En criterio del legislador, es necesario abrogar la Ley 1386 y proyectar una nueva norma para cumplir con los compromisos internacionales.
Fuente: ANF
Según el análisis del senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas da potestad al presidente del Estado para cambiar el fondo de la norma mediante decretos por encina de la Asamblea Legislativa y apunta a controlar la informalidad, espacio donde se encuentran sectores como gremiales y transportistas.
Los principales artículos de la Ley que observó fueron el 7 y el 2. Este primero señala que “La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación (…) podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional…”.
Explicó que el “Consejo Nacional” estará conformado por cinco ministros elegidos políticamente. Además, sostuvo que el anexo de la Ley 1386 está vinculado a instrumentalizar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), quien será la encargada de realizar las investigaciones de las ganancias ilícitas.
“Aunque quitando esos dos párrafos, el presidente siempre tendrá la última voluntad a través del artículo 7 para por decreto cambiar lo que quiera y esto es lo importante. El poder Legislativo le cede al residente la lógica de generar leyes a través de decreto, ‒creo que así se entiende mejor‒. El Legislativo le cede al presidente que mediante decretos haga normativa nacional que tenga valor de ley porque se le está cediendo ese poder”, explicó Paz a la ANF.
Advirtió que en todo el paquete de leyes que se aprobó con el rodillo mayoritario del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Legislativo, en relación al control social y al de las Fuerzas Armadas y la Policía, se mantuvo esa lógica de darle el poder al Ejecutivo por “decretazos”.
“En todas estas normativas está un artículo donde el decretazo cambia la lógica o la dirección de la normativa; o sea, ya no vuelve al parlamento para discutirse, si hay un cambio en la ley, le das esa potestad al presidente de cambiar el fondo de la norma”, reiteró.
El gobierno convocó al diálogo a los sectores movilizados en contra de la norma cuestionada para este sábado 13 de noviembre en Cochabamba. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que se convocó al sector gremial.
Gremiales, cívicos y otros sectores se encuentran en un paro indefinido desde el lunes y la medida de presión tiene una mayor contundencia en Santa Cruz y Potosí, en el resto de los departamentos hay protestas masivas por las noches y en otros bloqueos en las carreteras.
El anexo de la norma define al informalismo como conducto de recursos ilícitos
El senador Paz explicó que el anexo de la norma, referido al artículo 2, apunta a controlar al sector informal del país porque lo ve como un conductor de recursos económicos ilícitos. Explicó que ese aspecto se encuentra en la página 25, punto nueve del anexo.
“En el primer párrafo establece que la informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos”, apuntó. “El segundo párrafo dice que como resultado evidente la informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía”, detalló.
Bajo ese argumentó, Paz sostuvo que esas líneas contradicen totalmente el discurso del gobierno central que asegura que bajo ninguna circunstancia podría emitir leyes en contra de los gremiales y transportistas.
Según el jefe de Estado, la Ley 1386 afectará a las personas que hicieron su riqueza de la noche a la mañana de forma ilícita, pero no a los que trabajan desde muy temprano como los gremialistas y transportistas.
“Si una dulcera es millonaria no la vamos investigar porque es del gremio de las dulceras, ‒decía el presidente‒; todo lo contrario, si una dulcera es millonaria la van a investigar por concebir cuál es la relación entre vender dulces y tener millones. Eso es una falacia y una mentira del presidente”, afirmó Paz.
Argumentó que la finalidad de la norma es introducir a la formalidad a los sectores que no emiten factura, cosa que podría tener sus ventajas y desventajas.
Pidió abrogar la Ley 1386 y propuso proyectar una nueva norma para cumplir con los compromisos internacionales, pero bajo el lineamiento de gente proba y de cara a la población.
Dijo que en la futura norma no se puede dar vía libre al Ejecutivo y que tenga el poder absoluto por encina del parlamento. Además, considera que se debe debatir en el Legislativo una vez que se restituya la votación por los dos tercios.