una gestión a medias, los alcaldes salientes lo único que dejaron fueron deudas, compromisos por pagar, una gran situación de quiebre institucional, en algunos casos las deudas superan las inversiones”, afirmó.
Refirió que en el caso Padcaya, se tiene un presupuesto de 20 millones de bolivianos para la gestión 2022, pero la deuda es de 100 millones de bolivianos. Estima que entre los municipios rurales, como Uriondo, San Lorenzo, El Puente y Yunchará, se supera los 500 millones de bolivianos de deuda por diferentes conceptos, entre proyectos y obras. A lo que se debe sumar los pendientes de los municipios con mayor población como Cercado, Yacuiba, Bermejo y Villa Montes.
Municipios en cierre de la gestión administrativa
Desde el 15 de noviembre los gobiernos municipales iniciaron el cierre de la gestión administrativa 2021, proceso que concluye el 31 de diciembre, por lo que cada alcaldía ya viene realizando la evaluación e informe económico financiero que presentarán a los concejos municipales.
Se estima que los 11 municipios del departamento alcancen una ejecución financiera por encima del 80 por ciento, ya que hay recursos en el POA que se presupuestan para proyectos que no se logran ejecutar en un 100% en la gestión, explica Williams Guerrero, presidente de la AMT.
Fuente: El País